Samuel Ruiz demanda garantizar gratuidad del líquido
Denuncian boicot del gobierno, que negó visas a dos jurados
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David Velasco, director del Centro Pro, y el obispo Samuel Ruiz, durante los trabajos del tribunal
El gobierno mexicano boicotea el trabajo del Tribunal Latinoamericano del Agua, ya que negó las visas de dos jurados, provenientes de Ecuador y El Salvador, además de que hace unos días canceló la sede original de las audiencias -el Museo Nacional de Antropología-, señaló Oscar González, uno de los jueces mexicanos que participan en la audiencia pública.
Durante la primera sesión del tribunal, Oscar González, ex presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y actual coordinador de difusión cultural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, expresó que es inadmisible la actitud del gobierno ante la realización de estos trabajos.
A su vez, el ombdusman capitalino, Emilio Alvarez Icaza, también condenó la cancelación de la sede original del tribunal.
En esta audiencia, que por primera vez se celebra en México, se abordarán siete casos de contaminación, mal manejo de agua e incumplimiento de la ley.
Oscar González aseveró que la negativa aotorgar las visas y la cancelación de la sede original de la audiencia se deben investigar por un organismo como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual debería intervenir para determinar en qué medida se violan esos derechos y también para demandar una explicación de las autoridades mexicanas.
La única explicación que "hay para que el gobierno de México tome estas decisiones de última hora es que existe un intento de boicotear los trabajos de un espacio alternativo, independiente y autónomo como el tribunal".
En la mesa Crisis de legalidad y conflictos hídricos en América Latina, Alvarez Icaza se sumó a la protesta por el cambio de sede del tribunal; consideró que es un hecho inadmisible y puso a disposición del tribunal las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
En esa mesa participó Samuel Ruiz, del Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad, quien aclaró que leería un documento de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la cual señala que el derecho al agua debe quedar explícitamente señalado en la Constitución. Agregó que ante la tendencia a la mercantilización del líquido, es necesario que se instaure el carácter de gratuidad.
Aseveró que el líquido es un bien cultural que forma parte de la cosmovisión de los pueblos y recordó que México tiene unos 60 pueblos indios que han coadyuvado a mantener la diversidad y para quienes el agua no es una mercancía, como la considera el modelo neoliberal.
A su vez, Alvarez Icaza señaló que en la ciudad de México se estima que el agua que se pierde es el equivalente a 500 canchas del estadio Azteca en suelos de conservación. Precisó que a pesar de los graves conflictos sociales que se generan por el acceso al líquido, de las 9 mil 300 quejas que la comisión recibió el año pasado sólo 102 tuvieron que ver con el derecho al agua.