Rodríguez Zapatero vaticina un proceso de pacificación "duro, largo y difícil"
Tras casi 40 años de lucha ETA anuncia un alto el fuego permanente
La decisión sobre el futuro del País Vasco debe recaer en los ciudadanos de la región, dice el grupo armado
El gobierno autónomo aboga por un diálogo que incluya a la proscrita Batasuna
Ampliar la imagen Imagen del momento en que miembros del grupo vasco armado ETA anuncian un cese el fuego permanente, lo que abrió ayer la posibilidad a un proceso de solución al conflicto en el País Vasco Foto: Ap
Madrid, 22 de marzo. La organización separatista vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA) decretó hoy el "alto el fuego permanente", lo que abre las puertas a la posibilidad de un proceso de pacificación en el histórico conflicto del País Vasco, que en casi 40 años provocó más de 800 muertos.
El anuncio fue recibido con "esperanza y cautela" por los partidos políticos y la sociedad de este país. El presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, vaticinó un proceso "duro, largo y difícil", y manifestó su confianza en que "ahora nos una la esperanza", mientras el opositor y derechista Partido Popular (PP) dijo que la decisión de ETA representa "una pausa en la actividad criminal".
El gobierno autónomo vasco abogó por un proceso de diálogo del que no excluyó a la coalición abertzale (nacionalista) Batasuna, proscrita por Madrid por considerarla brazo político de ETA. Batasuna consideró la decisión del grupo armado de "enorme importancia política", y afirmó que "favorecerá" la resolución del conflicto en Euskadi.
Esperanza de paz
Es la primera vez en la larga historia de ETA que decreta un "alto el fuego" de carácter "permanente", lo que despertó aún más esperanza de que se alcance la paz definitiva en Euskal Herria.
Sentados en una mesa, ataviados con un pasamontañas y con banderas de Euskadi Ta Askatasuna (lema que conforma las siglas de ETA y que significa Patria Vasca y Libertad) y de Euskal Herria, tres miembros del grupo armado leyeron el comunicado de 26 líneas.
"Euskadi Ta Askatasuna ha decidido declarar un alto el fuego permanente a partir del 24 de marzo de 2006. El objetivo de esta decisión es impulsar un proceso democrático en Euskal Herria para construir un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos que como pueblo nos corresponden y asegurando, de cara al futuro, la posibilidad de desarrollo de todas las opciones políticas. Al final de ese proceso los ciudadanos vascos deben tener la palabra y la decisión sobre su futuro", sostuvo ETA.
Esta es la cuarta ocasión que se abre un proceso de diálogo entre Madrid y la organización separatista. La primera fue la negociación que sostuvieron en 1981 el gobierno de Unión Centro Democrático y y el aparato político-militar de ETA, y que derivó en la conversión de esta facción del grupo armado en el partido político Euskadiko Ezkerra.
En 1989, el entonces gobierno socialista de Felipe González negoció con la cúpula de ETA en Argel, las conversaciones fracasaron, por lo que el grupo separatista reanudó la lucha armada.
Por último, la negociación emprendida en 1998 entre el gobierno del derechista José María Aznar con ETA, que únicamente permitió el acercamiento de algunos presos vascos a cárceles de la región y la repatriación de centenares de refugiados. Pero, tras más de año y medio de tregua, el diálogo fracasó y dio paso a una de las épocas más violentas en la historia del grupo armado.
ETA, que lleva más de tres años sin perpetrar atentados mortales, añadió en su comunicado, respecto de la decisión sobre el futuro del País Vasco, que debe recaer en los ciudadanos de la región, que "los estados español y francés deben reconocer los resultados de dicho proceso democrático, sin ningún tipo de limitaciones. La decisión que los ciudadanos vascos adoptemos sobre nuestro futuro deberá ser respetada. Hacemos un llamado a todos los agentes para que actúen con responsabilidad y sean consecuentes ante el paso dado. ETA llama a las autoridades de España y Francia para que respondan de manera positiva a esta nueva situación, dejando a un lado la represión".
ETA convocó a los ciudadanos vascos a involucrarse en el proceso, con el objetivo de que "llegue hasta el final, y así conseguir una verdadera situación democrática para Euskal Herria, superando el conflicto de largos años y construyendo una paz basada en la justicia. Nos reafirmamos en el compromiso de seguir dando pasos en el futuro acordes a esa voluntad".
El comunicado de ETA concluye con una indicación clara sobre su disposición a firmar la paz: "La superación del conflicto, aquí y ahora, es posible. Ese es el deseo y la voluntad de ETA".
Tomando en cuenta la historia de comunicados de ETA, en esta ocasión hay varios cambios relevantes, pues este es el primero en que el grupo subraya la posibilidad de una "superación del conflicto", además de que a diferencia de las anteriores declaraciones en que hablaba de "tregua temporal o indefinida", ahora la organización armada decretó "un alto el fuego permanente".
El anuncio de ETA se produce dos años después de los atentados del 11 de marzo en Madrid, obra de una célula de Al Qaeda, pero que influyó de manera determinante en la estrategia de la organización armada y en la percepción de la violencia de las sociedades vasca y española.
El triunfo electoral del actual gobierno socialista ocurrió poco después de que, tras los atentados, el entonces gobierno derechista del presidente José María Aznar no sólo insistió en atribuir los ataques a ETA, incluso después de que Al Qaeda los reivindicó, sino que encabezó una campaña en medios españoles afirmando que las autoridades tenían pruebas de la responsabilidad de ETA.
El "alto el fuego permanente" es además la culminación de un largo proceso de pacificación por parte de partidos políticos, sindicatos y organizaciones pacifistas en el País Vasco, al tiempo que coincide con un momento de "enorme debilidad", según la policía española, de la organización armada.
