Presentan informe defensores de derechos humanos
Los activistas que atacan la impunidad, los más acosados
En 2005 los defensores de derechos humanos enfrentaron diversos contextos, nacionales e internacionales, que evitaron el pleno ejercicio de sus actividades, señala un análisis conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH).
En el informe, estos organismos mencionan que durante 2005, mil 172 activistas de 90 países sufrieron diversas formas de hostigamiento; de éstas, 117 fueron asesinatos, 92 casos de tortura, 56 agresiones físicas, 14 amenazas de muerte y 315 detenciones arbitrarias.
Las organizaciones refieren que el clima de la lucha antiterrorista, el fracaso de procesos de transición democrática en algunos países, la persistencia de conflictos y "graves violaciones" del derecho internacional humanitario, el resurgimiento de extremismos religiosos, la intolerancia y el aumento de las desigualdades generadas por la globalización han sido de las principales causas de agresiones, tortura y hostigamiento a defensores de derechos humanos en el mundo.
En la investigación conjunta denominada Observatorio para la protección de los defensores de derechos hsumanos -difundida hace algunos días-, afirman que muchos gobiernos "recurrieron ampliamente al arsenal legal para endurecer las condiciones de registro de las ONG, facilitar su suspensión o incluso su disolución. (Además) de limitar su acceso a financiamiento extranjero".
Agregan que los activistas más hostigados son los que luchan contra la impunidad, los que defienden a las minorías y los que exigen que se cumplan las garantías laborales, sociales, económicas y culturales.
En América Latina, dicen, los defensores de garantías fundamentales "continúan confrontados a una represión de violencia sin igual". El año pasado se suscitaron en la región asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y amenazas de muerte. Colombia fue el país en el que más activistas fueron asesinados, con 47. Además, en toda Latinoamérica se presentaron 55 procesos judiciales contra los observadores de los derechos humanos.
La investigación revela que en México se han violado las garantías de varios activistas. La OMCT y la FIDH señalan que 2005 representó un año más sin que se esclarezca aún el asesinato de Digna Ochoa y Plácido, además de que durante ese periodo se presentaron cinco asesinatos.
Manuel Hidalgo Espinoza, dirigente de Casa del Pueblo, organización que defiende el derecho a la tierra de los indígenas tzotziles, fue asesinado en Chiapas. Años atrás el activista había sido hostigado y amenazado por personal de las zonas de explotación forestal y paramilitares de la Alianza San Bartolomé.
Abelardo Peñalosa, de la Organización Ecológica de la Sierra de Petatlán, fue víctima de una emboscada en mayo de 2005 cuando viajaba con sus cuatro hijos, dos de los cuales murieron, asegura el texto. El 21 de junio de ese año también fue asesinado Octavio Acuña Rubio, integrante de la Asociación Querétaro de Educación para la Sexualidad; una semana antes de su muerte, el activista expresó su temor a ser objeto de represalias de la policía debido a sus múltiples denuncias contra abusos de agentes.
En julio y septiembre fueron asesinados Alfonso García, de la Organización Campesina de la Sierra Sur, y Tomás Cruz, de la comunidad de Huamuchitos, en Guerrero, respectivamente; ambos se habían caracterizado por sus actividades contra la construcción de la presa La Parota.
El informe agrega que también fueron hostigados, amenazados, detenidos o agredidos la periodista Lydia Cacho; la directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Eréndira Cruzvillegas; tres integrantes de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos; Gustavo Jiménez, de la Alianza Cívica-Chiapas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, entre otros.