Editorial
Gómez Urrutia: persecución política
Lejos de enmendar los graves errores que cometió tras la tragedia de Pasta de Conchos, Coahuila, en donde los cuerpos de 65 mineros siguen sin ser rescatados del fondo de la mina colapsada, el gobierno de Vicente Fox se empecina en agravarlos y multiplicarlos. Haciendo gala de una torpeza política ejemplar, el Ejecutivo federal decidió "aprovechar" la coyuntura del accidente para deshacerse de Napoleón Gómez Urrutia, un dirigente sindical incómodo y difícilmente defendible en circunstancias ordinarias. De la abierta intromisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en una pugna interna del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos (SNTMM) y el reconocimiento oficial a un líder espurio se pasó a expresiones improcedentes de inculpación contra Gómez Urrutia que, en boca del vocero presidencial Rubén Aguilar, suenan a una animadversión personal del Presidente; lo más reciente en este acoso manifiesto es la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR), cuyo titular, Daniel Cabeza de Vaca, anunció procesos legales por "delitos financieros y probable lavado de dinero" contra el heredero de Napoleón Gómez Sada.
No puede descartarse que las acusaciones contra el dirigente sindical repudiado por el gobierno, o al menos algunas de ellas, tengan algún fundamento. Con todo, los sucesos que les darían origen datan de dos o tres años, pero no es sino hasta ahora que las autoridades federales se dan por enteradas. Hasta fines del mes pasado, sin embargo, el gabinete foxista mantenía muy cordiales relaciones con alguien a quien ahora acusa de delincuente. De hecho, el liderazgo de Gómez Urrutia se mantuvo en una suerte de limbo jurídico hasta que recibió reconocimiento formal de manos de Carlos Abascal Carranza, actual secretario de Gobernación, cuando se desempeñaba como titular de la STPS.
En suma, en el episodio que se comenta el foxismo ha vuelto, por enésima vez, a hacer un uso faccioso de la justicia y ha utilizado a su antojo a las instituciones no para cumplir con las leyes sino para perjudicar a quienes considera sus enemigos. La otra cara de esta moneda de deshonestidad es la rápida absolución que dependencias como la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la propia PGR extienden en automático a figuras cercanas a Los Pinos que han concitado sospechas de manejos presupuestarios turbios o componendas indebidas: Carlos Flores, Carlos Rojas Magnon, Santiago Creel Miranda, Carmen Segura Rangel, Laura Valdés, John MacCarthy, Francisco Ortiz Ortiz, los hermanos Bribiesca Sahagún, entre otros nombres del foxismo asociados al escándalo.
El uso del poder público con fines de venganza política o, posiblemente, político-empresarial es tan evidente en el caso de Gómez Urrutia que el Ejecutivo federal ha conseguido un resultado paradójico e inimaginable en circunstancias normales: que un importante sector del movimiento obrero del país se movilice en defensa del líder de los mineros, no necesariamente por afinidades y simpatías, sino en defensa obvia e irrenunciable de la autonomía sindical. Tal fue el sentido de la manifestación realizada ayer por miles de trabajadores en la capital de la República.
El foxismo emprende su tramo final confrontado con importantes sindicatos nacionales, evidenciado como perseguidor de enemigos políticos y como encubridor de empresas explotadoras e inclementes, y como un gobierno que en vez de resolver conflictos se ha dedicado a propiciarlos. A ocho meses de que termine su periodo, la presidencia foxista puede verse desde ahora como una de las más destructivas y perniciosas de las que ha padecido el país.