La fiscalía especial desaparecerá tras el informe que rendirá sobre la guerra sucia
La era de la Femospp llega a su fin por los "pobres resultados" logrados
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En imagen de archivo, el titular de la Femospp, Ignacio Carrillo Prieto, que el 15 de abril rendira un informe especial
Foto: Francisco Olvera
La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) desaparecerá oficialmente días después de que su titular, Ignacio Carrillo Prieto, entregue, el próximo 15 de abril, su informe histórico de las investigaciones realizadas en torno a la llamada guerra sucia, las matanzas del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971.
Fuentes gubernamentales revelaron a La Jornada que las averiguaciones previas que aún estén pendientes para esa fecha se distribuirán en distintas áreas de la Procuraduría General de la República (PGR), y que el personal e infraestructura de la Femospp se utilizarán para reforzar la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra las Mujeres.
La extinción de la también llamada fiscalía para desaparecidos no significará, se aseguró, la culminación o eventual olvido tanto de las auditorías que realizó la Secretaría de la Función Pública (SFP) como del esclarecimiento del destino que tuvieron más de 50 millones de pesos de la llamada partida "gastos en seguridad nacional", ya que presuntamente existe un daño patrimonial que afecta al erario federal.
De acuerdo con la información recabada, Presidencia de la República y la Procuraduría General de la República (PGR) han determinado que la era de la Femospp ha concluido debido al "gran desgaste" de su titular y a los pocos resultados obtenidos a lo largo de sus cuatro años de existencia. Según las fuentes, el descontento con la labor realizada está motivado, entre otras razones, por hechos como que en en el apartado "cuantificación general", de sus informes de resultados, hay "inexactitudes graves", como mencionar que existen "53 procesos penales en trámite", cuando no se han promovido más de 20 juicios a lo largo de cuatro años, en los cuales se han obtenido 19 órdenes de aprehensión, la mayoría de ellas sin cumplimentar, y apenas cuatro autos de formal prisión.
Por ello, durante las últimas semanas la Femospp, a decir de los informantes, ha concentrado su atención en acumular la mayor parte de las indagatorias que dieron origen a su creación, que tienen que ver con 530 averiguaciones previas consideradas "primordiales", relacionadas con la desaparición de integrantes de grupos guerrilleros en distintas entidades del país durante la llamada guerra sucia en los años setenta y ochenta.
Los entrevistados revelaron que Carrillo Prieto tiene la obligación de no modificar la fecha en que entregará su informe final al presidente Vicente Fox, y también formalizar en los días subsecuentes al 15 de abril la entrega de los expedientes que le resten por resolver, que son, en su mayoría, casos de privaciones ilegales de la libertad o desapariciones forzadas en Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Distrito Federal, estado de México y Nuevo León.
Entre las averiguaciones previas pendientes de atender también se encuentra la indagatoria PGRFEMOSPP /016/ 2002, relativa a los hechos acontecidos el 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas, municipio de Atoyac de Alvarez, Guerrero, donde 17 campesinos fueron asesinados y alrededor de 25 quedaron lesionados, algunos de suma gravedad, en una emboscada por policías del estado que en aquel entonces era gobernado por Rubén Figueroa Alcocer.
Otra indagatoria que se dejará inconclusa tiene que ver con el asesinato de más de 600 militantes del PRD, la cual se inició a partir de una denuncia presentada en julio de 2002 por Cuauhtémoc Cárdenas, María Eugenia López Brun, Amalia García, Javier Hidalgo y los familiares de Francisco Javier Ovando y Román Gil Heráldez, quienes fueron asesinados cuatro días antes de la elección presidencial de 1988.
El órgano oficialmente constituido por decreto presidencial el 27 de noviembre de 2001 ha costado más de 300 millones de pesos en gasto corriente y salarios, rubro este último del cual Carrillo Prieto devengó, a partir del 4 de enero de 2002, un sueldo bruto mensual de 213 mil 190.89 pesos, de acuerdo con informes de la PGR.
Lo anterior, sin considerar los recursos destinados para gastos relativos a investigaciones en materia de seguridad nacional, de los cuales se desconoce públicamente el monto exacto, ya que se considera una cuestión confidencial.
Sin embargo, las fuentes consultadas revelaron que si bien inicialmente en 2002 la Femospp obtuvo un presupuesto superior a 32 millones de pesos, el monto fue duplicado para 2003 y lo mismo ocurrió en 2004, hasta llegar a manejar un presupuesto cercano a cien millones de pesos anuales, sin considerar los recursos destinados a gastos de investigación en materia de seguridad nacional.
Supuestamente la estructura operativa de la Femospp superó los recursos materiales y humanos de distintas áreas de la PGR. Por ejemplo, señalaron las fuentes que a lo largo de estos cuatro años el órgano que encabeza Carrillo Prieto tuvo más personal que la SIEDO a nivel central.
A decir de los informantes, mientras en su área central la SIEDO tiene asignados alrededor de 50 agentes del Ministerio Público Federal, la Femospp mantuvo una cifra cercana a cien servidores públicos en ese rubro, además del personal que fue contratado para tareas ministeriales mediante pago por honorarios.
El proyecto de distribución del personal que hoy posee la Femospp prevé que, luego de su extinción, al menos unos veinte agentes del Ministerio Público Federal sean adscritos a la SIEDO, área que en los meses próximos debe ser fortalecida para desarrollar programas de combate al narcotráfico, labores de inteligencia y desahogo de averiguaciones previas rezagadas.
Aparentemente el edificio que hoy ocupa la Femospp podría ser la sede de la recién creada Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra las Mujeres.
De acuerdo con la información obtenida, en los altos mandos de la PGR se considera que Carrillo Prieto incumplió, inclusive, con lo que fue parte central de su discurso de toma de posesión el 4 de enero de 2002, cuando señaló:
"El fiscal especial mirará en todo tiempo por el imperio de la justicia, mediante los instrumentos e instituciones del derecho, sin compromisos ni ataduras que lo desvíen, convencido de que solo en las palabras de la ley, que es expresión de la voluntad común, puede encontrarse justicia para todos. Y que su causa no requiere de continuas proclamas y pronunciamientos, sino de información objetiva a la ciudadanía, para ir al encuentro de las verdades históricas que reclama la salud de la República."
La molestia se relaciona con lo que hasta el momento se ha reconocido como un "borrador" de lo que será el informe final de labores de Carrillo Prieto, ya que se considera que fue elaborado sin una metodología real y que contiene "datos imprecisos y alejados de la realidad investigada y documentada a lo largo de la existencia" de la fiscalía especial.