Desde marzo de 2002 el jefe de la Casa Blanca ya pensaba en derrocar a Hussein

Gana adeptos en EU la idea de aplicar un juicio político a Bush

Disidentes luchan por documentar los "crímenes" del mandatario contra la Constitución

DAVID BROOKS CORRESPONSAL

Nueva York, 7 de marzo. "A la chingada con Saddam. Vamos a eliminarlo", dijo el presidente George W. Bush en marzo de 2002, un año antes de invadir a Irak y mientras aseguraba en público que su gobierno no había tomado ninguna decisión bélica, y que esperaba evitar a toda costa una guerra.

El mandatario hizo este comentario al pasar por la oficina de su entonces asesora de Seguridad Nacional Condoleezza Rice -ahora secretaria de Estado- mientras ella se reunía con tres senadores en marzo de 2002, reportó la revista Time en su edición del 31 de marzo de 2003. Desde un inicio, Bush y su equipo habían tomado la decisión de invadir Irak casi al ocupar la Casa Blanca.

Aunque continúa el gran debate sobre si la guerra fue o no justificable o deseable, es la telaraña de engaños, distorsiones, mentiras, intimidaciones, encubrimientos y más que este Casa Blanca ha tejido para implementar su proyecto de la llamada "guerra contra el terrorismo" en varios frentes -incluido Irak- lo que algunos presentan como elementos legales suficientes para promover el remedio más drástico que ofrece la Constitución: el juicio político y la destitución del presidente.

Un legislador demócrata ya ha pedido iniciar un juicio político, el Centro de Derechos Constitucionales acaba de publicar las bases legales para un proceso de destitución, la revista Harper's de este mes dedica su portada al caso por la destitución de Bush, varias agrupaciones civiles están promoviendo una campaña en favor de la destitución del ocupante de la Casa Blanca, y la semana pasada el concilio municipal de San Francisco aprobó una resolución en favor de la destitución de Bush mientras que pueblos en Vermont y Wisconsin están votando sobre resoluciones parecidas en estos días.

De pronto la palabra "impeachment" o destitución, con sus referencias históricas al caso del presidente Richard Nixon (aunque Bill Clinton enfrentó el inicio de este proceso en su contra, por el famoso caso de Monica Lewinsky) circula cada vez más en este país.

El Wall Street Journal publicó un nota el lunes recordando que en una encuesta nacional reciente, 51 por ciento opinó que si el presidente no dijo la verdad sobre las razones por la guerra en Irak, el Congreso debería considerar su destitución (en 1998, sólo 27 por ciento opinaba que si Clinton tuvo una relación sexual con Lewinsky debía ser destituido).

La larga y compleja historia de esta telaraña es conocida por casi todo el mundo. Desde las inexistentes armas de destrucción masiva, la manipulación de los servicios de "inteligencia", las medidas antiterroristas como la tortura y el espionaje doméstico, hasta el hecho de que existen miles de desaparecidos, el asunto de Abu Ghraib, Guantánamo, los arrestos arbitrarios, y el caso de la filtración de la identidad de la agente de la CIA Valerie Plame, son sólo algunos ejemplos de violaciones de la ley, de la Constitución, de la Carta de Naciones Unidas y las Convenciones de Ginebra, así como violaciones fundamentales a la confianza pública que han documentado varias organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, derechos civiles, agrupaciones de abogados y legisladores.

En diciembre pasado el representante federal demócrata John Conyers -el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial- presentó ante la Cámara de Representantes una resolución solicitando la formación de un comité "para investigar la intención del gobierno de proceder a la guerra sin previa autorización legislativa, manipulación de inteligencia antes de la guerra, la tortura, la venganza contra críticos, y para elaborar recomendaciones en torno a bases para una posible destitución" del presidente.

Los medios prestaron mínima atención a la drástica propuesta, y los políticos también evitaron comentar sobre el asunto, en gran medida, como bien lo sabía el propio Conyers, porque no había ninguna posibilidad de que prosperara en un Congreso controlado por el partido del presidente.

