Debates y campañas
Aunque no hayan ocurrido cara a cara, la época electoral está llena de debates. Ocurren en los pronunciamientos de los candidatos, entre éstos y el gobierno federal o con algunos gobiernos estatales, pero también entre actores económicos y políticos. En realidad se trata de la discusión sobre la situación del país y sobre las alternativas para superarla. En ella un polemista fundamental está resultando Carlos Slim, quien ha propuesto y realizado una verdadera campaña por el Acuerdo de Chapultepec; luego ha presentado un enorme paquete de proyectos de infraestructura, ha chocado contra la ortodoxia económica y sus paladines, incluso ha ofrecido soluciones al problema de la distribución del agua en nuestro país.
La amplitud de los temas en que se ha embarcado da cuenta de sus intereses. Desde lo más general, el acuerdo propuesto "a toda la sociedad mexicana", va construyendo una especie de consenso que permitiría superar la parálisis nacional derivada del desacuerdo existente sobre la aplicación de las llamadas reformas estructurales. Sin reforma eléctrica, sin reforma fiscal basada en la generalización del IVA, y sin la reforma laboral pactada entre los charros y el gobierno foxista, propone inversiones que generen empleo y que, en consecuencia, puedan frenar el éxodo hacia el norte.
Entrando a proyectos específicos Slim ha planteado nuevas refinerías, carreteras, líneas férreas modernas, plantas químicas y petroquímicas, entre otros, basados en coinversiones público-privadas o en inversiones privadas que sigan a las públicas. Para que esto pueda lograrse es evidente la necesidad de un gobierno que opere con ideas distintas a las prevalecientes en el grupo que gobierna y que ha gobernado al país desde hace 24 años. Ello ubica políticamente su propuesta y, en consecuencia, le genera adversarios de diversa índole.
Uno ha sido Guillermo Ortiz, al que los corredores financieros han llamado el Greenspan mexicano, y quien desde su pedestal autónomo condenó las prácticas monopólicas y denunció que los precios de los servicios telefónicos son muy altos. Slim, contraatacó de inmediato, señalando que Ortiz no tenía autoridad moral para criticar y que, además, los verdaderos monopolios son los públicos, que tienen altos precios y funcionan ineficientemente. El asunto de los precios públicos, que ya había sido planteado por Andrés Manuel López Obrador, cobró nuevos bríos. Elías Ayub, director de CFE, dijo que sólo era posible bajar los precios si se subsidiaban los costos. Vicente Fox, como se ha vuelto costumbre, despotricó contra los populistas y los irresponsables que proponen reducir los precios de la energía eléctrica, gas y gasolina.
En el Acuerdo de Chapultepec, presentado en septiembre del año pasado, se señalaba que era necesario corregir dos precios claves: las tasas de interés, tanto de corto como de largo plazos, y los servicios públicos, junto con precios privados también competitivos. El planteo, entonces, era hacer esos precios claves competitivos internacionalmente, lo cual es inobjetable. Después de la intervención en el debate del director general de Pemex, quien dijo que, por supuesto, se podían reducir los precios públicos si se mejoraba la productividad, la polémica se ha resuelto. Felipe Calderón aceptó que había que reducir esos precios y que lo que le distinguía del planteamiento de López Obrador era que él lo haría responsablemente y el otro "al chilazo". De modo que ese debate se resolvió a favor de López Obrador y Slim.
Junto a este acuerdo, entre estos dos importantes actores también hay diferencias. Dos han resaltado: los sueldos de los altos funcionarios públicos y los salarios de los trabajadores en el próximo sexenio. Slim ha advertido que debe remunerarse adecuadamente a los funcionarios para evitar que se corrompan, acudiendo a la conseja común que señala que la gente se corrompe porque sus ingresos son insuficientes. El ejemplo del salinismo refuta esta visión. Para López Obrador el asunto es ideológico y, por ello, definitorio del tipo de gobierno que se propone a la nación.
El otro asunto es central: no es posible plantear "un desarrollo con justicia, con crecimiento y empleo" si no se proponen niveles salariales que empiecen a corregir nuestra enorme desventaja respecto a lo que se paga en los países con los que comerciamos. Así como las tasas de interés y los precios públicos deben ser internacionalmente competitivos, de igual manera los salarios deben acercarse a los canadienses y estadunidenses. Únicamente así será posible frenar el éxodo. Sin duda Carlos Slim podría incorporarse a este propósito. Tiene los recursos para hacerlo.