El CAP anuncia movilización contra la injusta distribución del líquido en el campo
Apremia el Centro Pro al gobierno a regular el reparto adecuado del agua
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Una pipa es llenada mientras un grupo de personas aguarda en un centro de distribución de agua la entrega de su ración semanal del líquido, en una colonia marginada de la ciudad de México. La espera en ese sitio dura más de una hora
Foto: Ap /Darío López-Mills
Si el gobierno foxista no regula de manera adecuada la distribución del agua, sino que permite tensiones y conflictos sociales por su reparto, "estará contribuyendo a acrecentar la crisis de ingobernabilidad en el país", advierte el informe Agua, conflictos y derechos humanos, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Todo indica que el agua comienza a ser considerada una mercancía, lo cual "niega rotundamente su condición de derecho humano fundamental consagrado en instrumentos internacionales signados por varios países, entre ellos el nuestro", agrega. Señala que al convertirse en producto se pondría en riesgo la sobrevivencia de quienes no tengan acceso al líquido.
"Esta lógica mercantilista genera también que los intereses económicos y políticos de los actores y grupos que se desenvuelven en este campo se impongan en una relación de fuerzas donde impera el poder político y económico, la corrupción y la impunidad", de acuerdo con el informe.
Por ello, el Centro Pro recomienda que el gobierno federal desarrolle una política que garantice el disfrute de esa garantía, pues el Estado debe reconocer que existe "una profunda injusticia humana" en torno al acceso al agua potable en México. Menciona que las personas que padecen esa situación viven en condiciones de desigualdad frente a los acaparadores del recurso natural.
Asimismo, el texto exhorta a no considerar el agua una mercancía, sino un "bien común intrínseco al derecho a la vida".
Antes que pensar en la privatización, el informe apremia a las autoridades a actuar de manera enérgica contra las grandes industrias y agroindustrias, que son "las que más abusan del agua", además de sancionar a las empresas que contaminen, acaparen y malgasten el recurso.
El informe concluye que debe existir grave preocupación, pues a pesar de que los gobiernos son responsables de asegurar y aplicar las garantías fundamentales, con la actitud y política de Estado en México se "privilegian los intereses económicos de los grandes capitales transnacionales,
y de cualquier otra índole, por encima de los derechos humanos, (lo cual) ha colaborado en la vulnerabilidad de la población a la que se violan sus derechos".
Contra la privatización
Por otra parte, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) apremió al gobierno a mantener el control estricto del agua y a no privatizarla, ya que es un elemento indispensable para la generación de energía eléctrica y porque de ser un recurso natural se ha convertido en servicio estratégico para la nación.
Indicó que la privatización del recurso redefiniría los derechos de los industriales sobre el agua, a quienes en automático se entregaría "una carta en blanco" para que dispongan del líquido para lo que deseen.
Equipararon la situación del agua con la actual apertura gubernamental en materia de cogeneración de electricidad, en la que pequeños productores -como Kamel Nacif- disponen de diversos derechos y usufructo de recursos naturales.
En conferencia de prensa, el secretario del Exterior del SME, Fernando Amezcua Castillo, señaló que sin reconocerlo abiertamente el gobierno federal ha ido permitiendo la privatización del agua, e informó que existen 30 ciudades en las que el servicio se encuentra en manos de particulares.
En su posición frente a la privatización y desnacionalización del agua, el SME señaló que a los asistentes al Foro Mundual del Agua no les interesa el respeto de las leyes mexicanas, que reconocen la propiedad del agua y la soberanía nacional sobre la misma.
A su vez, el Congreso Agrario Permanente (CAP) informó que sus 12 agrupaciones nacionales integrantes se sumarán a la toma de las calles de la ciudad de México durante la realización del cuarto Foro Mundial del Agua, en protesta por las políticas injustas de distribución del líquido en el campo.
El dirigente en turno del CAP, que agrupa a 85 por ciento de los trabajadores del campo nacional, Alvaro López, advirtió que el gobierno federal no ha tomado las previsiones necesarias ante la crisis de abasto que enfrentan los mantos freáticos del centro y el norte del país.
El también líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas consideró que ante el sector campesino se encuentra marginado del foro mencionado, "carente de una visión de perspectiva en materia de agua, en la que la política de los gobiernos no son coincidentes con una equitativa distribución de los recursos".
El gobierno de Vicente Fox ha entrado en un proceso de despojo de los recursos hidráulicos a partir de las concesiones que ha estado otorgando a sus amigos y allegados, acusó.