Retención de indemnizaciones a indígenas y amenazas de invasiones, las causas
Se atora regularización de tierras lacandonas
Pobladores dan otra semana de plazo; advierten que "se harán escuchar" mediante movilizaciones
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 21 de marzo. A unos meses de que concluya la actual administración federal, las negociaciones para reordenar los poblados establecidos en la selva Lacandona quedaron empantanadas. Una razón es que no han sido liberados 172 millones de pesos para indemnizar a los indígenas que permitieron la regularización de 16 poblados; otra, la amenaza de tres comunidades de invadir nuevas tierras, debido a que no se les permitió su estancia en la zona, explicaron dirigentes de poblados de la Lacandona.
Según el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 2005 y del 22 de febrero pasado, el gobierno federal decretó la expropiación de 17 mil 200 hectáreas de terreno en favor de 16 grupos de indígenas que habitan en la selva Lacandona, en el área que conforman los bienes comunales de los indígenas.
El objetivo del acuerdo de expropiación era regularizar los terrenos que desde hace años ocupan campesinos a quienes lacandones y autoridades mantenían bajo la amenaza de desalojo. En la práctica, este acuerdo permitiría la estancia legal de más de un millar de familias.
Según los decretos, cuando se acreditaran los pagos que suman 172 millones de pesos, la expropiación quedaría ejecutada. Estos recursos saldrían del llamado fideicomiso Fondo 95.
Hasta la fecha los fondos no han sido liberados pese a que el acuerdo con los lacandones fue que el pago se les efectuaría en "pocos días" y antes de que terminara febrero de 2006. Esto, explicaron en conferencia de prensa Erlindo López, Antonio Jiménez y Samuel Sánchez, habitantes de los poblados de la selva, echaría por tierra los años de negociaciones para que el problema de la tenencia de la tierra en esa región se solucionara por la vía pacífica.
El otro "atorón" que enrareció el ambiente en la selva Lacandona es la falta de acuerdos entre un grupos de 28 ejidos que componen la llamada Mesa Limonar y la comunidad lacandona, debido a la negativa de esa etnia a permitir que las comunidades San Jacinto Lacanjá, Ojo de Agua, El Progreso y Flor de Cacao se queden dentro de la selva.
La postura de los lacandones es que 25 ejidos se pueden quedar, pero los otros tres deben ser reubicados fuera de esa zona. El argumento es que los tres pueblos que se hallan en las márgenes del río Usumacinta tienen en posesión tierras que conforman la reserva comunal La Cojolita.
"Ya no están nuestros interlocutores. Nos dicen que por el cambio de gobierno dejaron la secretaría (SRA). Los choles, tzeltales y zoques de los 28 ejidos de la Mesa Limonar les respondemos que empezaremos como al principio, con bloqueos de carreteras e invasiones de tierras, porque todo indica que de nuevo el gobierno demostró que no tiene palabra", dijeron los líderes indígenas.
Los habitantes de esa región de la selva advirtieron que se movilizarán, al considerar que "sólo mediante presiones el gobierno federal puede escuchar. Hace un mes tuvimos una reunión con funcionarios de la SRA. Nos pidieron un mes para darnos respuesta y ya venció el plazo".
El acuerdo fue "sólo dar una semana más y, de no haber solución, empezarán los preparativos para movilizarnos y hacernos escuchar. Vamos a recuperar tierras en la zona Lacandona. Hay mucha gente que las tiene. Esta es la palabra que nosotros damos", explicaron los líderes indígenas.