Ministro rechaza frenar la integración del padrón de beneficiarios de Sedeso
La Corte da entrada a controversia por el reglamento de la Ley de Desarrollo Social
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada el pasado jueves a la controversia constitucional que presentó la Cámara de Diputados en contra del Poder Ejecutivo federal por la publicación del reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, del que las fracciones de PRD, PRI, Convergencia, Partido Verde y PT consideraron que contiene 31 artículos inconstitucionales.
Por su parte, el ministro instructor de la controversia, José Ramón Cossío Díaz, negó la suspensión solicitada por los legisladores, a efecto de que no realicen los trabajos encaminados a la integración de un padrón de beneficiarios de los programas de desarrollo social que lleven a cabo las dependencias del Ejecutivo federal, como tampoco aceptó la petición de invalidar los posibles anteproyectos de presupuesto que en su momento elabore la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el año próximo.
Además, Cossío Díaz emplazó a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de ayer, "aclare la demanda indicando a esta Suprema Corte los actos que se encuentran realizando las autoridades demandadas" que deben ser materia de esta controversia constitucional.
El ministro advirtió que si los legisladores "no especifican cuáles son y en qué consisten" dichos actos, además de enviar la documentación que acredite su demanda, no serán considerados tales hechos como parte de la controversia en proceso.
En conferencia de prensa, los diputados Clara Brugada, Julio Boltvinik y Rafael Flores expusieron que por medio de ese reglamento el Poder Ejecutivo pretende recobrar atribuciones legislativas, las cuales no le corresponden; además, pretenden legitimar las acciones "ilegales" que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) ha llevado a cabo desde el inicio de la administración foxista.
Boltvinik detalló que son 31 los artículos inconstitucionales a través de los cuales la Sedeso pretende reglamentar la participación social, "lo cual es un acto indebido". De lo que se trata, refirió el diputado, es que el reglamento publicado contiene muchas violaciones, probablemente menos de las que contenían los borradores o dictámenes que fueron presentados al Legislativo y a los que propusieron modificaciones.
De los artículos impugnados, la Cámara de Diputados solicitó al Poder Judicial la declaratoria de invalidez.
En conferencia de prensa destacó que gran parte de las actividades de Sedeso "son irregulares", pero desafortunadamente "no nos cayó el veinte a tiempo, y muchos actos pudimos haberlos impugnado a través de la controversia inconstitucional. Por ejemplo, cada vez que Sedeso publicaba datos de la pobreza, pudimos haber recurrido a la controversia, pero estábamos con la idea de que sólo se podía presentar por reglamentos o decretos, y estábamos equivocados", aseguró Boltvinik.
Lo más grave, subrayó, es que a través del reglamento la Sedeso quiere legitimar lo que venía haciendo de manera ilegal, por ejemplo el apoyo a las organizaciones no gubernamentales (ONG), que lo da a través de coinversiones, es decir, "las ONG pobres no pueden ser apoyadas porque no tiene recursos, y esto es ilegal."
Otro caso, agregó, es que pretende sostener que los programas de Sedeso sólo están destinados a los habitantes de pobreza extrema, "cuando el Banco Mundial ya le dijo que deje de focalizar los programas ante los pírricos resultados".
Los legisladores del PRD denunciaron que a través de los programas sociales la Sedeso excluye a la población. En el fondo, indicó, lo que trata de imponer es un modelo social excluyente.