La sentencia incluye pedir su renuncia inmediata, cárcel e inhabilitación por el resto de sus días
Jurado popular halla culpable a Marín de abuso de autoridad y otros delitos
Cometió tráfico de influencias y ejercicio indebido de funciones en casos como el de Lydia Cacho
Puebla, Pue., 26 de marzo. Este domingo se realizó un juicio ciudadano contra el gobernador Mario Marín Torres, por el cual los integrantes del jurado popular encontraron al priísta culpable de los delitos de abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias y ejercicio indebido de funciones públicas, en casos como el de la periodista Lydia Cacho. La sanción impuesta fue la renuncia inmediata al cargo, cárcel para que responda por sus crímenes e inhabilitación para ocupar un cargo público ''por el resto de sus días''.
El tribunal popular entró en sesión alrededor de las 10 horas en el zócalo de esta capital. El jurado estuvo integrado por Eduardo Miranda, abogado de la Cooperativa Pascual; David Cilia, litigante; Pablo Franco, diputado federal del PRD; Ernesto Sánchez, de la Liga Mexicana Anticorrupción; Octavio García, de la Organización Multidisciplinaria para la Atención de Pueblos Indígenas; Jesús Cervantes, de la Unión de Juristas de México; Fausto Trejo, del Comité Prodefensa Democrática 1968, y el académico de la UNAM Enrique González.
Guillermo Rogelio García Romero fue el fiscal y presentó a varios testigos que relataron abusos de poder por parte del gobierno del estado, así como la aplicación selectiva de justicia, con lo que se benefició a empresarios. Entre los declarantes figuró Martín Barrios Hernández, defensor de los derechos humanos de trabajadores de Tehuacán.
Durante su participación, Barrios Hernández relató los abusos y violaciones a las garantías individuales de las que ha sido víctima, y además vinculó a Marín Torres con el textilero Kamel Nacif, denunciando que el gobernador inició una investigación en su contra por el delito de chantaje para atender la petición del empresario. Recordó que el 29 de diciembre de 2005 fue detenido y encarcelado, y que a pesar de que no se le comprobó ningún delito, estuvo consignado durante seis días.
''El gobernador es un delincuente; el que comete un delito es un delincuente, él mismo lo pronunció así (...) Quiero acusar a Mario Marín de haberme encerrado en la cárcel, de haberme puesto a disposición de un juez corrupto para complacer a Kamel Nacif Borge'', expresó el activista.
Después de escuchar las acusaciones, el jurado popular se dispuso a atender al defensor de oficio, Leopoldo Uribe García, quien fue asignado en el momento, porque Mario Marín no se presentó al juicio, desatendiendo el citatorio que se le giró días antes. El defensor alegó que el mandatario estatal es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, afirmación que recibió inmediatamente abucheos y rechiflas de los presentes.
Por último, se dictó la sentencia: ''Mario Marín es culpable (...) Que se le exija de inmediato la renuncia como gobernador del estado, que vaya a la cárcel y que responda por sus delitos; que quede inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por el resto de sus días''.