Editorial

Francia: gobierno desestabilizador

Hoy vence el plazo acordado por el movimiento sindical y estudiantil francés para que el gobierno de Dominique de Villepin retire el llamado "contrato de primer empleo" (CPE), disposición que permite a las empresas despedir injustificadamente a trabajadores de menos de 26 años en los primeros 24 meses de la relación laboral.

Si el Palacio de Matignon porfía en la imposición de esa norma discriminatoria, que desvirtúa el Código de Trabajo, enfrentará movilizaciones como la que tuvo lugar el sábado pasado, en la que más de un millón de personas salieron a las calles de importantes ciudades francesas para repudiar la medida. Más aún, si el gobierno no se retracta, posiblemente llevará a Francia a una huelga general.

No es éste el primer conflicto social alimentado por la portentosa insensibilidad política de De Villepin e integrantes de su gabinete. A finales del año pasado su ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, incendió las barriadas árabes y musulmanas del país con declaraciones racistas y arrogantes.

Pero a diferencia de este episodio, en que decenas de miles de automóviles fueron incendiados por jóvenes franceses descendientes de inmigrantes, el descontento social que se manifiesta en estos días expresa la irritación del conjunto de los franceses, lo que puede desembocar en una polarización de sociedad y gobierno, semejante a la que tuvo lugar en la primavera de 1968.

En suma, el país ha llegado a un punto próximo a la ingobernabilidad: 60 de 84 universidades francesas mantienen el paro de labores y las centrales obreras afinan la huelga general.

La gran revuelta que las propias autoridades se han encargado de larvar en este 2006 es muy distinta de la que ocurrió hace cuatro décadas. En mayo de 1968 los jóvenes franceses querían cambiar el mundo y subvertir el orden establecido. Hoy, 38 años después, es el poder público el que pretende subvertir el pacto social mediante la imposición de desregulaciones laborales de típico corte neoliberal.

Hace cuatro décadas los estudiantes maldecían al sistema económico; hoy demandan un sitio en él y piden que la economía sea un entorno habitable y no un territorio de depredación afín a los capitales. Pero si los movimientos sociales de Francia han evolucionado de manera tan notables el poder público, en cambio, parece haber sufrido una regresión al espíritu autoritario, insensible y arrogante que imperaba en los años 70 del siglo pasado en las oficinas gubernamentales.

En el afán de satisfacer desmedidos apetitos patronales, el gabinete de De Villepin ha decidido jugarse la existencia con la imposición de reglas laborales contrarias a las leyes y a la Constitución.

Si persiste en el empeño y se mantiene en la idea de confrontar a la sociedad, el primer ministro logrará desestabilizar a Francia y a su propio gobierno. Si éste no da marcha atrás, es posible que el próximo movimiento deba provenir de la Presidencia.

Si Dominique de Villepin no se retracta y si el presidente Jacques Chirac no interviene en este asunto, el siguiente capítulo bien puede ser una crisis de Estado.