Sigue en pie el proceso judicial contra la ex titular de Protección Civil, argumenta el IFAI
Durante 3 años no se podrá conocer la información del caso Segura Rangel
La Secretaría de la Función Pública (SFP) reservó por tres años el expediente que ordena por una década la inhabilitación de Carmen Segura Rangel en puestos públicos, por la comisión de irregularidades en el manejo del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Ante una solicitud de información sobre el expediente que integra las pruebas por las cuales la SFP inhabilitó e impuso una multa de 1.7 millones de pesos a la ex coordinadora de Protección Civil de la Secretaría Gobernación, esa dependencia respondió con una negativa bajo el argumento de que el proceso judicial sigue en pie, ya que la ex funcionaria obtuvo un amparo que aplazó la aplicación de las sanciones.
La viabilidad o no de la reserva a la que invoca la SFP será analizada este miércoles por el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el cual ha establecido el criterio de que la apertura de ese tipo de información procede cuando se hagan del conocimiento público los resultados de una investigación y ésta se dé por concluida en al menos una de sus fases.
Po el momento los comisionados del IFAI María Marván (presidenta) y Alonso Lujambio han votado contra la publicación de ese tipo de expedientes hasta en tanto no culmine el proceso judicial en su conjunto.
Si bien se está a la espera del dictamen del juez sexto de distrito en materia administrativa, José Manuel Villena Ayala, quien otorgó el amparo a Segura Rangel, la SFP informó a los medios de difusión en noviembre pasado que la sanción obedecía a la compra "discrecional" de 20 mil pares de botas y 20 mil impermeables a un distribuidor con domicilio en un taller mecánico.
El expediente en cuestión integra los resultados de diversas auditorías que demuestran la realización de seis operaciones detectadas en 2002, cuando para atender las necesidades de la población derivadas del huracán Isidore se hicieron compras "discrecionales" que incluso rebasaron las peticiones de las autoridades chiapanecas.
Aparte, hay cuatro expedientes abiertos en contra de la que fue funcionaria en la gestión de Santiago Creel Miranda por presunto desvío de mil 321 millones de pesos del Fonden, casos que involucran irregularidades en la compra de medicamentos a despachos contables y talleres mecánicos, pago de sobreprecios hasta de 50 por ciento en insumos destinados a damnificados, y otras.
Además de ese caso, el IFAI analizará la reserva que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ordenó por un año sobre la certificación de especialistas en accidentes aéreos que evaluaron las condiciones del percance donde perdió la vida el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal Ramón Martín Huerta. La SCT niega la información con el argumento de que "puede entorpecerse el proceso deliberativo que los servidores públicos responsables de la investigación realizan (sic) al momento de emitir la decisión definitiva".