Tarifas, punta del iceberg
No se ha planteado bien el debate sobre las tarifas y los precios de los energéticos. No obstante, la propuesta de reducirlas es una de las más relevantes que se han hecho en la campaña electoral. Merece mucha atención y menos fricciones personales.
El tema del sector de la energía es, sin duda, un aspecto crucial del nuevo orden económico que debe establecerse en el país. Involucra un asunto de precios clave que afectan a toda la población de manera directa e indirecta y repercute en los costos de todas las empresas. Concierne, igualmente, a la forma en que operan las empresas públicas que proveen la electricidad y los combustibles, es decir, CFE y Pemex. Es, además, un elemento crítico de la estructura fiscal del Estado, puesto que los ingresos del gobierno siguen siendo muy dependientes de las transferencias que recibe especialmente de la exportación de petróleo.
Las tarifas eléctricas y los precios de los combustibles, como son principalmente la gasolina y el gas, están administrados, los fija directamente el gobierno federal y no expresan los costos de producción y distribución, sino un criterio derivado de las exigencias fiscales, mismo que distorsiona el funcionamiento del mercado.
Pero el problema esencial no es el de las distorsiones del mercado por medio de los precios o de los subsidios, sino los criterios que se aplican, los objetivos que se persiguen y los resultados que se obtienen cuando ellas se provocan; eso es lo que constituye una ventaja o un perjuicio de una determinada política de intervención.
En la economía mexicana los mercados tienen grandes distorsiones, tanto en el campo del sector privado como del público, unas se derivan de la falta de competencia, otras de las medidas que regulan el comercio, y unas más de los regímenes de propiedad existentes.
En el sector privado es poco efectiva la práctica de la reglamentación y promoción de la competencia; en el sector público hay que hacer una revisión profunda de la intervención estatal y redefinir los criterios económicos y sociales de la política energética. En todo caso, esta situación general impone una deformación en la manera en que se asignan los recursos disponibles y provoca grandes ineficiencias en el conjunto del sistema productivo.
Hasta ahora, decir que se bajarán las tarifas y los precios de los energéticos es un argumento tan vacío como la posición contraria, o sea, que no se pueden bajar, y que incluso pensarlo es una irresponsabilidad. Por lo tanto, las acusaciones que se han propinado el presidente Fox y el candidato López Obrador: de populismo y demagogia vertidas de un lado, son tan impropias como el lamento de los gritos de las chachalacas.
Esos intercambios verbales sirven muy poco a la fijación de posiciones técnicas, financieras y de política económica que son imprescindibles. En nada contribuyen al debate político, en el cual se va perdiendo de modo vertiginoso el buen gusto propio del intercambio de ideas. Y eso es precisamente lo que se requiere.
En fin, que el asunto de los precios de los energéticos no puede disociarse de la gestión de Pemex, del papel que juega el sindicato y los altos funcionarios, de los recurrentes señalamientos de corrupción dentro y alrededor de la empresa. Tampoco puede separarse de los requerimientos de inversión para explorar, explotar y transformar el petróleo (y el gas asociado), del alto endeudamiento de la paraestatal, ni del hecho de que las reservas del principal yacimiento de crudo en Cantarell están ya en plena fase de declinación. Asimismo, no podrá haber una nueva estrategia energética en el país sin que se manifieste en la reforma fiscal a fondo.
Todos esos elementos tienen que ver con los precios y tarifas de la electricidad y los combustibles. Negar la posibilidad de revisión de los precios es aceptar el estado de cosas existentes, que ya no puede sostenerse, so pena de seguir escondiendo la fragilidad estructural de las finanzas públicas, la inoperancia de Pemex y las repercusiones adversas sobre la productividad en la economía. Afirmar esa posibilidad sin abrir de par en par la discusión en todas las vertientes que tiene la reforma energética es dar pasos en falso.
La crispación política que desató la disputa de los precios de los combustibles y la electricidad se agravó con el señalamiento casi inmediato del director de la CFE en apoyo a las declaraciones del Presidente y la posterior refutación del director de Pemex al admitir que la reducción es, en efecto, factible.
Este no es sólo un caso más de descoordinación entre distintas entidades del gobierno, asunto en sí mismo grave, sino que indica que la política energética actual está inmersa en un enorme desorden que no puede seguirse manejando desde la Secretaría de Hacienda, que la reforma tal como la plantea el Ejecutivo se vuelve aún más turbia, y que es impostergable un acuerdo amplio sobre la cuestión de la energía y, de ahí, sobre la conducción de la economía nacional.