Se aplicarán sanciones al partido del gobernador que incurra en infracciones
Pacta la Conago respaldar acuerdo de servidores públicos del IFE
Guanajuato, Gto, 6 de febrero. Aunque con algunas observaciones sobre el periodo de vigencia de publicidad estática y dudas sobre las limitaciones que podría imponerles para defender su gestión o su persona frente a cuestionamientos opositores en campaña política, los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) acordaron respaldar el Acuerdo de Neutralidad de los Servidores Públicos que aprobó el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE).
Los mandatarios señalaron que dicho documento se apega "en 90 por ciento" a las consideraciones que en materia de imparcialidad se habían impulsado desde esta instancia.
Al término de una reunión con los gobernadores, celebrada en la Alhóndiga de Granaditas, el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, señaló que con esta determinación cualquier eventual violación del acuerdo, como podría ser el respaldo de algún gobernador a un candidato determinado, implicaría una sanción. Para tal efecto, explicó el consejero, el IFE aplicaría la figura del partido garante y las acciones que emprenda el organismo se dirigirían en contra de aquel partido en el que milita el mandatario infractor.
Aunque en términos generales los integrantes de la Conago estuvieron de acuerdo con los términos del documento del IFE, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, y el mandatario mexiquense, Enrique Peña Nieto, plantearon la necesidad de que la autoridad electoral no pretenda incrementar las funciones y las atribuciones que les da la ley. "Celebramos este acuerdo -dijo el priísta- pero lo importante es ser cuidadosos de aplicar la ley ni ir más allá de lo que la ley prescribe."
Por otro lado, la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información, María Marván, acudió a la reunión de la Conago para argumentar en pro de las propuestas de algunos mandatarios para que se efectúen reformas que permitan equiparar en cierta medida, a partir de "techos mínimos (sic) legales", a todas las legislaciones en materia de acceso a la información.
Violencia policiaca
La reunión con Ugalde se retrasó varias horas debido a una manifestación de campesinos que pretendían introducir tractores en la ciudad, por lo que fue disuelta violentamente por la policía estatal. Durante este encuentro, los gobernadores asumieron el retiro de la publicidad gubernamental en medios de comunicación 40 días antes de la elección federal, pero cuestionaron sobre el destino de la publicidad estática que ya se tiene instalada, la cual, según habría dicho Ugalde, podría permanecer.
De igual manera, otras dudas de los mandatarios fueron en torno a la forma en que podrían actuar frente a acusaciones de candidatos o políticos opositores a su persona o a su gobierno. A su juicio, el acuerdo no podría limitarlos a responder en estos casos, situación en la que hubo consenso con el consejero del IFE, quien puntualizó que el acuerdo estaba orientado a impedir las expresiones de apoyo a un candidato, pero en modo alguno podría evitar que estos respondieran a eventuales ataques.
Ugalde les explicó los alcances del documento y las limitantes a que los obliga, entre otras, a la prohibición de asistir a actos electorales en días hábiles, sean mítines, encuentros o actos partidistas. Ante las posturas de algunos gobernadores sobre la posibilidad de asistencia en horas no hábiles entre semana, el consejero fue claro en que la prohibición es total, a excepción de los fines de semana.
Tras destacar que el compromiso político de los gobernantes en torno al acuerdo es fundamental, Ugalde mencionó que independientemente de ello existe un sustento legal y administrativo que hará vigente estas restricciones. Si hubiese violaciones, dijo, hay diversos esquemas para sancionar, lo cual implicaría desde la intervención del IFE hasta posibles procesos legales en la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.
Explicó que ante la ausencia de una normatividad explícita en torno al comportamiento de servidores públicos, lo que hizo el IFE fue "colmar" esta situación e impulsar esta medida que definió como "histórica", subsanando las omisiones.