La agenda ambiental en el proceso electoral
La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del Senado convocó hace unas semanas a una reunión para abordar el tema: México, hacia un desarrollo sustentable, en el contexto del proceso electoral. Alejandro Encinas, jefe de Gobierno del Distrito Federal, presentó los temas más importantes que debería considerar el nuevo gobierno federal, cualquier partido que pretenda gobernar el país los próximos seis años, y dado que la problemática ambiental demanda atención urgente, abordo los que a mi juicio deberían estar en la agenda ambiental del nuevo gobierno.
1. Vincular la política ambiental al empleo y la seguridad nacional. La agenda de política económica tendrá posibilidad de éxito en el mundo globalizado en la medida que incorpore criterios ambientales en la producción de bienes y servicios de los distintos sectores de la economía nacional. El aumento de exportaciones, la activación de la economía interna y la generación de empleo asociado fortalecerán el mercado y generarán mayor seguridad pública.
2. Atención prioritaria a la pobreza rural y urbana vinculada al deterioro ambiental. Los organismos internacionales recomiendan que las políticas sociales en países pobres incorporen criterios ambientales. La desesperación por la sobrevivencia provoca dilapidación de recursos naturales y pérdida de control de los ciclos naturales de la producción. Una política de Estado que reconozca y aborde instrumentos sociales y ambientales en las regiones marginales urbanas y rurales mejorará la calidad de vida y conservará los recursos naturales.
3. Desarrollo de la transversalidad de políticas públicas para promover el desarrollo sustentable. La agenda ambiental debe armonizar las estrategias territoriales que aterricen los compromisos y demandas productivas de los actores del desarrollo. La transversalidad de la política social, económica, educativa, de obra pública, de seguridad y de salud debe ser congruente con los criterios de carácter ecológico.
4. Priorizar la política ambiental regional. Es fundamental reconocer y atender estratégicamente las zonas prioritarias que deben convertirse en regiones de promoción y atracción de programas públicos para territorializar la transversalidad de las políticas públicas, como la atención integral del golfo de California, selva Lacandona, zonas costeras y metropolitanas, entre otras.
5. Fortalecer la política de conservación de la biodiversidad y manejo integral de la cobertura forestal. Promover un sistema federal de áreas naturales protegidas que incorpore los más de 20 millones de hectáreas de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, integrando los sistemas estatales de áreas protegidas, así como promoviendo los esfuerzos de los sectores privados y sociales -ejidos y comunidades- en la conservación del entorno natural, de tal manera que la política de conservación implique una apropiación y participación activa de estos actores. Esta propuesta debe incluir las políticas de manejo integral de la cobertura forestal, como estrategia integradora de los esfuerzos de conservación de la perspectiva de la corresponsabilidad y del buen manejo de los recursos maderables de bosques, selvas y humedales, principalmente.
6. Manejo estratégico del agua con visión de cuenca. El manejo de recursos hídricos con visión estratégica permitirá, desde una perspectiva regional y transversal, priorizar los asuntos del recurso dentro de un contexto de participación y planeación corresponsable, en una relación directa entre proveedores y beneficiarios del preciado líquido, considerando su valoración económica y ambiental para promover incentivos que permitan conservar los recursos que favorecen la captación y calidad del agua.
7. Atención especial a los asuntos globales. Es innegable que la agenda ambiental internacional reconoce temas prioritarios como transfroterizos (cambio climático y bioseguridad). Las agendas multinacionales de cooperación del sistema de Naciones Unidas y de la banca internacional incorporan criterios ambientales a la asignación de recursos, por lo que cualquier propuesta partidista en la transición sexenal tendrá que comprometer políticas claras que atiendan los asuntos globales y sus impactos locales.
8. Fortalecimiento del sistema de procuración de justicia ambiental y cumplimiento efectivo de la ley. La corresponsabilidad de la sociedad en el cumplimiento efectivo de la ley implica fortalecimiento de la legislación ambiental. Resalta la necesidad de reconocer explícitamente el interés difuso como elemento fundamental para responsabilizar a los actores que incumplen, afectando indirectamente a la sociedad, sin asumir los costos ni la restauración del recurso natural afectado. La figura de responsabilidad civil que enmarca nuestro sistema legal no garantiza la protección efectiva de los recursos naturales ni la defensa de los derechos de los ciudadanos.
Hay que educar, crear conciencia y responsabilizar al sistema judicial en materia ambiental a fin de que sus decisiones incluyan las variables ambientales.
La falta de personal e infraestructura de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para vigilar el cumplimiento de la ley se refleja en la continua violación a la normatividad ambiental.
9. Fortalecimiento legal del ordenamiento territorial ecológico y urbano. Es inaplazable constituir un sólido instrumento de planeación territorial, y para ello se requiere reformar urgentemeente las leyes generales de Asentamientos Humanos y del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de tal manera que, amparados en la Constitución, se establezca un marco normativo único de planeación territorial que instaure el carácter obligatorio de los ordenamientos territoriales, los cuales deberán ser compatibles con los preceptos municipales con el fin de garantizar el equilibrio de criterios entre desarrollo económico local y sustentabilidad de las zonas para evitar la dispersión y contradicción de responsabilidades en los tomadores de decisiones.
10. Fortalecimiento de la gobernabilidad y corresponsabilidad ciudadana. Es vital enfocar las políticas públicas al consumo responsable de la sociedad, promoviendo bienes y servicios de alta calidad que apoyen la sustentabilidad de los recursos. Se requiere modificar el carácter centralizado de toma de decisiones (cambios de ley), privilegiando la corresponsabilidad social y directa mediante consejos consultivos de participación privada y social, así como fortalecer los cauces de participación local con acceso efectivo a la información y a la prevención de los conflictos de carácter ambiental. Estas propuestas deben acompañarse del fortalecimiento de una política educativa que difunda la importancia y riqueza de nuestra diversidad natural e incorpore criterios ambientales en la formación del sistema educativo nacional, desde primaria hasta posgrado.
* Director general de Ordenamiento
Ecológico e Impacto Ambiental