Agentes de la SIEDO ingresaron con engaños al lugar
Denuncia la Cámara de Diputados a la PGR por violar el recinto parlamentario
La Cámara de Diputados interpuso la madrugada del sábado una denuncia penal ante el Ministerio Público Federal por la supuesta violación del recinto parlamentario por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), debido a que presuntamente este viernes "ingresaron con engaños" al Palacio Legislativo para entregar una notificación al diputado federal priísta por Tamaulipas Jesús Humberto Martínez de la Cruz, ya que este legislador ha afirmado públicamente haber sostenido reuniones con narcotraficantes.
En tanto, Martínez de la Cruz se comunicó con personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), para informar que el próximo martes se presentará ante la autoridad federal para aclarar sus supuestas reuniones con traficantes de drogas.
Fuentes de la PGR indicaron que el legislador se comunicó con funcionarios de la SIEDO, horas después de que se notificó en San Lázaro que era buscado para comparecer ministerialmente.
Así, por instrucciones de la presidenta de la mesa directiva, la diputada Marcela González Salas y Petriciolli, Felipe de Jesús Zamora Castro, director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, interpuso la denuncia contra los agentes policiacos "por violación al recinto parlamentario" ante la mesa 19 de la subdelegación de Procedimientos Especiales de la PGR, en la delegación metropolitana, a cargo de la agente del Ministerio Público Federal Julieta Erika Zavala Vázquez, ante quien acusó a los agentes de la SIEDO de ingresar al recinto parlamentario con engaños.
La cámara consideró en su alegato que con esta acción los agentes federales violaron los artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso General de México, que señala: "los recintos del Congreso y de sus cámaras son inviolables". Además, subrayan que ninguna autoridad puede ejecutar mandatos judiciales o administrativos en los recintos parlamentarios y contra sus legisladores. González Salas manifestó que "este hecho es una intromisión a la soberanía de uno de los poderes de la Unión". Ante este hecho, y con la obligación que le dicta el artículo 61 de la Constitución Política del país, la presidenta de la mesa directiva procedió, mediante la Dirección General Jurídica, a dar fe ante la autoridad federal.
Martínez de la Cruz es investigado por las autoridades federales por presuntos delitos contra la salud, debido a que, cuando fungía como regidor del ayuntamiento de Matamoros, el pasado 28 de febrero presuntamente pactó con el narcotráfico, y sugirió a la actual administración local hacer lo mismo para poner freno a la escalada de violencia.
Por ello se abrió en su contra la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDS/059/2006. En un comunicado de la Cámara de Diputados, Marcela González Salas reiteró su condena a esta "flagrante violación" perpetrada por funcionarios de la PGR, quienes "injustificadamente" lesionaron la relación entre los poderes de la nación, al no respetar "los procedimientos institucionales".