No habrá justificaciones

Lewis Lapham, el veterano periodista y editor de la revista mensual Harper's, le preguntó a Conyers la razón por la cual procedió sabiendo que esto es un esfuerzo quijotesco. El congresista respondió que lo hizo para "quitar la justificación de que no sabíamos", y agregó que años más adelante, cuando alguien pregunte qué hicieron cuando el gobierno de Bush declaró inoperante la Constitución y el proceso de gobierno parlamentario, nadie de los presentes ahora pueda decir que no sabían o que estaban locos o "que no nos dimos cuenta de que el presidente se dejaba ver como un líder supremo exento del imperio de la ley".

Conyers y su equipo elaboraron un informe de 182 páginas con más de mil referencias producto de seis meses de trabajo que documenta la invasión de Bush a Irak como un crimen contra el pueblo estadunidense. El informe se llama La Constitución en crisis: los apuntes de Downing Street y los engaños, manipulación, tortura, retribución y encubrimientos en la guerra de Irak, y registra, caso por caso, incidente por incidente, lo que considera un abuso permanente del poder del gobierno de Bush.

"De que el presidente George W. Bush llega al poder con la intención de invadir Irak es un hecho que no está abierto a la disputa", afirma Lapham. Pero es el abuso del poder presidencial y sus consecuencias para llevar a cabo sus objetivos lo que, para algunos, pone en riesgo la democracia en Estados Unidos.

Acusación de 4 argumentos

El Centro de Derechos Constitucionales (CCR) acaba de publicar un libro llamado Artículos de destitución contra George W. Bush, que es una acusación legal con base en cuatro argumentos legales por la destitución del presidente como remedio necesario a las violaciones a la Constitución, y éstas incluyen espionaje doméstico ilegal, tortura, "rendición" (la práctica de entregar a detenidos a terceros países para ser torturados), detención ilícita y la guerra en Irak.

En la introducción del libro, el director de CCR William Goodman escribe que aunque cualquiera de los actos y políticas documentadas en la denuncia son por sí solas violaciones que ameritan la destitución, "tomadas en suma, como patrón y práctica, constituyen algo mucho más siniestro; un plan para debilitar de manera significativa, si no destruir, nuestra democracia". Como consecuencia, agrega, el país enfrenta "una crisis constitucional grave" donde el presidente está acumulando poder sin precedente en conflicto con lo establecido por la ley.

El abogado constitucional Michael Ratner, también de CCR, dijo recientemente que "hasta que logremos deshacernos de lo que yo considero un gobierno criminal, no lograremos recuperar ni una semblanza de libertades civiles y derechos humanos".

Aunque indicó que las demandas legales que han promovido contra este gobierno ante los tribunales son necesarias, no son suficientes. "Debe haber protesta popular en este país, si no nuestras demandas legales no cambiarán nada".

Y ese es el problema central: sin una oposición masiva y activa, nadie cree que estas iniciativas de juicio político tengan futuro, más allá de documentar agravios de los que, como dijo Conyers, todos estaban conscientes. Y hechos como el que la Junta de Supervisores de San Francisco (el concilio municipal) haya aprobado una resolución solicitando a su delegación legislativa federal buscar la destitución del presidente, permanecerán como actos simbólicos.

"La pregunta es: Si a un número suficiente de personas les importa, cómo responderán cuando, en el idioma de la Declaración de Independencia, 'un largo tren de abusos y usurpaciones buscando invariablemente el mismo objetivo, ofrece un diseño de reducirlos bajo un despotismo absoluto'", escribe Lapham. Agrega que "aunque los abusos y usurpaciones son evidentes por sí mismos, obvios para cualquiera que se tome la molestia de leer los periódicos, el gobierno de Bush no intenta ocultar el objetivo de sus propósitos, ya que cuenta con el romanticismo, también con la apatía, del público estadunidense renuente a reconocer como criminal al presidente de Estados Unidos".

Sin embargo, hay evidencias de que eso está cambiando cada día, incluso en las encuestas, como en expresiones de ira en varias partes del país. Pero a pesar de esto, Washington sigue en manos del presidente y sus aliados, aceptan los críticos y, por lo tanto, por ahora la disidencia sólo puede continuar documentando lo que considera "graves crímenes" contra la Constitución y la democracia estadunidense.