Más de 450 organizaciones anuncian protesta pacífica

Denuncian irregularidades en la entrega de apoyos en Chiapas

Aproximadamente 40 organizaciones de campesinos, ejidatarios y obreros de Chiapas denunciaron que en la puesta en marcha de los programas federales Procampo, Procede y Procecom, las autoridades encargadas de distribuir los recursos incurren en actos ilegales, engaños y condicionamiento de obras, servicios y otras asistencias gubernamentales, así como en la comisión de una serie de irregularidades.

Ante la serie de irregularidades que reportan, las organizaciones agrícolas y rurales contemplan desarrollar un plan de acción de información, denuncia y protesta pacífica en contra de estos programas de apoyo del gobierno federal.

Los asistentes al primer encuentro estatal contra el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) y el de Certificación en Comunidades (Procecom) ofrecieron los resultados de la encuesta aplicada en ejidos y bienes comunales de Chiapas.

El cuestionario, aplicado en 28 ejidos, cinco bienes comunales y a nuevos centros de población, destaca que en 18 comunidades donde las autoridades agrarias ya habían acudido a promover el Procede, a 44 por ciento de los habitantes no se les había notificado que se trataba de un programa voluntario; a 77.7 por ciento no se les había explicado que ambos programas pueden aplicarse en seis formas distintas, y a 83.3 por ciento les dijeron que sólo al aceptar el programa les darían apoyos, proyectos productivos y manteriales de construcción de obra pública.

Destaca el informe, entre otras particularidades, que las actitudes de los visitadores agrarios en su mayoría eran poco claras para ofrecer información, y en la mayoría de los casos se amenazaba a las comunidades con marginarlas del Procampo si no se incribian al Procede y al Procecom.

Ante las anomalías detectadas, las organizaciones y ejidos y bienes comunales denunciaron que el gobierno federal da a sus programas agrarios enfoques de engaños, mentiras, amenazas y condicionamiento.

Además, que se aplican con base en políticas violatorias de leyes vigentes en materias agraria y civil, a la Constitución y a tratados internacionales en cuestión de derechos humanos.