Autoridades y ombudsman del estado avalan la práctica discriminatoria en Comalapa
Destierro en poblado de Chiapas a mujeres que se casan con fuereños
Si se quedan no tendrán servicios básicos ni educación para sus hijos, denuncian indígenas afectadas
Ocosingo, Chis., 22 de marzo. En la comunidad Bellavista del Norte, municipio de Frontera Comalapa, las mujeres no pueden contraer matrimonio con hombres de otros poblados, bajo pena de expulsión. Cinco mujeres que violaron el "acuerdo" fueron emplazadas para que a más tardar este 26 de marzo salgan de la comunidad.
Raymunda Robledo Rodríguez, Teresa de Jesús Gutiérrez Rodríguez, Evitalia y Hermilla López Morales, y María Amelia Ramírez Pérez llevan la amenaza a cuestas: dejan a sus esposos, abandonan el poblado junto con ellos o serán acreedoras a penas como pérdida de los servicios de luz, agua y educación para sus hijos en la escuela local. Lo que parece indiscutible es que perderán la tierra que les dejaron sus padres.
Bellavista es un pueblo habitado por aproximadamente 200 familias de mestizos que conviven a diario con centroamericanos que pasan rumbo al norte. Ubicado a 20 minutos de la cabecera municipal de Frontera Comalapa, muchos de sus habitantes varones también emigraron. Las opciones de las mujeres para contraer matrimonio son mínimas.
Esta situación se agudiza desde hace 17 años, cuando la asamblea de la comunidad -liderada por 35 ejidatarios- determinó que ninguna mujer podría contraer matrimonio, formar familia o tener vida de pareja con hombres procedentes de otros lugares.
Un homicidio, el pretexto
El pretexto fue el homicidio cometido por un fuereño que vivía en unión libre con una mujer de Bellavista. Ella fue la primera expulsada. Hace cinco años corrieron a Norma Morales y el año pasado a Evangelina Gómez Pérez.
El argumento de ahora no parece ser claro. Sin embargo, un grupo de campesinos, encabezado por Porfirio Robledo Morán, Heriberto y Carlos González quiere dar "un escarmiento" y emplazaron a las cinco mujeres y sus familias (en total 22 personas) a que salgan del poblado. No desean que ningún foráneo se establezca en el lugar.
Entrevistada en Ocosingo, Raymunda recuerda que hace ocho años decidió unirse a Juan Cruz García, originario del municipio de Ostuacán. El llegó a Bellavista a trabajar de agrónomo, y ella se enamoró de él. Los tres primeros años no tuvieron problemas, hasta que el padre de ella le donó un terreno para que construyera su vivienda. Fue llamada a la asamblea de ejidatarios donde se le avisó que debía abandonar el lugar.
"No estuvieron de acuerdo en que mi papá nos heredara un solar para construir nuestra casa. Nos querían obligar a firmar una carta en la que pusiéramos una fecha para salirnos. Amenazaban con privar el derecho de mi papá a la tierra si no nos íbamos y le pusieron una multa de 10 mil pesos. Tuvimos que salir por algunos años", cuenta la mujer, de 33 años, madre de dos niños.
En las asambleas -narra-, a los hombres les dicen que no dejen que sus hijas se casen con hombres de otros poblados y a las mujeres les piden que busquen maridos en la comunidad. Y si se casan les piden que se vayan. En cambio, la mayoría de los hombres sí tienen a sus esposas originarias de otros lugares, algunos se casaron incluso con centroamericanas.
Raymunda explica que hace dos años regresó a vivir al lugar; "empezaron otra vez las amenazas. Dicen que van a dar mi casa al ejido".
La historia se repite con Teresa, Evitalia, Hermilla y María Amelia. Una contrajo nupcias con un guatemalteco desde hace 25 años. "Lo aceptaron cuando hacía trabajos comunitarios, ayudó a construir la escuela, los caminos, pero ahora que compramos un pedazo de tierra nos la quieren quitar, nos quieren expulsar", explica Hermilla.
Las indígenas salieron del poblado a pedir ayuda. Cuentan que han acudido con representantes del gobierno del estado y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
No obstante, aseguran que el delegado de gobierno de Comalapa, José Luis Rodríguez, les "recomendó" abandonar su comunidad. La CEDH "incluso nos dijo que estábamos violando los acuerdos internos del ejido y, por tanto, deberíamos salirnos", explican.
Por medio del Centro de Derechos Humanos de la Mujer, organización no gubernamental con sede en San Cristóbal de las Casas, lograron interponer una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos.
Piden que se les respete su derecho a la posesión de la tierra, a decidir libremente con quién contraer matrimonio, "o al menos que nos dejen quedarnos ahí (en su comunidad de origen) hasta que nuestros hijos crezcan".