Jefe policial de Torreón fue despedido tras hallar pruebas contra el sospechoso

El asesinato de Carlitos Muñoz se mantuvo impune durante cinco años

El fiscal especial dio con el presunto infanticida en su ambiente de pornografía por Internet

BLANCHE PETRICH /II Y ULTIMA ENVIADA

Torreon, Coahuila. Ricardo Cisneros era procurador general de justicia del estado y compadre del papá del niño asesinado, Carlos Muñoz. En el sepelio juró esclarecer el crimen. Muñoz confiesa, siete años después: "¿Por qué Cisneros no hizo su trabajo, si era íntimo amigo mío? Por eso no contraté abogado, ¿cómo iba a desconfiar? Con un golpe de esos uno no razona; no puede admitir que haya gente tan mala". Hay un filo de desesperación en sus palabras. "Es la peor traición que ha sufrido en mi vida."

No sabía entonces que Cisneros era conocido de Enrique Busquets Casanova, el presunto asesino de su hijo de 12 años, ni tenía el menor indicio de la naturaleza turbia de esta relación.

Dos gobernadores -Rogelio Montemayor y Enrique Martínez y Martínez-, dos procuradores, Cisneros y su sucesor, Oscar Calderón, y una larga cadena de jueces, agentes del Ministerio Público (MP) y jefes policiacos se encargaron de que durante cinco años el infanticidio permaneciera impune.

Durante el mandato del procurador estatal Cisneros, la investigación del crimen registró irregularidades, errores y falencias. Entre otras, el "extravío" de las declaraciones ministeriales de los padres del niño, lo que impidió que el médico legista estableciera el cronotanatodiagnóstico del deceso de Carlitos.

Chivos expiatorios; testigos amenazados

A las pocas semanas del asesinato de Carlitos, un joven indigente y con discapacidad mental, José Alfredo García, El Greñas, fue obligado a declararse culpable. "Yo lo apuñalé", dijo. No había ninguna puñalada en el cuerpo. Pronto salió libre.

El único testigo, Andrés Rodríguez, un niño de 11 años que se dedicaba a lavar coches y que acompañó a Carlitos al Centro de Inteligencia Artificial, negocio de videojuegos propiedad de Busquets el día del asesinato, declaró, en tres ocasiones sucesivas, que se encontró en la calle a Carlitos y lo acompañó al negocio de videojuegos; que allí lo vio por última vez, junto a Busquets.

En el cuarto citatorio se retractó. El agente del Ministerio Público no le preguntó por qué. Hoy, Andrés tiene 18 años. En noviembre del año pasado acudió a declarar en el proceso que se le sigue al presunto infanticida. Y relató que hace siete años sus padres fueron amenazados de muerte y que por eso modificó en la cuarta declaración su versión inicial. En esta ocasión, ya un joven maduro, ratificó y amplió su primer testimonio. Pocos días después de esta diligencia, Busquets rechazó un careo con el joven Andrés.

Javier Gutiérrez Pesqueira era comandante de la policía municipal de Torreón en 1999. Fue quien acompañó a Carlos Muñoz a identificar el cadáver de su hijo. Sus primeras investigaciones lo llevaron a Busquets y al tema de la red de pederastas y de pornografía infantil. Pronto halló testimonios de adolescentes que frecuentaban el lugar que denunciaron hostigamiento sexual de Busquets.

El jefe policiaco declaró que Busquets le confesó "tener miedo de entregarse". Fue él quien contrató los servicios de peritaje del ex agente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) Salvador Rafael Escobar, quien aplicó a Busquets el detector de mentiras. El instrumento reveló que el sospechoso había mentido en sus declaraciones iniciales. El resultado de este peritaje también se "extravió". Además, Gutiérrez fotografió las huellas de las llantas de la Ram Charger de Busquets y las comparó con las que se registraron en el lugar donde fue arrojado el cadáver. Coincidían. El comandante incluyó esta prueba en el expediente. Al poco tiempo fue acusado de "obstruir la justicia", retirado del cargo y amenazado con una orden de arresto. También fue destituido el agente del Ministerio Público que integró la averiguación previa, Rafael Rosales. Todo esto ocurrió durante la gestión de Rafael Cisneros, compadre de Carlos Muñoz.

El último día de su mandato, el procurador coahuilense se despidió del cargo asegurando que Busquets no era el infanticida. Aun faltaba mucho para cerrar el caso.

El pasado lunes 13 de marzo el ex jefe policial acudió a un careo con Busquets. Allí sostuvo todas sus imputaciones y espetó al inculpado: "Tú nunca negaste haber matado al niño". Busquets intentó defenderse: "Pues si es así, tú protegiste a un criminal, porque me dijiste: pélate". Gutiérrez lo remató: "Y eso fue lo que hiciste. Esa es la prueba de tu culpabilidad".

El círculo de la impunidad

En su lugar, el nuevo gobernador Enrique Martínez designó procurador a Oscar Calderón, quien nombró a Francisco Woo Favela delegado de la Procuraduría General de Justicia en Torreón, y a Ricardo Sánchez Reyes, jefe de la Policía Ministerial. En ese momento -consideran Carlos Muñoz y su abogado- se cerró el círculo de la impunidad. Estos funcionarios se encargarían de completar la tarea de encubrimiento.

