Cuarto Foro Mundial del Agua
Del 16 al 22 de marzo tendrá lugar en la ciudad de México el cuarto Foro Mundial del Agua. Los anteriores se efectuaron en Marruecos (1997), Holanda (2000) y Japón (2003). Convocado por el Consejo Mundial del Agua (CMA), en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se espera una participación de alrededor de 10 mil personas.
Como se ha repetido, los organizadores oficiales de este encuentro no abordan el problema del agua desde una perspectiva pública, sino más bien mercantil y privada, con lo cual desorientan su solución, pues los derechos humanos fundamentales, entre los cuales se encuentra el derecho al recurso, se distinguen de los derechos patrimoniales por el hecho de que se trata de derechos inalienables, inviolables, intransigibles y personalísimos. Los derechos patrimoniales, en cambio, son derechos disponibles, negociables y enajenables. Estos se acumulan, aquéllos permanecen invariables.
Los derechos patrimoniales, al tener por objeto un bien patrimonial, se adquieren, se cambian, se venden. Los derechos humanos, por el contrario, no se cambian ni se enajenan ni se acumulan. Se vende, se permuta o se da en arrendamiento un bien de propiedad particular. En cambio, no se permutan y tampoco pueden venderse los derechos civiles, políticos y sociales.
Entre los participantes del foro que mantienen una postura a favor del agua como elemento natural básico para la realización de todos los demás derechos humanos fundamentales, y en contra de su privatización y mercantilización, se encuentran las organizaciones de la sociedad civil, que consideran que el Estado está obligado a garantizar de manera física y económica a todos el acceso a la cantidad suficiente de agua de calidad para su uso personal y doméstico, anteponiendo la realización de este derecho a cualquier interés económico que pretenda sacar provecho de este servicio público. En el Distrito Federal, por ejemplo, y según datos recientes de la Asamblea Legislativa, se pagan en promedio dos pesos por metro cúbico de agua potable a domicilio de uso doméstico, y más o menos 10 mil pesos por la misma cantidad de agua embotellada.
Este derecho humano está, además, relacionado con otros de vital importancia, como son los derechos a la vida, a la salud, a la alimentación, a la vivienda adecuada y al medio ambiente sano. Por ello, debe destacarse que el agua nunca ha sido considerada un bien privado, pues desde el derecho romano han existido derechos fundamentales, aunque algunos de ellos limitados a clases bastante restringidas de sujetos. Contrariamente, el líquido siempre ha sido visto como un elemento al que todos los seres vivos tenemos derecho. De continuar, por tanto, con la actual tendencia privatizadora, dejando al libre mercado su disponibilidad y acceso, el ejercicio de este derecho estará restringido a un número cada vez menor de personas.
La situación anterior viola además un principio general del derecho, que estipula que la ley debe mirar por el bien de todos, antes que por el de los particulares. Pero la gravedad del uso del agua por parte del Estado como una mercancía y no como un servicio público no termina allí, pues con ello se lesionan otros derechos fundamentales, como es el derecho a la no discriminación, ya que son las personas con menos recursos económicos quienes padecen por su escasez y la pagan más cara.
Según la Asamblea Legislativa, en la ciudad de México, por ejemplo, el costo promedio del metro cúbico de agua de pipa es de 15 pesos. Desde las épocas de Carlos Salinas de Gortari, en México la ley permite y promueve las concesiones del líquido para su uso y explotación en el mercado, cuando miles de personas en el país no tienen acceso a este servicio para satisfacer sus necesidades más esenciales, y la Comisión Nacional del Agua no lo asegura en muchos lugares, sobre todo rurales y suburbanos.
Con una legislación que no atiende a las necesidades sociales de la población, se transgrede otro principio general del derecho, que indica que si una ley contiene una clara iniquidad, debe cambiarse. Debemos recordar, igualmente, que a todo derecho corresponde una obligación, y que por esa razón la sociedad civil debe participar activamente en la conservación del agua, en su manejo responsable y, tal vez lo más importante, en la vigilancia de su administración y la evaluación de su servicio, para que en caso de abuso por parte de las autoridades y las compañías privadas, denuncie los hechos e impida que se prolonguen los daños causados.
El hecho de que el cuarto Foro Mundial del Agua se celebre en la ciudad de México tiene además una significación que no podemos ignorar. Nuestra ciudad fue llamada la Gran Venecia por los españoles en el siglo XVI. Era un lugar lleno de agua que hemos dejado seco. Debemos, por ello, asumir la responsabilidad del daño que le hemos causado. Aunque la forma de hacerlo no es cediendo nuestros derechos a otros para que hagan negocios con ellos y se encarguen de racionárnoslos.