El gobierno actuará con "prudencia"
En la sesión de control al gobierno, que todo los miércoles se celebra en el Congreso de los Diputados, el anuncio de ETA cambió el orden del día para conocer la postura del presidente español sobre el paso dado por ETA de cara a un proceso de paz.
Desde su escaño en el Parlamento, Rodríguez Zapatero señaló que su gobierno actuará con "prudencia", e insistió en la idea de que "todo proceso de paz después de tantos años de horror será largo y difícil".
Hizo un llamado especial a la unidad de todas las fuerzas democráticas: "Estamos ante una cuestión de Estado, y el gobierno va a hacer todo lo posible para que la abordemos entre todos. Lo necesita la democracia."
Posteriormente, el presidente del gobierno vasco, el nacionalista moderado Juan José Ibarretxe, tomó la palabra para expresar su apoyo absoluto al inicio de un proceso de paz y en la consolidación de una mesa de partidos políticos.
"A partir de ahora todos tenemos que trabajar para abrir definitivamente la puerta de un proceso de paz que suponga el final dialogado de la violencia hasta lograr su completa desaparición", dijo Ibarretxe, al añadir que "podría ser el comienzo de una fase preliminar de diálogo sin exclusiones".
En este sentido, el mandatario vasco señaló la situación de ilegalidad en que se encuentra Batasuna, el natural interlocutor del gobierno en un proceso de paz.
Por ello, Ibarretxe insistió en "concretar el calendario del proceso, los principios, la metodología y los contenidos del diálogo, para abordar con garantías la constitución de la mesa de partidos, cuyo objetivo será alcanzar un acuerdo integrador para la normalización política que será sometido después a consulta popular".
La única voz discordante con la ilusión suscitada por el anuncio de ETA fue la del dirigente del PP, Mariano Rajoy, quien consideró que el "alto el fuego permanente" es en realidad "una pausa pero no una renuncia a la actividad criminal". Rajoy se comprometió a tender la mano al gobierno para ayudarle a "no pagar un precio político a la paz", y añadió que el único anuncio realmente importante que ETA podría dar a la sociedad española es el de su "disolución".
La postura del PP contrastó con la declaración institucional realizada por los voceros de Batasuna, que señalaron que se abre una "nueva etapa política" en la que se aportarán "soluciones" al conflicto. Si bien los dirigentes abertzales instaron al gobierno español y francés a "asumir su responsabilidad" para "crear las condiciones y los impulsos para un proceso democrático en Euskal Herria".
El Partido Socialista de Euskadi solicitó a las fuerzas políticas españolas unidad para iniciar un proceso de paz "juntos y sin fisuras".
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, sostuvo que se abre una "nueva situación" que deberán "valorar" los jueces y fiscales implicados en procesos relacionados con el grupo armado, en alusión a la inminente comparecencia del líder abertzale, Arnaldo Otegi, en la Audiencia Nacional.
El juez Baltasar Garzón, responsable del sumario contra el llamado "entorno de ETA" y de la ilegalización de Batasuna, señaló que "en próximas fechas habrá una aproximación importante de presos hacia el País Vasco. Creo que eso será evidente, como tendremos ocasión de comprobar, y no creo que sea perjudicial para nada".
El ex presidente derechista, José María Aznar, del PP, criticó al actual gobierno socialista por intentar, según él, negociar con ETA, durante la presentación de un libro. "Mientras el gobierno socialista regresa a aquella visión, tan derrotista, del trato con los terroristas, el PP está señalando lo que está adelante: la posibilidad cierta y demostrada de que nuestra democracia le gane definitivamente la partida a quienes desde hace 40 años quieren acabar con ella".
Aunque minutos antes se conoció públicamente el cese del fuego permanente de ETA, Aznar no hizo ninguna reverencia directa a esta información y leyó el discurso que había preparado antes del anuncio.
En cuanto a la reacción de las asociaciones de víctimas de la violencia etarra, se volvió a evidenciar la división de posturas.
El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT, próximo al PP), Francisco José Alcaraz, señaló que se trata de "una trampa y chantaje al tratarse de un alto el fuego condicionado a que se cumpla su principal reivindicación, que es la independencia de la Comunidad Autónoma Vasca".
Alcaraz añadió: "Ahora el gobierno tiene que decir qué está dispuesto a pagar a ETA para que mantenga esta tregua".
En la misma dirección se pronunció el Foro de Ermua, que consideró el alto el fuego "un engaño", pues ETA "no renuncia, ni siquiera temporalmente, a la extorsión, al aprovisionamiento para futuras acciones terroristas ni al terrorismo callejero".
La presidenta de la Asociación 11-M, creada tras los atentados del 11 de marzo, Pilar Manjón, expresó su "inmensa alegría y confió en que esta "no sea una tregua falsa, como la de 1998", que duró sólo 14 meses.
El vocero de la asociación de defensa de los presos de ETA, Jean Francois Lefort, calificó de "muy positivo" el paso dado, y añadió que ahora "la pelota está en el tejado de los estados francés y español, les toca a ellos mover ficha y comprometerse de forma concreta en la resolución del conflicto".
La Iglesia católica española expresó su alegría, aunque el secretario y vocero de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, afirmó: "ETA debería anunciar su disolución y desaparición. Eso es lo que esperan los ciudadanos de bien", y reiteró que la Conferencia Episcopal está con las víctimas del terrorismo.
El presidente de la Generalitat catalana (gobierno regional), Pasqual Maragall, expresó su esperanza de que el alto el fuego de ETA sea "la última página de una pesadilla", además de declarar su apoyo "al presidente del gobierno español que ha hecho que todo esto sea posible".