Les impiden pescar curvina golfina para subsistir
Denuncian indios cucapás hostigamiento de Profepa
Analizan denuncia penal contra el gobierno por etnocidio
Durante nueve milenios han convivido con la naturaleza, "nuestra madre", en la región desértica. Esta cultura, la comunidad indígena cucapá El Mayor, de Mexicali, Baja California, ha sufrido durante el sexenio del presidente Vicente Fox "hostigamiento" de funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quienes no les permiten ejercer la actividad que les ha permitido subsistir: la pesca de la curvina golfina en el río Colorado, el cual desemboca en el mar de Cortés.
Ante esa problemática, integrantes de esa comunidad presentarán el próximo miércoles, "como última esperanza", una queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) con objeto de que este organismo internacional emita medidas cautelares para la defensa de su etnia.
El 10 de junio de 1993 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se declara la región reserva de la biosfera con objeto de salvaguardar especies en peligro de extinción. El texto indica que el lugar se dividiría en dos zonas: la núcleo, donde pescan los cucapás y en la que se prohíbe esa actividad, y la de amortiguamiento, que se encuentra en altamar. El decreto refiere que los habitantes de esa etnia tienen permitida la pesca, lo cual se les ha negado durante los últimos años.
Los cucapás no pueden salir a realizar esa actividad a mar abierto, pues sus embarcaciones son pequeñas, por lo que durante milenios han pescado en la que ahora es considerada zona núcleo.
La temporada de pesca para esta comunidad comienza entre febrero y marzo y culmina a finales de agosto. Ricardo Rivera de la Torre, representante legal de una de las cooperativas pesqueras de los cucapás, denunció que de las casi 20 mil toneladas que se extraen anualmente de la curvina golfina, esta etnia sólo pesca de 350 a 400, lo cual representa 3.5 por ciento del potencial pesquero. Pese a ello, dijo, las autoridades ambientales permiten a embarcaciones más grandes la extracción de esa especie, pero no a los indígenas.
"El gobierno no les pidió su opinión para promulgar el decreto, fue un descuido garrafal que no ha sido enmendado (...). En el sexenio de Fox se ha acosado más a los cucapás, antes no se les molestaba. El gobierno del cambio cambia las cosas en perjuicio de la etnia", mencionó el litigante.
Por estas razones los cucapás han solicitado la remoción de la comisionada nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas, Xóchitl Gálvez, "toda vez que en cinco años de gestión no ha sabido atender nuestros problemas".
Hace cuatro años la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 008/2002, en la que solicita a las autoridades que se permita esta práctica a los habitantes de esa región, ya que "no rompe el equilibrio ecológico ni amenaza la extinción de la especie".
La Norma Oficial Mexicana para la Protección Ambiental NOM-059-ECOL-2001, del 6 de mayo de 2001, reafirma lo dicho por la CNDH, ya que enlista las especies amenazadas y en peligro de extinción, y no se menciona a la curvina golfina.
El texto de la CNDH fue dirigido a los entonces secretarios del Medio Ambiente, Víctor Lichtinger, y de Agricultura, Javier Usabiaga, a quienes se recomendaba actualizar el decreto de reserva de la biosfera, "con objeto de que se modifiquen los lineamientos y políticas contenidos en dicho programa para que se atiendan las necesidades económicas y culturales de la comunidad indígena cucapá y, por ende, su derecho a realizar actividades de pesca en la reserva".
Asimismo, el organismo de defensa de derechos humanos solicitó que el gobierno federal realizara los estudios necesarios para el desarrollo de esa actividad en la región. Además, Riviera informó que los indígenas han entregado en propia mano dos solicitudes al presidente Fox para que se lleven a efecto esos análisis en la zona, a lo que "nos han respondido que no hay recursos y que si queremos que se hagan los indígenas tendrán que poner el dinero".
El abogado destacó que también contemplan la posibilidad de presentar una denuncia penal contra el gobierno federal y contra quienes resulten responsables por el delito de etnocidio, ya que con estas acciones la comunidad está en verdadero peligro de desaparecer.
La Organización de Naciones Unidas señala que para que un pueblo indígena tenga posibilidades de desarrollo y subsistencia, debe contar con al menos 2 mil integrantes; sin embargo esta etnia cuenta con 300, de los cuales sólo 35 hablan su lengua madre.
Finalmente, denunció que el delegado de Profepa en el estado, Ricardo Cstellanos Percevault, ha hostigado a los indígenas y que incluso después de una entrevista en la televisión local -en la que participaron ambos- "se me acercó y me dijo que si esos pinches indios querían cabronazos legales".