El ministro está fuera del país y se prevé que habrá atraso en la revisión del expediente
Elaborará Ortiz Mayagoitia el dictamen para que la Corte indague el caso Lydia Cacho
De aprobarse el acuerdo se nombrará una comisión para investigar a Mario Marín
Genaro David Góngora atenderá solicitud de Encinas sobre el 2 de octubre y el halconazo
El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia será el encargado de elaborar el proyecto de dictamen para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine si ejerce la facultad de investigación para conocer la presunta violación grave de garantías individuales en agravio de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
En tanto, el ex presidente del máximo tribunal Genaro David Góngora Pimentel se hará cargo de la solicitud que presentó el jueves pasado el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, para que la Corte investigue los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971.
Trascendió lo anterior ayer, en la sede de la Suprema Corte, donde llamó la atención la emisión de ambos acuerdos por parte del ministro presidente, Mariano Azuela, particularmente por el hecho de que Ortiz Mayagoitia está fuera del país y retornará el jueves próximo, lo que atrasará la revisión del expediente de la periodista.
Según lo resuelto por el ministro presidente, Ortiz Mayagoitia presentará el acuerdo correspondiente ante el pleno, y si prevalece la postura de algunos ministros, quienes consideran que la Corte no puede eludir su responsabilidad de investigar este asunto, que involucra al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, entonces el pleno procedería a designar a la comisión de ministros -aunque pueden ser también magistrados u otros funcionarios judiciales- encargada de investigar si el funcionario poblano violó o no las garantías individuales de la autora del libro Los demonios del edén.
Tlatelolco, 10 de junio y Aguas Blancas
Por lo que respecta a la petición hecha por el jefe de Gobierno capitalino, esta vez Azuela se evitó complicaciones -como hubiera sido admitir a trámite la petición y determinar si procedía o no, como se hace la mayoría de las veces y como se hizo inicialmente con el caso de Lydia Cacho-, y optó por turnar el caso de inmediato a Góngora.
En este contexto, cabe recordar que las posturas de ambos ministros instructores en casos en los que se invoca el 97 constitucional, para que la Suprema Corte asuma la investigación de presuntas violaciones graves a las garantías individuales, han sido opuestas.
En el caso de Góngora Pimentel, él en su momento planteó al pleno del máximo tribunal asumir la indagatoria de la matanza de Aguas Blancas; esto cuando una organización no gubernamental pidió a los ministros que investigaran, pero éstos, con el argumento de que la petición sólo pueden hacerla el Presidente de la República, las Cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de un estado, rechazaron la petición. En aquella ocasión, sólo su compañero José de Jesús Gudiño Pelayo lo apoyó.
Posteriormente, el entonces presidente Ernesto Zedillo, a través del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, solicitó a los ministros investigar el homicidio de los 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, y entonces sí, el pleno se manifestó por aceptar la solicitud. En todo caso, el pleno determinará si es procedente o no la petición del jefe de Gobierno capitalino, de extracción perredista.