Actualmente hay 7 millones de trabajadoras que sufren de acoso sexual, dice Inmujeres
En el país ha fracasado el sistema de justicia para las mujeres: HRW
Presenta la organización informe Víctimas por partida doble. Obstrucciones al aborto legal
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) denunció que el sistema de justicia mexicano es un fracaso, está lleno de vacíos y debilidades que impiden a las mujeres ejercer su derecho al aborto cuando el producto es resultado de una violación. La víspera del Día Internacional de la Mujer, HRW presentó el informe Víctimas por partida doble. Obstrucciones al aborto legal por violación en México, el cual resalta que en varios estados de la República la negación de ese derecho es una práctica institucionalizada y que no existe en las autoridades de los tres órdenes de gobierno el interés por corregir esta situación y garantizar el respeto a los derechos humanos de las víctimas.
Lo anterior a pesar de que cada cuatro minutos una niña o mujer son violadas en el país y a que menos de 10 por ciento de las agredidas presenta una denuncia formal. Sin embargo, cuando se animan, las mujeres enfrentan una maraña administrativa y la negligencia de funcionarios de las instancias judiciales y del sector salud.
Ayer mismo, el Instituto Nacional de las Mujeres reportó que de 15 millones de trabajadoras que existen en el país, siete millones sufren acoso sexual, es decir, una de cada dos. El organismo y la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo (Profedet) presentaron una campaña en contra de estos abusos, cuyos espots se distinguen por el uso de muñecas inflables, como símbolo de la utilización de la mujer como objeto sexual en lugares de trabajo, y la leyenda "Todo un sexenio defendiendo los derechos de las mujeres".
Pese a la incidencia registrada, no existen denuncias de las afectadas, por temor a represalias o por vergüenza, de acuerdo con el subprocurador general de Conciliación y Defensoría de la Profedet, Juan Carrillo Hernández. A escala mundial esta problemática causa que una de cada cuatro mujeres sea despedida y que cuatro de cada 10 renuncien a su empleo.
La presidenta del Inmujeres, Patricia Espinosa, reconoció que la utilización de muñecas inflables en los espots -diseñados por la publicista Ana María Olabuenaga- podría originar controversias. Eso "es justamente lo que queremos causar" de aquí al 30 de abril, cuando termina la campaña, cuyo lema es: "La mujer no es un objeto. El acoso sexual es un delito".
Mencionó que en 2005 la línea de ayuda de Inmujeres para recibir denuncias y brindar ayuda legal, laboral y sicológica a las víctimas de violencia registró 20 mil llamadas, de las cuales el 10 por ciento eran por acoso sexual, pero el porcentaje de denuncia fue "bajísimo".
En otro foro, HRW resaltó que desde 1998 los organismos internacionales de derechos humanos han solicitado a México poner fin a la impunidad de quienes ejercen violencia doméstica y sexual en contra de la población femenina, así como facilitar los mecanismos para resarcir el daño causado; es decir, asegurar el acceso libre seguro, legal y gratuito a la interrupción del embarazo en los casos de violación o incesto.
Y es que a pesar de que los códigos penales de las 32 entidades federativas permiten la interrupción del embarazo cuando es resultado de una violación, en la práctica las víctimas enfrentan una serie de obstáculos, marañas administrativas y negligencia por parte de los funcionarios encargados de la procuración de justicia y del personal de salud, quienes evaden su responsabilidad de ayudar a las víctimas o la transfieren a otras personas, de tal suerte, dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, que las mujeres van "como pelotas de ping pong" de un lado a otro hasta que es demasiado tarde para detener la gestación.
La investigación de HRW resalta que en el Distrito Federal, Morelos y Baja California Sur existen lineamientos sobre el procedimiento a seguir para apoyar a las mujeres víctimas de violación.
A partir de la investigación cualitativa de la situación que prevalece en México, HRW emitió una serie de recomendaciones a los tres órdenes de gobierno y al Poder Legislativo. Entre otras, planteó al gobierno federal adoptar medidas inmediatas para garantizar un acceso rápido y sin obstrucciones al aborto seguro y gratuito. Al Congreso de la Unión, que promulgue una ley federal que criminalice y sancione la violencia doméstica y sexual contra niñas y mujeres, incluyendo el abuso sexual por parte de sus padres u otros integrantes de sus familias.
HRW también recomienda a los legisladores que modifiquen la ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para incluir entre sus obligaciones la de facilitar el acceso de niñas y mujeres al aborto en los casos permitidos por la ley.
Otra reforma legal que debe realizarse, indicó HRW, es al Código Penal para tipificar el delito de violación conyugal.