Editorial

Rechazo a la ley Sensenbrenner

La sociedad estadunidense y la clase política de ese país se está polarizando cada vez más en torno al delicado tema de la inmigración indocumentada. Prueba de ello son las protestas de los días recientes, organizadas por asociaciones civiles y religiosas con motivo de las discusiones en el Senado sobre diversos proyectos, en especial la iniciativa HR 3347, mejor conocida como ley Sensenbrenner, aprobada el 16 de diciembre pasado por la Cámara de Representantes­, la que busca criminalizar a los migrantes que ingresen a esa nación sin documentos y a los trabajadores que ya se encuentren allá, pero que no poseen papeles, entre otras medidas represivas.

Ayer viernes, entre 100 y 130 mil personas marcharon por las calles de Chicago ­un bastión de inmigrantes de origen latinoamericano, sobre todo mexicano­ para demandar leyes migratorias más justas y humanas, que tengan en cuenta de manera seria las necesidades de mano de obra de la economía estadunidense.

"Es la mayor concentración política desde las luchas obreras, también de inmigrantes, de finales del siglo XIX", sostuvo Dick Durbin, senador demócrata por Illinois.

Tres días antes, el martes 7, al menos otras 20 mil personas, en su mayoría latinos ­muchos de ellos indocumentados que se arriesgaron a ser detenidos y, en consecuencia, deportados­, desfilaron en Washington para exigir al presidente George W. Bush y al Congreso aprobar una reforma migratoria que contenga la posibilidad de que millones de migrantes en situación irregular obtengan la residencia legal.

Más allá de la cantidad de gente que asistió a estas manifestaciones, hay varios factores que deben destacarse y que demuestran que la oposición a las medidas meramente policiacas ­propuestas por los sectores más conservadores del Partido Republicano­ está creciendo y se está endureciendo.

Por un lado, cabe resaltar la masiva participación de la población latina ­mexicana y centroamericana, principalmente­ durante las protestas. "No somos terroristas, somos trabajadores" y "No soy un criminal", son algunos lemas que se podían leer en pancartas y camisetas de los asistentes.

Pero estos latinos no estaban solas, ya que miles de manifestantes provenían de colectivos distintos.

En la marcha en Chicago se podía observar a representantes religiosos, católicos, protestantes, judíos y musulmanes, así como banderas de Italia, Polonia e Irlanda, países que en algún momento de su historia expulsaron hacia Estados Unidos a cientos de miles de ciudadanos que buscaban un mejor nivel de vida, la misma razón que actualmente empuja a los latinoamericanos a arriesgar sus vidas para ingresar a territorio estadunidense.

De hecho, al día siguiente de la marcha en Washington, representantes de la comunidad irlandesa expresaron su apoyo al senador Edward Kennedy, coautor de una iniciativa de ley que permitiría a cientos de miles de inmigrantes permanecer en el país de manera permanente y legal.

Es decir, para tales comunidades las protestas fueron ocasión para recordar y reivindicar a Estados Unidos como un tradicional e histórico receptor de inmigrantes.

Es importante también resaltar la presencia de destacados personajes de la escena política estadunidense, como el gobernador de Illinois, Rod Blajogevich, quien no sólo descartó criminalizar a los migrantes ("Ustedes no son criminales, son trabajadores; estamos aquí para apoyarlos", dijo), sino que destacó la importancia de la mano de obra migrante para la economía de su país: lo que ha hecho grande a Estados Unidos "es el trabajo de los inmigrantes".

El perfil de estas protestas evidencian que, fuera del círculo cercano al presidente Bush y de los sectores conservadores, buena parte de la sociedad estadunidense rechaza las medidas antinmigrantes, como la HR 3347. En ese contexto, las autoridades de ese país tendrían que escuchar los reclamos de su ciudadanía, en congreuncia con los principios democráticos de los que tanto se ufana.