Exhortan a 14 personas físicas y morales a aportar pruebas contra el mandatario

Diputados aumentan presiones para que la Corte investigue a Mario Marín

Exige Pablo Gómez que sea el pleno de la SCJN quien decida si proceden las pesquisas

ROBERTO GARDUÑO

La presidencia de la Cámara de Diputados envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un expediente con argumentos para que los ministros opten por iniciar una investigación en torno a la responsabilidad del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, en la agresión a la periodista Lydia Cacho.

Marcela González Salas, presidenta del órgano legislativo -que se encuentra ahora de viaje de trabajo en Chile- firmó, aparte de la misiva enviada al máximo tribunal del país, 14 oficios dirigidos a personas físicas y morales con el propósito de solicitar su participación ante la Suprema Corte aportando a ésta información y testimonios en torno a la persecución de la autora del libro Los demonios del edén.

Uno de los destinatarios de esos documentos es el propio gobernador Mario Marín Torres -a quien se considera responsable del amañado y turbio proceso que llevó a la cárcel a Lydia Cacho-, otro a su subordinada la procuradora del estado, Blanca Laura Villeda Martínez, y al Tribunal Judicial de Puebla.

Ayer por la tarde, representantes del departamento jurídico de la Cámara de Diputados entregaron en las oficinas de la Suprema Corte el expediente. A la par, este diario se enteró del envío de 14 oficios con el propósito de cerrar el círculo en torno a la decisión de los magistrados.

El texto que firmó Marcela González Salas, dirigido a las personas que pudieran aportar información, refiere que la Suprema Corte de la Nación requirió al órgano legislativo: "exhiba ante el máximo tribunal pruebas que sustenten la petición que hizo para que intervenga la Corte en la investigación de hechos donde pudieran estar involucrados el gobernador constitucional de Puebla y otros servidores públicos."

Por ello, la legisladora solicita "a usted (destinatario) sea tan amable de proporcionar toda la información relativa al caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, agradeciéndole que dicha información sea enviada al expediente formado en la Suprema Corte, dado con antelación.

"Por otra parte, le informo que en caso de que este alto tribunal considere necesaria su comparecencia con los hechos materia del presente asunto le notificará para que se presente a rendir su declaración con relación a los hechos."

También los oficios enviados a la periodista de este diario Blanche Petrich, a la titular del noticiario Hoy por Hoy, Carmen Aristegui; a la empresa Televisa, a Televisión Azteca, al gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto; a la procuraduría de ese estado y al Tribunal de Justicia de la misma entidad, entre otros, establecen que Felipe J. Zamora Castro, director general de asuntos jurídicos, por instrucciones de Marcela González Salas, permanecerá "en todo momento a sus órdenes" para resolver cualquier duda o comentario respecto a su solicitud formulada".

Más tarde, en una hoja sin membrete, la presidencia de la mesa directiva informó del término del trámite referente al envío de la información que había solicitado la Corte desde el 24 de febrero, cuyo plazo vencía ayer a las 20 horas.

"Informamos que ha quedado desahogado dicho requerimiento en tiempo y forma para que en términos del artículo 97 de la Constitución Política sea el pleno de la Suprema Corte quien determine, de juzgarlo conveniente, llevar a cabo la investigación de hechos que puedan constituir violaciones graves de garantías individuales en el caso Lydia Cacho. Es facultad de la Suprema Corte evaluar todos los elementos que esta presidencia ha puesto a su consideración y así ejercer la facultad exclusiva plasmada en nuestra Carta Magna. Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tiene las facultades de investigar y la Cámara de Diputados sólo aporta elementos que faciliten la determinación del Poder Judicial".

Antes, el coordinador de la bancada perredista en San Lázaro, Pablo Gómez Alvarez, refirió que la resolución en la Corte habrá de darse en el pleno y no será competencia exclusiva del presidente del órgano de justicia.

Para el legislador, la Corte investigará desde el ámbito jurídico un escándalo que tiene que ver con la violación de derechos humanos. "Son situaciones graves para el país a las que refiere el artículo 97 de la Constitución; este es uno de ellos, es un gran escándalo en el que autoridades han realizado actos contrarios al estado de derecho, en perjuicio de los derechos humanos de mexicanos y, por tanto, es tan grave el asunto, tan importante, que amerita que la Corte ayude realizando una investigación que puede concluir el asunto, que puede ayudar a resolver el problema. Creo que no debemos enredar el asunto".