La expropiación de Juárez
El 21 de marzo, más que un acto solemne por el bicentenario de Juárez, asistimos a una suerte de expropiación que hace la derecha de la imagen del oaxaqueño. El presidente Fox y Felipe Calderón se fabricaron un traje retórico que no era suyo, con el ánimo, me temo, de arrebatarle un símbolo a sus competidores más aborrecidos. Así están las cosas. Llamados a la unidad, loas al olvido: fraseología dispuesta a conveniencia para hacer de Juárez un bronce más, sin significado real en la vida cotidiana. Mientras, en la Cámara de Diputados, un grupo de legisladores panistas prepara una iniciativa de reformas para sustituir la "libertad de creencias" por la "libertad religiosa" y todo, claro está, en nombre de la ampliación del Estado laico que con aires de modernidad ahora sí defienden.
No debería sorprendernos, pues incluso la jerarquía católica se dice juarista, y sus portavoces liberales de alma y corazón. Pero el tema no es trivial. Se trata, reseña Gustavo Castillo en La Jornada, de un paso más para eliminar las trabas que aún impiden a los grupos religiosos apoderarse de los espacios públicos y la educación. Citado por el reportero, el jurista Clemente Valdés advirtió que dicha propuesta, "que parece ingenua, pero no lo es", llevaría a "suprimir el párrafo tercero del artículo 24 de la Carta Magna, eliminando los límites que han evitado la guerra mercadológica de las iglesias, es hacer del sentimiento religioso un artículo de propaganda, en lucha abierta por los espacios publicitarios". (La Jornada, 22/3/06).
No se requiere ser un jacobino para comprender que detrás de esta campaña por la "libertad religiosa" existe la pretensión de desnaturalizar al Estado laico y no, como se afirma, la simple extensión de las libertades fundamentales. Muchos de los juaristas de aluvión jamás han comprendido que la clave del Estado laico está en la convicción de que las creencias de los individuos son un asunto personal, privado, una cuestión sobre la cual ninguna autoridad puede incidir.
La oleada conservadora que agobia desde hace décadas a buena parte del mundo ha replanteado la cuestión de la libertad religiosa como un tema de derechos humanos, esto es, como una cuestión que el Estado debe proteger e incluso propiciar su reproducción. Se exige educación religiosa en las escuelas públicas y acceso indiscriminado a los medios electrónicos para modular los valores morales de la gente. Las iglesias toman partido en el sentido literal y las causas humanas se juzgan con criterio morales provenientes de la religión. Y todo en nombre del Estado laico que ya nadie, ni el Vaticano, desprecia. Pero ese no es el Estado laico ni el laicismo que necesitamos. La autoridad tiene el deber y la obligación de cumplir con la Constitución para que las creencias sean consideradas un asunto individual y las iglesias no metan las narices en asuntos que no les competen. Eso es juarismo. Lo otro, simple mercadotecnia electoral. *
Hay una suerte de unanimidad creciente para atacar a Andrés Manuel López Obrador en todos los frentes. Dicho, nada tiene de particular que los competidores más débiles se asocien, sobre todo si tienen coincidencias entre sí, para desbancar al tercero en discordia que, además, les aventaja en la preferencias del público. Eso, repito, sería hasta cierto punto normal. Pero lo que definitivamente es intolerable es que tal campaña sea dirigida y concertada desde las cúpulas del poder, con el aval de los intereses fácticos y la complicidad ejecutiva de la Presidencia de la República.
El jefe del Estado tiene derecho, cómo no, a defender su política, pero no puede hacer campaña militante contra uno de los competidores, menos cuando se juega deliberadamente a crear miedo, incertidumbre entre la ciudadanía y, al mismo tiempo, hipócritamente, se predica sobre la madurez democrática de las instituciones.
El nivel de hostilidad alcanzado por las campañas en las recientes semanas, cuando aún falta el trecho más difícil del proceso electoral, no augura nada bueno. Subir la temperatura de las acusaciones, divulgar injurias no es hacer juego limpio. Lástima que el Instituto Federal Electoral no vea riesgos en los anuncios de guerra a los que nos someten día y noche.