Editorial

Bolivia: inversión extranjera e impunidad

La decisión de las autoridades judiciales de Bolivia de allanar las oficinas de Andina, filial de la trasnacional española Repsol-YPF, e investigar a dos ejecutivos de la firma, Julio Gavito y Pedro Sánchez, por el presunto contrabando al extranjero de 230 mil barriles de petróleo y la introducción fraudulenta de maquinaria a territorio boliviano, levantó gran revuelo ­con visos de incidente internacional­ entre las autoridades de La Paz y de Madrid.

El canciller español, Fernando Moratinos, expresó su "preocupación", que huele a exigencia de exculpación. Dijo que la medida es una "mala señal" para los inversionistas extranjeros, y se quejó de que la investigación en cursos haya dañado la imagen del consorcio petrolero.

El asunto tiene trascendencia porque ­más allá de los delitos que hayan sido perpetrados por ejecutivos de la filial de Repsol-YPF­ pone al descubierto la tendencia de los capitales trasnacionales a exigir a los gobiernos de países pobres impunidad a cambio de su presencia y permanencia en dichas naciones, actitud que es respaldada con frecuencia por las autoridades de sus países de origen.

La actitud de Moratinos es lamentable porque, en el fondo, lo que pide es que el gobierno que encabeza Evo Morales pase por encima de sus propias leyes, invada la autonomía del Poder Judicial y se abstenga de investigar posibles actos delictivos.

De hecho, el ministro español del Exterior salió en defensa de los funcionarios de la trasnacional cuando éstos ni siquiera han sido acusados, y se han dado a la fuga ante un pedido de las autoridades bolivianas para que acudieran a declarar en torno a los fraudes referidos.

La injerencia de Madrid no puede interpretarse, en tales circunstancias, sino como una exigencia de fueros especiales para los ejecutivos empresariales, y como una defensa de la ilegalidad. Diga lo que diga Moratinos, es la propia petrolera española la que daña su imagen cuando comete ilícitos ­contrabando de crudo al exterior; contrabando de maquinaria hacia Bolivia­ y al pretender que sus irregularidades no sean investigadas.

El caso de Repsol-YPF en Bolivia es ilustrativo de circunstancias que se reproducen en otras magnitudes por toda América Latina.

En México, ante acciones administrativas o legales emprendidas por las autoridades del Distrito Federal contra el hotel María Isabel Sheraton o contra la trasnacional de publicidad exterior Eumex, no han faltado voces que se alzan en demanda de impunidad para tales empresas, y piden, en resumidas cuentas, que las instituciones públicas se hagan de la vista gorda ante las infracciones que cometan ésas u otras empresas con el pretexto de que la aplicación de la leye podría ahuyentar las inversiones extranjeras.

No deja de ser paradójico, pero tales voces proceden de los mismos sectores y actores que, por otro lado, no dejan de argumentar que para atraer capitales foráneos se requiere de un entorno de "certeza jurídica".

El papel de la inversión extranjera en nuestros países es, sin duda, necesario para el crecimiento económico. Pero de esa consideración a la pretensión de otorgar a las empresas que la aportan un estatuto extralegal y la concesión de impunidad a sus funcionarios y representantes hay la misma distancia que separa a la honradez de la corrupción.

Desde las perspectivas nacionales, los capitales extranjeros deben quedar enmarcados en un acuerdo claro y mutuamente provechoso: Obtener ganancias lícitas y contribuir, en cambio, a impulsar el desarrollo económico del país y a la generación de los empleos que se requieren. Algunos, sin embargo, parecen exigir otras canonjías inadmisibles: que se conceda a la inversión foránea la potestad de subvertir el estado de derecho.