Estos hombres forman parte de un equipo que por años trabajó a la sombra del poderoso ex alcalde de Torreón, Salomón Juan Marcos Issa. El ex procurador Cisneros fue su secretario de Gobierno en el ayuntamiento y Woo Favela su director de Seguridad Pública. Su hermano Antonio Marcos Issa, industrial textil, fabricante de marcas de ropa pirata, ex diputado local y aspirante estatal al Senado, tiene vínculos con otro rico industrial de la comarca lagunera, Ernesto González Madero. De sus empresas algodoneras sale la mayor parte de los insumos para la cadena de fábricas de mezclilla de Kamel Nacif. En la administración de Martínez y Martínez le fue incautado un avión de su propiedad, operado por el narcotráfico.

Antonio Marcos es padre de Salomón Juan Marcos Villarreal, también textilero, socio de Kamel Nacif y propietario de cuatro jets, pese a la crisis que atraviesa la industria en La Laguna. Hace años que en la comarca lagunera expiró el famoso lema televisivo: "Cuatro millones de pantalones semanales". Pero las cuentas bancarias de Marcos Villarreal no parecen resentirlo. Su hangar privado, cerca del aeropuerto comercial, luce unas hermosas palmeras en la fachada.

La procuraduría estatal tardó más de dos años en integrar la averiguación previa. Mientras, dos jueces, Pedro Limón y Jesús Sotomayor, por consigna del Ejecutivo estatal, negaron sendas órdenes de aprehensión contra Busquets Casanova.

A principios del siguiente gobierno en Coahuila, el procurador Oscar Calderón intentó cerrar el caso Carlitos, declarando que quizá el niño había muerto jugando "luchitas" o tae-kwon-do. El escándalo se avivó y se vio obligado a nombrar un fiscal especial para el caso. Eligió al comandante Juan García Chapa.

García Chapa perteneció al grupo de elite antisecuestros del estado, el Grupo Alfa. Fue entrenado por el Mossad, agencia de inteligencia israelí, en Medio Oriente. Cuando le fue asignada la investigación del infanticidio había transcurrido ya año y medio y los trabajos llevaban "parados" al menos ocho meses. El peritaje del detector de mentiras y varios retratos hablados habían sido sustraídos del expediente. Nadie había interrogado todavía a la esposa de Busquets. Nadie había asegurado el lugar donde se sospechaba había sido cometido el crimen. El edificio ya había sido vendido. No había equipo ni material confiscado.

Con una oficina tan pequeña donde apenas cabía un sillón, sin presupuesto ni siquiera para pagar la electricidad, mucho menos un teléfono, García Chapa empezó a jalar el hilo. Rastreó el vehículo vendido por Busquets. Ubicó en un deshuesadero el asiento trasero original de la camioneta y ahí fue encontrada una fibra de la camisa que vestía Carlitos el día de su asesinato. Citó e interrogó por primera vez a Angélica María González, ex esposa de Busquets, quien proporcionó pistas invaluables.

Estudió la personalidad de Busquets hasta definirlo: sicópata, perfil homicida. Rastreó su itinerario desde que abandonó Torreón: Monterrey, Zacatecas, Durango, Camargo. Finalmente lo detectó en El Paso, Texas, donde abrió una cuenta con 40 mil dólares en el banco Wells Fargo. Pidió una orden de arresto y se lanzó, junto con un equipo de agentes, hacia la frontera. En el camino le llegó la mala noticia: el juez le había negado la orden de arresto. Perdió a su presa. Busquets se esfumó.

Pescado en la red

De regreso en Torreón, reanudó la cacería vía Internet. Con ayuda de un experto informático, peinó los sitios de pornografía buscando a algún usuario que diera el perfil de Busquets. Durante meses le siguió la pista, estudió su patrón de conducta en las páginas que frecuentaba, estableció su ubicación y empezó a chatear con él bajo una identidad falsa. Busquets mordió el anzuelo. Pronto García Chapa logró detectar la correspondencia del prófugo con sus abogados en Coahuila mediante un programa espía. Supo que se había mudado de Madrid. Y lo encontró en Blanes, Gerona. Corrió a avisarle al procurador Oscar Calderón su hallazgo.

"Y me dijo: 'Okey, pídeselo a la Interpol por Estafeta'. Sólo eso". García Chapa no se conformó. Junto con el padre del niño viajó a Monterrey para plantear el caso al cónsul de España. Por tratarse de un asunto de pederastia y pornografía infantil, la Interpol se interesó, se coordinó con la FBI. En septiembre de 2004 Busquets fue arrestado. En noviembre de 2005 se cumplió su extradición.

Hoy día, coinciden el abogado López Hernández y el comandante García Chapa, existen las mejores condiciones para que finalmente se haga justicia en el caso de Carlitos Muñoz. Las nuevas autoridades, encabezadas por el gobernador Humberto Moreira, no accedieron a quitar de su puesto a la jueza María Luisa Valencia. La familia tiene un mes para presentar pruebas y aprovechará esta oportunidad para citar a los funcionarios que intentaron proteger al presunto asesino.

García Chapa asegura que el objetivo tendría que ser llegar hasta el fondo y desarticular lo que parece ser fue el móvil del infanticidio: la red de pederastas del norte. "Pero el fin, por el momento, es hacer justicia en este homicidio."

Carlos Muñoz, tenso y contenido, asiente. Pero no termina de creer que estos avances recientes sean verdaderamente la luz al final del túnel. Sólo sabe que no descansará hasta que se haga justicia por el asesinato de su hijo, Carlitos, el de la bici verde que quería un videojuego de regalo de Reyes.