Transparencia sindical, ya
En el futuro se aclararán los motivos que tuvo el gobierno federal para imponer al sindicato minero una directiva que va en contra de la voluntad de sus agremiados y al gusto de los propietarios del Grupo Minero México, situación que le ha generado un inmenso costo político. Por ahora es urgente encontrar una solución inmediata a este conflicto, construida sobre la base del respeto a la decisión de los trabajadores de este gremio, únicos facultados para decidir quién debe encabezar su organización. Paralelamente, con la solidaridad a favor de los mineros, convendría pugnar por cambios integrales tendientes a una auténtica democratización sindical.
El sistema sindical mexicano es objeto de gran cuestionamiento en nuestra sociedad; resulta urgente un cambio de reglas. Buena parte de los problemas nacionales se enfrentan al viejo modelo de complicidades, en el que participan empresarios, gobiernos y los conocidos liderazgos que entienden al sindicato como un negocio personal. Jamás transitaremos hacia un modelo sindical moderno, sustentado como en otros países en la concertación productiva, en la protección laboral y en una cultura de responsabilidad compartida, si no rompemos ese círculo vicioso que tiene atrapado al mundo del trabajo. ¿Cómo hacerlo?
En los últimos 15 años se han venido planteando numerosas propuestas: suprimir el control estatal y patronal de los sindicatos; crear un registro público de sindicatos y contratos colectivos de trabajo; facilitar la participación de los trabajadores en la contratación colectiva; exigir voto secreto para la toma de decisiones, y modificar el sistema de justicia a partir de jueces imparciales. Estas sugerencias no han sido atendidas, en parte por temor al cambio, pero también por los grandes intereses involucrados en el actual sistema de control sindical, al que se adhirió desde sus inicios el gobierno foxista. Una de las propuestas que destaca de esta agenda laboral es la transparencia sindical y la rendición de cuentas.
El acceso a la información pública es reconocido como un derecho ciudadano indispensable para la vida democrática, también aplicable a los sindicatos. Sin embargo, los gobiernos y los líderes corruptos se resisten a toda medida tendiente a la transparencia, alegando razones de autonomía; saben que en la opacidad tienen cifrada buena parte de su control. El problema es tan grave que a la mayor parte de los trabajadores se les oculta el nombre y domicilio de los dirigentes que dicen representarlos, los estatutos de su sindicato, el nombre de los socios, y tampoco reciben información financiera, porque el dirigente-dueño se lo reserva para fines particulares. A favor de esta transparencia, es importante destacar el reciente pronunciamiento del más importante sector del sindicalismo, ahora agrupado en el Frente Nacional por la Unidad Sindical, por un registro público de sindicatos y contratos colectivos de trabajo (La Jornada, 23/III/06, p. 22).
En tres temas se podría avanzar sin necesidad de reforma legal alguna. El primero es el acceso a la información que obra en el área de registro de asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, publicitar aspectos básicos de la vida sindical como los estatutos, la lista de socios, procesos electorales, etcétera; esta información es negada incluso a los miembros de los sindicatos y se mantiene como secreto de Estado para encubrir a los líderes. Existe un criterio del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), sustentado el 31 de agosto de 2004 en el caso 448/04, con motivo de una queja de trabajadores de la llantera Uniroyal, resultado de la negativa de la STPS a otorgarles información. El IFAI sostuvo que era obligación de la secretaría poner a disposición de cualquier solicitante los nombres de los integrantes del sindicato y el contenido del registro de la directiva que otorga la propia autoridad laboral; consideró que al ser los sindicatos personas morales de interés público, y tomando en cuenta que otras sociedades netamente privadas se inscriben en un registro público del comercio, con mayor razón debería brindarse la información relativa al sindicato. Lamentablemente, este criterio no priva en la política de esa dependencia para peticiones similares; hacerlo sería un gran avance.
Un segundo aspecto es el contenido de los contratos colectivos de trabajo, los cuales son ocultados en los archivos de las juntas de Conciliación y Arbitraje, con el fin de mantener en secreto los contratos de protección patronal e impedir que los trabajadores formulen reclamos a sus líderes. Lo correcto sería que hubiera acceso público al contenido de dichos documentos, para que los trabajadores conocieran las condiciones de trabajo que en su nombre se han pactado, identificar las fechas de revisión y participar en las negociaciones.
La rendición de cuentas en materia financiera constituye el tercer aspecto. A ella está obligada la directiva de los sindicatos por disposición del artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo, que señala: "La directiva de los sindicatos debe rendir a la asamblea cada seis meses, por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. Esta obligación no es dispensable". Esta importante norma legal se encuentra en el olvido, como signo claro de la complicidad de los gobiernos con los sindicatos corruptos; fácilmente se podría instrumentar su cumplimiento, dotando a los trabajadores de un medio jurídico de denuncia para el caso de que se les negara dicha información.
La gran energía que la sociedad civil ha volcado a favor de la transparencia debe incluir el mundo del trabajo; este es un reto que a todos nos concierne, en la medida en que de una u otra manera todos somos trabajadores. Es imperativo que hoy, la transparencia laboral y la rendición de cuentas ocupen el lugar que merecen en la agenda del cambio.