Organismos civiles preparan actividades alternas al foro mundial
Falta consolidar la participación ciudadana en defensa del agua
ONG buscan, entre otros objetivos, frenar y revertir la privatización de los recursos hídricos
Ampliar la imagen En la planta tratadora de agua ubicada en el cerro de la Estrella, ciudad de México, se procesan cerca de mil litros por segundo Foto: José Carlo González
A principios de los años 90, factores como la creciente escasez de agua, su baja calidad, los graves problemas de contaminación y la deficiente cobertura en servicios de agua potable y alcantarillado se contemplaron en la proyección de uno de procesos más ambiciosos tendientes a establecer una "nueva gestión integral" del recurso, en el que se incluyó, por primera vez dentro del debate internacional, la necesidad de considerar al líquido un bien económico, finito y vulnerable.
Encuentros como la Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente, realizada en Dublín, Irlanda, así como la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, Brasil, convocados por la Organización de Naciones Unidas en 1992, sentaron las bases de una nueva política hídrica mundial, que durante la década de los 90 fue aplicada en países de los cinco continentes, incluido México, con el apoyo de organismo financieros como los bancos Interamericano de Desarrollo (BID) y Mundial (BM).
Para 1996, la creación del Consejo Mundial del Agua (WWC, por sus siglas en inglés, responsable de la organización del Foro Mundial del Agua) y de la Asociación Mundial del Agua permitió consolidar tres ejes fundamentales de un nuevo modelo mundial en la gestión del recurso: reconocer su valor económico, en el que se incluye una creciente participación de la inversión privada en el sector, una gestión a nivel de cuencas hidrológicas y una mayor participación social vinculada a la gobernabilidad.
Visión alternativa
A este programa internacional, impulsado por organismos como el WWC, el BID y el BM, se contrapone una visión alternativa promovida por movimientos sociales, indígenas, campesinos y ambientalistas.
Sus propuestas -entre ellas reconocer que el agua es patrimonio común de la humanidad, considerar que el acceso al recurso es un derecho humano y propiciar su uso sustentable- también integran un movimiento de resistencia contra su privatización, para asegurar la equidad y la participación social de las comunidades, a fin de mantener un dominio público del liquido y revertir cualquier proceso de privatización en su distribución.
Organizaciones no gubernamentales internacionales como la Asociación para un Contrato Mundial del Agua y el Consejo Canadiense, con el proyecto Planeta Azul, y el Foro Social Mundial, propiciaron que desde 2000 la construcción de un modelo alternativo para el manejo sustentable del recurso forme parte de la agenda social de organizaciones civiles en todo el mundo.
No obstante, Susana Dávila, integrante de la Red de Vigilancia Interamericana para la Defensa y el Derecho al Agua, que agrupa organizaciones civiles de 16 países de América Latina, reconoce que la participación ciudadana en la región "aún está en una fase de consolidación de redes internacionales en defensa del recurso".
Destacó que si bien muchas organizaciones civiles habían incluido el agua como uno de los temas de su agenda, por su vinculación con la preservación de la vida y de todos los recursos naturales, "las acciones eran aisladas y focalizadas en problemas locales".
En entrevista con La Jornada, señaló que tras la realización del primer Foro Mundial del Agua en Marrakech, en 1997, la sociedad civil "determinó con claridad cuáles eran las directrices de esta nueva gestión integral del recurso, apoyada por organismos financieros internacionales, y preguntarnos qué está pasando con el líquido y cuáles serían las alternativas".
Los primeros intentos por instaurar el nuevo modelo de gestión integral del agua, promovido por el BID, se dieron en Asia, "pero sin duda México fue uno de los grandes laboratorios en América Latina, donde se inició la aplicación de estas políticas hídricas internacionales con la aprobación en 1992 de una nueva Ley de Aguas Nacionales".
México, insistió, es crucial para sentar un precedente en toda América Latina, y de ahí adoptar este modelo en países como Brasil, Argentina y Chile, donde también ha comenzado la construcción de un proyecto alternativo, "que busca recuperar un modelo de gestión incluyente con participación social efectiva de las comunidades, un uso sustentable del recurso y un control público del agua".
Agenda nacional
Integrantes de diversas organizaciones ambientalistas, campesinas, urbanas y defensoras de los derechos humanos reconocen que en México el desarrollo de un movimiento articulado y con objetivos concretos contra la privatización del recurso y por su reconocimiento como derecho humano "es una tarea que se inició hace poco tiempo y tiene como un primer paso la creación, en junio de 2005, de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)".
Hilda Salazar, integrante de la organización Mujeres y Medio Ambiente, señaló que COMDA nace como un espacio para vincular el trabajo de grupos y organizaciones civiles preocupadas por cuatro ejes fundamentales: establecer condiciones de justicia y equidad en la distribución y acceso de los servicios de agua y saneamiento, garantizando el manejo sustentable del recurso; además, impulsar el estricto apego del Estado mexicano a los compromisos de proteger y garantizar el derecho humano al agua, comenzar la lucha por elevar a rango constitucional el derecho humano al recurso, así como detener y revertir los procesos de privatización de los servicios del líquido, reformar la legislación y políticas que la promueven, y crear nuevas leyes en favor de la participación plural en la toma de decisiones sobre la gestión del agua.
A ellos se suman 120 organizaciones civiles agrupadas en la Asamblea Nacional en Defensa de la Tierra y el Agua y contra su Privatización, las cuales participan en la organización del Foro Internacional en Defensa del Agua, que se realizará del 17 al 19 de marzo próximo, "abierto a las sociedad civil en pro de un modelo comunitario e incluyente para la gestión del recurso".
Lorena Peralta, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, afirmó que en el contexto del cuarto Foro Mundial del Agua, que se realizará del 16 al 22 de marzo próximo, las organizaciones civiles "participaremos en actividades alternas, como el foro internacional, además de convocar a una marcha nacional el próximo 16 de marzo, para reiterar nuestro rechazo a un modelo de gestión que busca desaparecer la participación social en el control del recurso y establecer mecanismos de privatización".
Las organizaciones civiles también impulsarán un plan de acción en el que se incluyen foros y coloquios internacionales, la instalación de un campamento ciudadano en defensa del agua, además de actividades artísticas, culturales y la difusión de tecnologías alternativas para un uso sustentable del recurso.