Nuestra industria energética
Me tomo tres líneas para decir que cada día valoro más las razones de fondo de la expropiación petrolera del presidente Lázaro Cárdenas. Por un lado, dar a la nación el control de sus recursos energéticos y de sus rentas económicas. Pero también -no lo olvidemos, por favor- evitar la depredación a la que conduce una lógica salvaje de búsqueda de beneficios económicos.
En una coyuntura diversa, pero en el fondo por razones similares, el presidente López Mateos nacionalizó la industria eléctrica. Tener el control nacional -siempre, sin duda, a través del Estado y los organismos que el 28 constitucional le proporciona- de nuestros recursos energéticos y de nuestra industria energética es parte integral del proyecto de nación delineado por el Constituyente. Se trata de sustentos que proporcionan a las sociedad un instrumento para modular su desarrollo, e impedir que el terrible y salvaje espíritu de la ganancia, deprede y acabe con nuestros recursos. Ni siquiera que permee y controle nuestras rentas económicas petrolera y eléctrica, fundamentalmente. Menos aún que module a su antojo nuestra cotidianidad.
Así de nítidos los principios de la expropiación y de la nacionalización eléctrica. Y qué decir del agua, constitucionalmente concebida también como recurso nacional. Y no se trata de simplificar las cosas -como gustan hacer los privatizadores- diciendo que la electricidad producida por un dinamo de una bicicleta o una batería automotriz o, incluso, la generada con el vapor de proceso de una papelera, es nacional. O, alternativamente, que el agua de lluvia también los es. A buen entendedor, saludos, dice el proverbio original.
Pero esto nos obliga -como nunca- a ser astutos y prudentes. Astutos para lograr la máxima racionalidad de nuestras industrias petrolera y eléctrica. Y prudentes para hacerlo con el mayor respeto a la sociedad, a la naturaleza, al medio ambiente, a los recursos -siempre limitados-. Y, sin duda a las comunidades afectadas. Y todo esto exige, al menos, cinco líneas fundamentales (¿estratégicas?): 1) absoluto e incuestionable cuidado y búsqueda continua de nuestras reservas de petróleo, gas natural, recursos hidráulicos, eólicos, solares, entre otros; 2) diseño e implantación inteligente de la formas de explotación, transformación y entrega a la sociedad; 3) determinación cuidadosa de los precios de sus productos -combustibles y electricidad- y, en consecuencia, de las rentas económicas obtenidas y de los subsidios otorgados a quienes realmente lo necesiten (finalmente hoy, tener energía, como tener agua, es un derecho humano fundamental); 4) aliento tecnológico máximo; 5) organización productiva y laboral eficiente y justa. Y añado -porque creo en la necesidad de añadirlo- control y supervisión sociales, incluida -desde luego- la de las comunidades afectadas por las obras petrolera y eléctrica. Y éstas deben permitir -claro que lo deben hacer- combustibles y electricidad de mayor calidad y estructuralmente a menor costo. Y digo estructuralmente porque no hay que confundir las elevaciones o las disminuciones de precios vinculadas a la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles o a sacrificios fiscales que debieran ser cuidadosamente evaluados, de aquellas derivadas de una productividad creciente, de costos de producción menores y de un uso final más racional y eficiente, no sólo posibles sino obligados en nuestras industrias petrolera y eléctrica.
Termino indicando que en el ámbito eléctrico hay desarrollos tecnológicos prometedores -señalé algunos en mi anterior nota- en cuanto a formas descentralizadas de generación; superconductores metálicos no convencionales para transmisión; adelantos electrónicos para mayor flexibilidad y control de la generación (incorporación eficiente de las intermitentes renovables), de la transmisión y de la misma demanda final. Pero también nuevos materiales que harán más eficiente el uso final en viviendas, edificios y servicios públicos. E, incluso, la significativa promesa en energía del hidrógeno. O, finalmente y para sólo mencionar dos ejemplo más, la posibilidad -muy limitadas todavía pero real- de nuevas formas de almacenamiento de electricidad y las nuevas formas "inteligentes" de medición y control del uso doméstico, comercial e industrial de la electricidad. (De nuevo recuerdo consultar el artículo de Tooraj Jamasb, William J.Nuttall y Michael G.Pollit del grupo de investigación en la problemática eléctrica de la Universidad de Cambridge New electricity technologies for a sustainable future, en el que presentan un libro colectivo sobre el cambio técnico en electricidad, en http://www.electricity policy. org.uk/).
Sí, la celebración del 18 de marzo es y seguirá siendo una gran celebración. Nos compromete a conjuntar todos los esfuerzos para lo que le dio sentido y razón: proporcionar a la sociedad los combustibles necesarios para su desarrollo y garantizar que fuera la nación la que se apropiara de las rentas económicas derivadas de su explotación, siempre mirando un bienestar sostenible de la población. Es evidente que en ambos aspectos tenemos tareas pendientes y responsabilidades muy delicadas. Y se pueden cumplir de manera por demás eficiente -con sencillez debo decir que muchos tenemos comprometida nuestra vida en ello- en el ámbito de nuestra Constitución actual. Y con unas empresas públicas renovadas que no olviden nunca -sí, nunca- que su compromiso es prestar un servicio público eficiente, de calidad, y al menor costo. Así de simple.