Entrevista a MARIO BEAUREGARD ALVAREZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL IPAB

Polémica por los negocios de Bribiesca dañó al IPAB

Pretende convertir en deuda pública pasivos por $705 mil millones

Políticamente el rescate bancario es un tema, pero desde el punto de vista legal el asunto está cerrado, asevera el titular del IPAB. Considera que el instituto debe trabajar para limpiar su imagen y convencer de que actuó legalmente

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

Envuelto en la controversia en los últimos meses, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) "ha sido dañado por la polémica" en torno a los negocios de uno de los hijos de Marta Sahagún de Fox, esposa del Presidente de la República. Así lo admite Mario Beauregard Alvarez, secretario ejecutivo del organismo, quien añade: "Por desgracia tenemos una serie de temas detrás de nosotros donde ha habido una contaminación de la parte política".

Para los siguientes meses la polémica en torno al Instituto quizá no concluya. En una entrevista con La Jornada, Beauregard Alvarez plantea la agenda que impulsará el IPAB: convertir en deuda pública directa los pasivos por 705 mil millones de pesos que arrastra desde el rescate bancario de hace una década, un tipo de iniciativa que ha sido rechazada varias veces en el Congreso; promover una ley de quiebras bancarias; y finalizar, este mismo año, la venta de los activos heredados del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

Para el secretario ejecutivo del IPAB, el tema del rescate bancario es asunto del pasado, algo que ya no forma parte de las tareas encomendadas por la ley al organismo. Es consciente de que el tema despierta controversia y de que ha sido abordado en la actual contienda electoral por los principales contendientes y en especial por el de la Alianza por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador.

-El candidato López Obrador ha declarado que piensa reabrir el caso del rescate bancario. ¿Es factible, es posible?

-Para nosotros el tema está cerrado. Existe la percepción de que esto no se ha revisado. Este tema ha sido revisado infinidad de veces por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, que depende del Congreso. Existe la percepción de que se pueden abrir porque nadie los ha visto. Desde el punto de vista técnico, legal, el tema está cerrado. Políticamente, ahora sí que podría ser un tema, pero nos tenemos que regir por el marco legal. Hacer cosas que no permite la normatividad, la ley que rige al IPAB, es también algo grave.

Hace unos meses, una comisión legislativa reveló que uno de los hijos de la señora Sahagún de Fox había hecho negocio con la compra a precio de ganga, unos 3 mil 500 pesos por unidad, de cientos de casas adjudicadas al IPAB como parte del proceso de rescate bancario. Manuel Bribiesca Sahagún aseguró en su momento que con Construcciones Prácticas, la empresa que compró esas propiedades, no tenía ningún vínculo de negocios. Algunos documentos exhibidos en la prensa mostraron lo contrario. El tema añadió una controversia más a la operación del IPAB.

-Uno de los activos que más defiende el IPAB es su credibilidad como responsable del seguro de depósitos. ¿Quedó afectada la solvencia del IPAB por el tema de Construcciones Prácticas?

-Creo que es un tema muy político. Esta operación también ya fue revisada por el órgano interno de control y no hay absolutamente ninguna violación a nuestra normatividad. Somos un organismo técnico y debemos basarnos en cuestiones técnicas para hacer nuestro trabajo. Políticamente, y por desgracia, tenemos una serie de temas de atrás donde ha habido una contaminación de la parte política. Cada vez que nos han requerido información o que demos explicaciones las hemos dado y hasta ahorita no se ha probado absolutamente nada.

Como sea, Mario Beauregard considera que una "función muy importante" del Instituto para el futuro es trabajar en mejorar su imagen y continuar con las explicaciones que sean necesarias "para que la gente entienda que todo se ha hecho conforme a la ley". Y apunta: "el IPAB debería ser una institución muy querida por la gente porque al final de cuentas su función es proteger los intereses de las personas que ahorran en los bancos. Pero existen todos estos temas que son sensibles políticamente hablando y que siempre causan este tipo de polémicas".

Deuda indeseada

Cuando el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario inició operaciones, el 21 de mayo de 1999, arrastraba en su balance todas las obligaciones de deuda contraídas sin autorización del Congreso por el Fobaproa durante la crisis bancaria de 1995. Una de las tareas en que se ha centrado la operación del Instituto es en administrar esa deuda, además de liquidar los activos que llegaron a su administración y, ya en cuatro casos a finales del año pasado (los bancos Quadrum, Anáhuac, Industrial y Sureste) pagar seguros por depósitos bancarios, lo que dejó su reserva en números rojos.

