La empresa, demandada por el derrame de 5 mil barriles de crudo en Coatzacoalcos
Pemex, ausente de la primera audiencia del Tribunal Latinoamericano del Agua
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Pescador afectado por derrame de petróleo, ayer en la sesión del tribunal
Foto: Fotos: Marco Peláez
En el comienzo de las audiencias del Tribunal Latinoamericano del Agua, ayer no acudió el primer demandado por las organizaciones y comunidades mexicanas, Petróleos Mexicanos (Pemex), que en una carta argumentó que a un año del derrame de 5 mil barriles de crudo en el río Coatzacoalcos la información es reservada, que el procedimiento para su participación no se hizo en forma, pues debió ser por conducto de la cancillería, y que no hay condiciones legales para responder.
En la exposición del hecho, ocurrido el 22 de diciembre de 2004, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) argumentó que la comunidad, de unos 15 mil habitantes, tuvo problemas de salud, la contaminación del río no se ha resuelto, se cortaron manglares y la indemnización a los pescadores fue ínfima.
Sumado a ello, el pescador Angel Martínez López expuso que trabajó en la limpieza del río, contratado por la empresa Lico Ambiental, la cual no pagó a unas 80 personas, a cada una de las cuales debe entre 10 mil y 20 mil pesos; la firma los hizo trabajar durante semanas sin equipo de protección, abundó, y la respuesta de Pemex fue que no es su responsabilidad.
La actividad pesquera ha caído más de la mitad, y 70 por ciento de los 2 mil 500 pescadores han abandonado el lugar por falta de empleo. En el tribunal, cuyas resoluciones son de carácter ético, Martínez exigió justicia porque la actividad petrolera en el sitio ha contaminado la fuente de ingresos de miles de pescadores.
En la inauguración de la audiencia del tribunal, su director, Javier Bogantes, sostuvo que América Latina "está sedienta, no solamente de agua, sino de justicia".
El Cemda inauguró las audiencias con la exposición del caso del río y la playa de Coatzacoalcos, enumeró al público y a los ocho integrantes del jurado las fallas durante la emergencia ambiental.
Alejandra Serrano detalló que el problema se comenzó a atender tres horas después de ocurrido el incidente, lo cual ocasionó que el derrame de 5 mil barriles de petróleo por la ruptura del oleoducto que estalló llevara el combustible al mar y se contaminaran manglares.
Precisó que los 15 mil habitantes presentaron problemas de salud por la inhalación de hidrocarburos, pero la población más afectada fue la de los pescadores. En cuanto a las especies marinas, aseveró que la población de pez bobo tuvo serios daños y, entre las aves, los pelícanos y las gaviotas.
A su vez, Lorenzo Losada recordó que en 1937 ocurrió el primer accidente petrolero en la región; desde entonces comenzaron las denuncias de los pescadores, "y en el siglo XXI las cosas parecen no haber cambiado".
Agregó que no se han hecho estudios toxicológicos a la población para conocer su verdadero estado de salud, además de que "es necesario saber si realmente se hizo una remediación, o sólo un maquillaje ecológico". La indemnización que se dio a los pescadores fue menos del salario mínimo de una semana, señaló.
Al término de la presentación del caso, el juez Augusto Willemsen, de Guatemala, preguntó si había algún representante de Pemex. Fue entonces cuando se leyó la respuesta, firmada por Constatino Fernández Cabrera, subdirector de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de la empresa.
En la carta se señala que debido a que la Profepa y la Conagua tienen en curso procedimientos administrativos y a 15 meses del hecho aún no se han resuelto, la información del caso "es reservada".
Además "no se dan las condiciones legales suficientes para atender la audiencia", ya que el foro tiene como fin llevar a la práctica principios de derecho ambiental planteados en declaraciones y convenios internacionales de los que México es parte, y se pretende evaluar las consecuencias ambientales de una actividad exclusiva y estratégica del Estado mexicano, pero el procedimiento se debió canalizar a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Añade que el manual del tribunal señala que una vez seleccionado el caso se notificara al demandado 28 días antes de la audiencia, lo cual no ocurrió.