La autonomía ¿sirve?
Joseph Stiglitz recomendó a México adoptar un modelo de desarrollo similar al de China e India, países que desestimaron el Consenso de Washington y optaron por fortalecer la inversión en educación, infraestructura y promover el empleo. Stiglitz olvida muchas cosas de tales "modelos", entre otras que el gigantesco y creciente déficit comercial externo de Estados Unidos explica en gran parte el crecimiento de China e India. Un ajuste en la deficitaria balanza comercial estadunidense se traducirá en un drástico freno a esos dos grandes países emergentes.
China e India han hecho muy bien muchas cosas, pero la relación de su crecimiento con el déficit comercial estadunidense no puede hacerse a un lado. De esa relación me ocuparé en otro momento, para referirme esta vez a la correcta aseveración de Stiglitz respecto a "la falta de inversión en investigación y desarrollo tecnológico, camino que siguieron las actuales economías asiáticas".
En la actual sociedad del conocimiento es indispensable establecer una relación real del sistema que genera, transmite y distribuye el conocimiento con la vida productiva y social. Esta articulación se hizo bien en Corea y en Japón, en Irlanda y Finlandia (estos dos últimos recientemente incorporados al club de los países de-sarrollados), y ahora, en China e India, especialmente en este último. Bangalore tiene hoy 150 mil científicos y técnicos en informática frente a 120 mil de Silicon Valley. India produce más doctores anualmente que toda Europa junta. En Bangalore existen mil 200 empresas de alta tecnología (extranjeras y nacionales).
Una articulación institucional expresamente diseñada entre el sistema que genera y distribuye el conocimiento y el desarrollo hoy en México es imposible.
Lograr esa articulación requiere, entre otras cosas, estar en la capacidad de diseñar y decir una oferta nacional de educación superior y definir un programa nacional de investigación (que, de la investigación, ha de tener en cuenta sus fortalezas y debilidades, sus ventajas comparativas, los "nichos" nacionales e internacionales donde puede aplicarse y desarrollarse). Hacer esto es hoy absolutamente imposible en México.
¿Qué impide a México contar con un programa nacional de educación superior y un programa nacional de investigación, coherentes con un proyecto nacional capaz de alcanzar el desarrollo?
Puede hacerse la historia de la acumulación de decisiones erróneas respecto a las "reglas del juego" institucionales para la educación superior y para la investigación. Puede revisarse la miseria de recursos que se han invertido en investigación y desarrollo. De los muchos blancos a los que hay que apuntar, seleccionaré hoy sólo uno, pero de gran talla.
El mayor de ellos: la autonomía y la libertad de cátedra e investigación, tal como se entienden y practican en México. Sé que esta tesis es piedra de escándalo en las universidades públicas autónomas, pero es la verdad monda y lironda.
La autonomía permite que cada institución tome las decisiones que estime pertinentes; y la libertad de cátedra e investigación permite, en el interior de cada institución, que cada académico decida lo que a su leal saber y entender ha de ser su trabajo (a veces es no hacer nada). El resultado de esta totalmente atomizada forma de tomar decisiones, por supuesto, no puede conformar una oferta nacional de educación superior, ni un plan nacional de investigación, sino un cúmulo revuelto y confuso de decisiones a duras penas académicas, que nadie se propuso (es una pura resultante), y que sería imposible hacer coherente con un proyecto de desarrollo para el país. Y no habrá desarrollo si no organizamos la generación de conocimiento y la formación de recursos humanos de alta calidad, a nivel nacional.
Agregue usted que, hoy, el conocimiento se genera en equipos, a veces de gran tamaño, y aun llegan a constituirse redes internacionales para alcanzar los objetivos que busca determinado proyecto de investigación. Pero en México hemos creado un sistema de evaluación y premios a la productividad de los académicos (me refiero a las compensaciones que otorgan las instituciones de educación superior en reconocimiento a su trabajo) y uno más externo a las instituciones (el Sistema Nacional de Investigadores, SNI), que retribuyen los esfuerzos individuales de dichos académicos.
Con estas reglas, gran cantidad de investigadores buscan ser bien evaluados por el SNI, y su institución pasa a segundo plano: una política contra el tipo de investigación del siglo XXI, y que, además, debilita a las instituciones.
Requerimos cambios profundos. Necesitamos un mecanismo o instancia de ley que coordine efectivamente las autonomías y haga vinculantes sus resoluciones, y unas atribuciones a las instituciones que les permitan organizar el trabajo colectivo. Es necesario apuntar hacia otros blancos; lo haremos en el futuro.