Es momento, considera Beauregard, de tratar nuevamente el tema de la deuda del IPAB, que asciende a 705 mil millones de pesos y representa 8.04 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Durante el debate legislativo en torno a la creación del IPAB y en la legislatura siguiente hubo varias propuestas de convertir los pasivos del Instituto en deuda pública directa, bajo el argumento de que su servicio sería menos oneroso. Siempre ha fracasado esta propuesta, aunque en la práctica la deuda del IPAB está garantizada en última instancia por el Estado.

"Toda la deuda, la que viene de atrás, está contaminando de manera muy importante la labor del Instituto", asegura.

El IPAB además de recibir recursos fiscales, obtiene dinero por el cobro de cuotas uniformes a los bancos, sin diferenciar si uno tiene más riesgo que otro. De esas cuotas, 75 por ciento es empleado para el pago de pasivos y 25 por ciento para los gastos de operación del Instituto.

Administrar la deuda actual del IPAB, dice Beauregard, ha impedido instrumentar un sistema de cuotas diferenciado por banco y nivel de riesgo. "A nosotros nos parece que el esquema de cuotas diferenciadas hace sentido. El problema es que hacerlo implica una reducción de ingresos del IPAB. En la medida en que el Instituto tuviera más recursos disponibles, lo que se lograría si le es retirada la deuda que heredó del Fobaproa, habría más dinero para tener la reserva en números negros. Este es un tema importante.

-¿Qué es lo que propone, al menos inicialmente?

-Desgraciadamente el tema es muy sensible, no es el momento adecuado para reabrir esta discusión.

Ley de quiebras

En la entrevista, Beauregard Alvarez propuso hacer adecuaciones en el marco legal vigente para el sistema financiero, con el fin de incorporar la figura de "quiebra" de una institución bancaria. Y, como aclara, no es que el IPAB esté viendo que vienen problemas de ese tipo con el desbordado incremento del crédito en los últimos meses. "Es parte del andamiaje que se debe tener", apunta.

Explica que en el país existe una Ley de concursos mercantiles, hecha para procesos de quiebra de empresas. Las características de los bancos, expresa, son otras muy diferentes. "Este es uno de los temas pendientes y a esta administración nos gustaría empezar a trabajar en una Ley de quiebras bancarias que sea especial, que tengamos a los expertos en la materia. Esto, para contar con los instrumentos necesarios precisamente para que no suceda lo mismo que hace 10 años, que vino la crisis y no existía regla institucional para hacerle frente. Entonces nos agarramos, ahora sí, de donde se podía para salir adelante".

Otro de los temas pendientes de resolución en el IPAB es la venta de activos heredados también de la crisis bancaria. Mexicana de Aviación fue vendida el año pasado y ocurrirá lo mismo con Aeroméxico en 2006, por hablar de los que representan más valor.

A finales de 2006, anticipa, el IPAB prácticamente habrá concluido con la encomienda legal de vender todos los activos que recibió del Fobaproa. Beauregard Alvarez defiende los montos de recuperación logrados por el Instituto.

Según datos derivados de los estados financieros del IPAB, los montos de recuperación por la cartera bajo administración del Instituto han sido, en promedio, de 14 centavos por cada peso vendido. Cuando se creó el IPAB, el entonces subsecretario de Hacienda, Martín Werner, aseguró que se recuperaría 33 por ciento.

"Las cifras son muy variadas", señala Beauregard. "En el camino se empieza a ver la problemática de lo que es una recuperación. Un ejemplo son las aerolíneas. Las teníamos desde un principio, pero nadie sabía que iba a haber un ataque terrorista. Ese proceso tuvo que dilatar años."

El año pasado, el Senado aprobó una ley, que está siendo revisada en la Cámara de Diputados, que permitiría a pequeños deudores que perdieron sus propiedades durante la crisis de 1995 "recomprar" a los precios promedios de venta sus créditos. Esta posibilidad ha sido defendida por organismos como El Barzón, aunque el secretario ejecutivo del IPAB no comparte ese optimismo.

"El tema es que nosotros prácticamente ya terminamos la venta de activos. Ya no hay créditos que se pudieran beneficiar (con esa ley) porque ya se vendieron, alguien ya los compró."