Persiste la carencia de infraestuctura médica, admite funcionario de salud
Una afiliación masiva causaría el colapso del Seguro Popular
Comisionado de protección social sanitaria atribuye la deficiencia a la falta de reforma fiscal
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Credencial de afiliación al Seguro Popular expedida por el Gobierno del Distrito Federal
Foto: José Carlo González
La afiliación masiva al Seguro Popular colapsaría el programa más importante de la administración foxista en materia de salud, debido a que persiste la carencia de infraestructura médica en el país, admitió el comisionado de Protección Social en Salud, Juan Antonio Fernández.
Atribuyó esta deficiencia a que no se logró concretar la reforma fiscal. De ahí que la afiliación al Seguro Popular de la mitad de los mexicanos, quienes actualmente están excluidos de las instituciones de seguridad social tradicionales, no se logrará -si continúa el aumento progresivo de la asignación presupuestal a este rubro- hasta 2010.
De hecho ahora, a dos años de haberse iniciado la incorporación de las familias más pobres del país al Seguro Popular, todavía faltan 2 millones de núcleos familiares, unos 6 millones de personas, que viven en condiciones de alta y muy alta marginación y no cuentan siquiera con el apoyo de Oportunidades.
El funcionario explicó que estos individuos deberán estar bajo la protección del Seguro Popular a más tardar en 2007, aunque el cumplimiento de este objetivo dependerá de la disponibilidad presupuestal que tenga la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, órgano rector del Seguro Popular.
De acuerdo con la más reciente de información, 3 millones 555 mil 977 familias -79.5 por ciento de las cuales están jefaturados por mujeres- cuentan con póliza del Seguro Popular, de las cuales 94.8 por ciento no pagan ninguna cuota para recibir la atención médica.
Fernández comentó que la asignación presupuestal de 17 mil millones de pesos para el Seguro Popular, autorizada por la Cámara de Diputados para 2006, permitió ya garantizar la cobertura de la totalidad de padecimientos (249) que deben resolverse en el primer y el segundo niveles de atención médica, mientras el número de medicamentos se elevó de 172 que se tenían en 2005 a 307 en este año.
En relación con el anuncio que en días pasados hizo el presidente Vicente Fox de que el Seguro Popular cubrirá a partir de 2006 el costo de los tratamientos integrales de los 10 tipos de cáncer infantil más frecuentes, que se suman a la leucemia linfoblástica aguda, el comisionado comentó que la inclusión será paulatina y por lo pronto ya se han realizado tres trasplantes de médula ósea e iniciado la afiliación de los menores con leucemia mieloblástica.
En una segunda etapa se incluirá a pacientes con retinoblastoma, linfoma no Hodgkin, meduloblastomas, astrocitoma; y en la tercera fase, que concluirá antes de finalizar 2006, entrarán los niños con osteosarcoma, sarcoma de partes blandas, tumor de Wilms y neuroblastoma.
Por otra parte, el comisionado informó que a la fecha, la Secretaría de Salud (Ssa) ha transferido dos denuncias a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) sobre supuestos usos electorales del Seguro Popular.
Comentó que las aparentes irregularidades ocurrieron en dos estados de la República, donde se realizaron reuniones de afiliación al Seguro Popular, y en los sitios de los encuentros había propaganda electoral. Aunque omitió dar detalles de los casos denunciados, debido a que las quejas se encuentran en trámite ante la Fepade, reiteró el compromiso del gobierno federal de no permitir el mal uso de los recursos públicos.
Recordó que con ese fin la Ssa suscribió un convenio con el Instituto Federal Electoral, se puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico gratuito 01 800 717 2583 para que por esa vía se presenten las denuncias o quejas respectivas y se estableció con la Fepade una línea directa de comunicación para canalizar las denuncias.
Como parte de ese blindaje electoral, la Ssa también suscribió un acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para proteger al Seguro Popular de cualquier sesgo partidista, político u otros objetivos distintos a los previstos por la ley.