El poder y los sindicatos
El gobierno de la República nos ha dado una nueva lección acerca de cómo equivocarse en una crisis. En lugar de calzarse las botas para acudir de inmediato en apoyo directo, material pero sobre todo moral, a las familias de los mineros, el Presidente se ha lanzado a la peligrosa aventura de dar un golpe de mano en el sindicato, siguiendo la peor tradición de los peores gobiernos priístas. Que el señor Napoleón Gómez resulte merecedor de una sanción por los actos de corrupción de que se le acusa es, en efecto, un asunto que debe esclarecer la autoridad judicial competente, pero el secretario del Trabajo no es nadie para defenestrar a ese líder, o cualquiera otra directiva sindical, así ésta sea o le parezca absolutamente impresentable al vocero de Los Pinos. Poner y quitar secretarios generales es una facultad exclusiva de los miembros de la organización, no un privilegio del gobierno. Ninguna "toma de nota" puede suplantar las decisiones tomadas en las instancias estatutarias de los sindicatos, así le parezca eso normal al secretario del Trabajo, quien ahora puede presumir de una larga estela de servilismo e ineficacia. Pero ese es justamente el problema de fondo, a pesar de la fraseología democrática del presidente Fox. La "toma de nota", que en la ley no es más que un trámite administrativo, se convirtió en un poderoso instrumento de control en manos de la autoridad laboral para decidir quién debía asumir la dirección sindical, es decir, en una intromisión indebida en los asuntos internos de las agrupaciones obreras, como recientemente nos lo han recordado juristas eminentes y líderes sindicales. Cabe reconocer que si algo distingue al corporativismo sindical en México es la manera en que anula en los hechos la autonomía que está consagrada, paradójicamente, en las leyes fundamentales de la República. La historia del charrismo no es más que el recuento de tales intromisiones, a veces violentas, para mantener y reproducir el control vertical del sindicato, la genuflexión permanente de los líderes a cambio de una especie de licencia para expoliar a los trabajadores. Contra todo pronóstico, el arribo del PAN al poder trazó desde el comienzo una línea de continuidad en la relación con los sindicatos y no significó cambio alguno. Al contrario, el Presidente se hizo amigo personal de Leonardo Rodríguez Alcaine, de triste memoria, y le dio cuerda a gente como Víctor Flores, recién reconocido como presidente del mortecino Congreso del Trabajo.
No extraña, pues, que durante los años recientes hayamos presenciado la evaporación del "movimiento obrero organizado", la paulatina cancelación de su peso específico en la vida social del país. Este es el corolario de años de control del Estado sobre el sindicalismo, la expresión del saqueo contra la fuerza de trabajo del país, obligada por circunstancias bien conocidas a huir al extranjero en busca de empleo, a percibir salarios cada vez más miserables e inseguros, o a mutar como comerciantes ambulantes, adaptándose al ideario del changarrismo que campea en el gobierno.
Esta pérdida de importancia relativa del sindicalismo está asociada, por supuesto, a la erosión democrática del poder corporativo, es decir, al conjunto de transformaciones ocurridas en la sociedad civil que impiden a la burocracia partidista servirse electoralmente de sus "bases", mismas que, sin embargo, permanecen cautivas para la negociación contractual. Además, la crisis económica y la derrota nunca bien estudiada de la "insurgencia sindical" hizo posible la implantación paulatina de un modelo económico que por definición excluye la organización de los trabajadores y subordina el mundo del trabajo al interés inmediato de las grandes empresas sometidas a los rigores de la competencia global. Aprovechando el derrumbe del socialismo soviético y el consiguiente "desprestigio" de toda lucha social organizada, se predica la muerte del sindicato y la "nueva cultura laboral" decreta el fin de la lucha de clases. Y en verdad, salvo unas cuantas columnas que logran renovarse y sobrevivir, el sindicalismo deja de influir seriamente en la definición de las grandes posiciones del Estado. Todo se ciudadaniza, olvidando que hay intereses sociales, colectivos legítimos que también requieren de la democracia para expresarse. Salta a la vista que en la mayoría de los casos los trabajadores pueden elegir al presidente de la República pero no tienen el derecho de votar por sus líderes. Y es obvio que el sindicalismo permanece arrumbado como un trasto viejo, minado por los contratos fantasmas, por la ausencia de crecimiento económico y por una organización que si ya era obsoleta hace dos décadas hoy camina al ritmo que quiere y le impone el interés privado.
Si México se propone crecer y salir de una vez por todas del subdesarrollo, se hace necesaria una reforma a fondo del mundo del trabajo, un cambio sustantivo en la condición de las organizaciones sociales para hacerlas, por una vez, sujetos y no simples monedas de cambio.