Incluye al director de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo

El sindicato minero presenta ante la PGJDF denuncia contra Salazar Sáenz

Demanda crear una comisión que investigue el destino del fideicomiso de 55 mdd

PATRICIA MUÑOZ RIOS

El comité ejecutivo del sindicato minero presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) contra el director del Registro de Asociaciones, José Cervantes, y el secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, y pidió crear una ''comisión investigadora'' de legisladores o funcionarios de dependencias como la Secretaría de Hacienda, que verifique el destino que se dio al fideicomiso de 55 millones de dólares entregados por Grupo México.

El primer vocal del consejo de vigilancia y justicia, Juan Luis Zúñiga Velázquez, y el presidente del consejo general de vigilancia y justicia, Juan Linares Montúfar, ofrecieron ayer una conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana en la que presentaron el informe contable de los millones en disputa.

Ahí plantearon que ya se interpusieron las denuncias contra los funcionarios de la Secretaría del Trabajo y ''quien resulte responsable'', porque documentación utilizada por la dependencia para avalar la destitución de Napoléon Gómez Urrutia ''fue falsificada''. También revelaron que en los próximos días los abogados de esta organización presentarán una demanda más, ésta contra el portavoz presidencial, Rubén Aguilar.

Según sostuvieron, aún no hay orden de presentación de la procuraduría para Gómez Urrutia, y las denuncias de mineros que hay contra este dirigente -que según el secretario del Trabajo suman más de 5 mil- no proceden legalmente, porque son reclamos de trabajadores que no tienen derecho al fideicomiso, ya que ni siquiera laboraban en Mexicana de Cobre o en Cananea, o lo hicieron antes de que la empresa tuviera la obligación de pagar el dinero.

Zúñiga reiteró que cuando Grupo México compró las dos mineras, el acuerdo consistió en que el gobierno recibiría 95 por ciento del monto de la venta y los trabajadores 5 por ciento; tras 15 años, luego de juicios y dos huelgas, se logró que la empresa pagara este dinero; sin embargo, no era para todos los trabajadores, sino para los que estaban activos en las minas al momento de su privatización.

En cuanto al destino de los 55 millones, explicó que mediante una cuenta en BBVA Bancomer se pagaron 4 millones 856 mil dólares, y que existe un saldo en esta cuenta de 179 mil 808 dólares.

Con recursos de HSBC se giraron cheques por 8 millones 318 mil 900 dólares, y la cuenta tiene un saldo de 134 mil 677 dólares. Mientras que en cuentas bancarias en moneda nacional, al día de hoy se tienen 25 millones 706 mil 630 pesos.

En cuentas en otros bancos hay además 10 millones 198 mil 869 dólares. En instrumentos de inversión financiera, 12 millones 816 mil 103 dólares, y el sindicato ha pagado en litigios, durante más de 15 años, 7 millones 242 mil 31 dólares.

Explicó que aun cuando la privatización de las minas se concretó en 1988 y 1990, la empresa pagó hasta octubre de 2004, y fue hasta 2005 cuando el sindicato empezó a entregar el dinero a cerca de 5 mil 300 trabajadores; sin embargo, no ha terminado de hacerlo, porque la propia empresa no tenía en orden las nóminas de los trabajadores.

''Se han presentado a cobrar el dinero ex trabajadores que no laboraban en la minas al momento de su venta, y ahora se quieren aprovechar. También hay trabajadores de confianza que se sienten con derechos, e inclusive de otras minas y personas que nunca han trabajado en el sector y que se han montado en este proceso pero no han podido comprobar su actividad laboral, y esas son las demandas de que habla el secretario, y por eso no han recibido pago alguno.''

Zuñiga Velázquez, quien según Salazar Sáenz firmó la petición para destituir a Napoleón Gómez Urrutia, dijo que todo esto se puede comprobar en tribunales o en una comisión, pero que definitivamente la dependencia tendrá que sacar las manos del proceso, porque ''no puede nombrar o quitar a su secretario general, sino que esto corresponde solamente a los mismos trabajadores''.