ONG: sus operaciones han dañado el medio ambiente
El Banco Europeo de Inversiones financia planes de privatización
Con presupuesto de más de 45 mil millones de euros al año, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) -organismo financiero de la Unión Europea- aumentó sus préstamos a proyectos en los sectores del agua, de la biodiversidad, petrolero y minero en Asia, Africa, América Latina y el Caribe, con más de 3.5 mil millones de euros durante el último año, lo que representa 7 por ciento de su portafolios total.
En ese contexto, cuatro organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales denunciaron que las operaciones del BEI en esas regiones han tenido impactos negativos en el medio ambiente, además de que la institución "sirve a los intereses
de las grandes corporaciones, especialmente de empresas europeas, en detrimento de las comunidades locales".
Aseguraron que esta institución, más grande que el Banco Mundial, financia planes energéticos y de privatización del agua en México, Argentina, Paraguay y Brasil.
"Desde 1993, más de 90 por ciento de los préstamos del BEI para América Latina fueron otorgados a filiales de empresas con sede en Europa o a grandes corporaciones de trasnacionales". Mientras, las empresas privadas locales sólo han recibido, durante los últimos 10 años, 2 por ciento de los recursos del BEI.
En el análisis El Banco Europeo de Inversiones en el Sur. ¿En el interés de quién?, las ONG refieren que la industria de extracción ocupa el primer lugar en la lista de beneficiarias. En gas y electricidad se ha invertido 17 por ciento del total.
Documentan que países pobres, como República Dominicana, se ubican entre los lugares más bajos en la escala de posibles candidatos para acceder a un préstamo de ese organismo europeo; en tanto que Brasil y México son de los primeros en el listado y han sido beneficiados, respectivamente, con 30 y 6 por ciento de la inversión.
Los activistas exponen que en el caso de Mexico, el BEI ha dado prioridad a proyectos "con pocos beneficios socioeconómicos y ambientales". Destacaron que a pesar de que las pequeñas y medianas empresas representan alrededor de 98 por ciento de las compañías mexicanas y "son consideradas socios privilegiados en las estrategia de cooperación entre la Comisión Europea y México", la institución financiera no ha otorgado ningún préstamo global ni algún tipo de asistencia técnica en la promoción de esas firmas.
Desde 1995 el BEI ha invertido 210.2 millones de euros en cuatro empresas ubicadas en México, pero cuya capital mayoritario es europeo. Las beneficiadas han sido: Volskwagen de México, Vidrio Saint-Gobain de México, Vetromex América y el consorcio Mexi-Gas.
Las ONG refieren que en 2004 la Volskwagen accedió a un crédito del BEI por 70 millones de euros, con el cual se "busca consolidar la producción de esa empresa y reforzar su posición dentro de la zona de Libre Comercio de América del Norte", lo que beneficia exclusivamente a la compañía.
Señalaron que el BEI ha argumentado que gracias a este préstamo serán creados mil 600 empleos directos en la planta de esa empresa en Puebla; sin embargo, denunciaron que ese proyecto sólo cubrirá el despido de 2 mil empleados que Volskwagen realizó en 2003.
Aunque el plan tendrá repercusiones positivas en el empleo para la región, éste será a través de empresas de subcontratación, con lo cual los trabajadores ganarían entre 40 y 50 por ciento menos que si estuvieran contratados directamente, añadieron.
En tanto, el consorcio Mexi-gas, que en 1998 ganó una licitación exclusiva para la explotación de gas natural en el estado de México, recibió en los siguientes dos años 74.3 millones de euros de la institución europea.
Aunque la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó una manifestación de impacto ambiental para el consorcio, "el BEI no exigió una evaluación de impacto ambiental que se realizara con base en los criterios y políticas de la Unión Europea". Aseveraron que aun cuando se ha defendido el proyecto, a la fecha éste sólo ha cubierto a 130 mil clientes, de los 340 mil 700 previstos, lo que representa 35 por ciento de la población inicialmente considerada.