Reformas que violan la Constitución, pero benefician a empresas
La reciente reforma a la Ley Minera, además de violar el artículo 27 constitucional, tiene el objetivo único de beneficiar a las grandes empresas del ramo -que en su mayoría son extranjeras-, al permitirles explotar el gas metano que se produce con la extracción del carbón, al tiempo que contiene medidas que ponen en riesgo la existencia de la pequeña y mediana industrias.
Afirma lo anterior, José Alfredo Gutiérrez Falcón, uno de los pocos abogados especializados en litigios en asuntos mineros, quien agrega que es "muy lamentable" que a partir de la tragedia de Pasta de Cochos surjan voces del sector empresarial que plantean la necesidad de concesionar el gas que se extrae de las minas, y lo hacen "cuando tuvieron al trabajador en riesgo, sin atenderlo, mal pagado y sin equipo, y ahora quieren sacar provecho de una manera miserable" con el visto bueno de los gobiernos federal y estatal, quienes junto con la empresa Minera México y el sindicato del ramo son responsables de la muerte de 65 trabajadores.
En entrevista, Gutiérrez Falcón detalla que la corrupción en el sector minero no se limita a la explotación de los trabajadores en beneficio del gran capital, sino también al coyotaje que sufren pequeños y medianos mineros, quienes venden el carbón por conducto de un monopolio estatal creado por el gobierno de Coahuila (Promotora de Desarrollo Minero), además de la apropiación ilegal de predios por grandes empresas como Grupo Acerero del Norte, Minera México, Mexatim, Industrial Ameca y Zapaliname, las cuales serán las primeras beneficiadas por la reciente reforma.
Subraya que la reforma recién aprobada es inconstitucional, y que para su aplicación se requiere necesariamente que sea modificado el artículo 27 constitucional -no sólo la ley reglamentaria, como hicieron los legisladores-. El litigante señala que la prueba de que existe un contubernio entre las grandes empresas mineras, el gobierno federal y el estatal, así como PRI y PAN, es que en los años recientes las grandes compañías mineras "denunciaron" millones hectáreas en la zona carbonífera de Coahuila ante la Dirección de Minas de la Secretaría de Economía -es decir, que reclamaron la explotación comercial de esos terrenos-, y ahora resulta que con la nueva regulación fueron las primeras beneficiadas, lo que evitará que se hagan nuevas licitiaciones o se libere la producción de gas. Comenta que, en su momento, el ahora candidato panista a la Presidencia de la República, Felipe Calderón, en su calidad de secretario de Energía, tuvo conocimiento directo de la problemática que enfrenta la minería, así como del coyotaje y corrupción que imperan en el sector, y a pesar de ello "no hizo absolutamente nada".
Agrega que los legisladores exhibieron gran falta de sensibilidad al aprobar que ya no se publique en el Diario Oficial de la Federación la cancelación de los títulos mineros, "porque quién se va enterar, si el Diario Oficial era la única defensa que tenía el minero para salvaguardar sus concesiones y respaldar sus denuncias".
Recuerda que ante las cancelaciones y los empalmes de predios, el Diario Oficial era la única prueba que tenían los mineros para demostrar que tenían la concesión o propiedad de terrenos, sobre todo porque el llamado empalme de las superficies ha sido una situación recurrente -a él le ha tocado llevar varios asuntos de medianos mineros en contra de grandes empresas- en la que resulta que la autoridad otorgó dos concesiones sobre un mismo terreno.
Jesús Aranda