Hacia la privatización de Tulum
Tulum, a 120 kilómetros de Cancún, es una de las ciudades costeras más importantes del mundo maya. Además de sitio sagrado para esa gran cultura, es zona en la que se encuentra un sistema acuífero de gran fragilidad del cual forman parte dos de los ríos subterráneos más largos del planeta, la cueva más grande del país y una de las de mayor magnitud del mundo, y el complejo de cavernas sumergidas de mayor tamaño hasta hoy conocidas por el hombre. De dicho sistema acuífero depende la vida de los humedales, manglares y arrecifes de la región, clasificados entre los más importantes a escala mundial, así como la salud de la imponente reserva natural de Sian Ka'an. Por eso cada año decenas de miles de personas visitan Tulum, interesadas en conocer la zona arqueológica, situada en medio de un paisaje de belleza incomparable.
Ante la magnificencia del lugar y sus alrededores, extrañaba que la ambición de los desarrolladores turísticos y sus protectores en las instancias oficiales se hubieran tardado en intentar apoderarse de esa joya para echar a caminar la maquinaria de destrucción a fin de establecer exclusivos hoteles y los servicios que les sirven de apoyo. Pero nunca es tarde para depredar: cuando todavía Cancún, la Riviera Maya y en general la península de Yucatán no se reponen de los daños que dejaron los huracanes Emily y Wilma, la ambición empresarial mostró sus garras.
Se supo que el cabildo de Solidaridad, municipio al que geográficamente pertenece Tulum, tiene la intención de autorizar la construcción de "desarrollos turísticos" para clientes de cinco y más estrellas en el área que conforma el Parque Nacional Tulum. Tal propuesta muestra el nulo respeto que dicho cabildo, ciertos empresarios y funcionarios públicos tienen por el marco jurídico vigente en cuanto a la protección de nuestro patrimonio arqueológico, el ambiente y los recursos naturales.
Si bien el texto constitucional (fracción V del artículo 115) señala que los municipios están facultados para formular sus propios planes de desarrollo urbano, esa facultad no debe entrar en contradicción o violar lo que ordenan las leyes federales y estatales en cada caso. Y sucede que, entre otras cosas, Tulum se encuentra desde hace años protegido por diversas normas legales a fin de garantizar la conservación de los recursos naturales y los monumentos arqueológicos que allí existen. Por eso mismo hace cinco años el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Corredor Cancún-Tulum fijó que la zona del parque nacional tiene densidad cero en cuanto a construcciones.
En su afán de respaldar lo que sería un nuevo y jugoso negocio a costa de la naturaleza y el patrimonio arqueológico del país, el ayuntamiento y el cabildo de Solidaridad se ponen al servicio de una trasnacional hotelera. Pretenden ignorar que cualquier cambio legal en la materia corresponde a otras instancias y debe hacerse observando formalidades claramente previstas por el legislador, así como que autorizar localmente cambios de uso del suelo dentro del parque nacional citado violaría por lo menos diez leyes y decretos estatales y federales.
No tardó la protesta ciudadana y de importantes organizaciones relacionadas con el cuidado de la naturaleza y el patrimonio cultural. Y también de numerosos legisladores estatales y federales, así como de las delegaciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Quintana Roo.
El intento de "desarrollar" el Parque Nacional de Tulum responde al interés del consorcio español Globalia, cuyo historial deja mucho que desear, pese a lo cual cuenta con el aval de la Secretaría de Turismo. Sobre ésta y otras iniciativas oficiales por acabar de una vez por todas con la posibilidad de instaurar el desarrollo sostenible en el Caribe mexicano fluye ahora información que muestra de qué manera ciertos funcionarios y las mafias políticas se unen a grupos empresariales a fin de terminar de privatizar esa parte del país. Evitarlo es tarea de quienes deben hacer cumplir estrictamente la legislación vigente y, en no menor medida, de la ciudadanía.