El Estado cede derechos de propiedad sobre un hidrocarburo: Rodríguez Padilla
Iniciativa permitirá a la IP aprovechar el gas natural asociado a minas de carbón
Se pretende crear un mercado de gas nacional disfrazado de ''autoabasto'' y venta a Pemex
Con la reforma a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y a la Ley Minera, aprobada inicialmente en la Cámara de Diputados y actualmente en discusión en el Senado de la República, el gobierno pretende permitir que el sector privado pueda aprovechar el gas natural asociado a los yacimientos de carbón mineral, lo que en la práctica significa que el Estado cede derechos de propiedad sobre un hidrocarburo natural, alertó Víctor Rodríguez Padilla, investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El experto en temas energéticos y asesor en el Congreso advirtió que con esta iniciativa se pretende crear un mercado de gas nacional disfrazado de ''autoabasto'' y de servicio de entrega (venta) a Petróleos Mexicanos, sin establecer el derecho fiscal correspondiente, además de que se abre la posibilidad de integración vertical gas natural-electricidad, utilizando recursos de la nación para beneficio privado.
''Justificar la reforma argumentando salvaguardar la vida de los mineros es otro engaño, porque para eso no se necesita cambiar la ley, sino ventilar las minas correctamente tal como lo exige la regulación actual'', consideró el especialista.
En un amplio análisis sobre el negocio de producir gas natural a partir de yacimientos de carbón, Víctor Rodríguez Padilla explica que ventilar una mina es un procedimiento de seguridad para remover los gases presentes en túneles y cavidades, porque algunos son letales para los mineros y hasta explosivos como el metano. La ventilación se practica desde que la explotación artesanal cedió el lugar a la de tipo industrial en el siglo XIX.
En cambio la desgasificación, incluida en la minuta enviada al Senado, va más allá de la ventilación, pues no se trata de un procedimiento de seguridad sino de una actividad comercial, consistente, de acuerdo con el Departamento de Energía de Estados Unidos, en remover el gas metano contenido en las microestructuras del carbón para canalizarlo mediante tubería hasta la superficie y de ahí, sin necesidad de tratamiento previo, a los gasoductos de gas natural donde se mezcla con las corrientes contenidas de yacimientos de fase seco o de yacimientos de petróleo para su comercialización.
El doctor en economía de la energía por la Universidad de Grenoble, Francia, afirmó que la minuta va más lejos, pues no se limita a la ventilación y la desgasificación, sino que incluye la explotación de yacimientos de gas seco. Precisó que el volumen de gas obtenido mediante ventilación es pequeño por lo que no tiene valor comercial, en cambio la desgasificación masiva y el drenado de capas de gas es un negocio de miles de millones de dólares.
Rodríguez Padilla expuso que el costo de producir un pie cúbico de gas de minas de carbón es de sólo 3.5 dólares cuando el precio promedio del gas natural alcanzó 9 dólares en 2005, con picos de hasta 15 dólares. ''Ese diferencial de precios es lo que atrae a los promotores de la reforma legal. La renta potencial es de uno a cuatro, es decir, por cada dólar invertido se pueden obtener hasta 4 dólares de beneficio adicional''.
Un atractivo suplementario para los inversionistas privados, agregó, es la posibilidad de ligar esta reforma con las figuras contenidas en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, pues las empresas mineras podrían utilizar el gas extraído para generar energía eléctrica con fines estrictamente de autobasto, actividad lícita, pero también para realizar actividades inconstitucionales como la venta de electricidad a ''supuestas sociedades de autoabastecimiento'', o a los organismos públicos (CFE y LFC) a través de un permiso de producción independiente.
Víctor Rodríguez, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, advirtió que de aprobarse la minuta, empresas privadas podrían integrarse verticalmente, desde el yacimiento de gas hasta la venta de electricidad, maximizando rentas económicas para beneficio de los accionistas de dichas empresas.
El investigador de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM señaló que las beneficiarias son las compañías mineras que operan en el norte del país, especialmente el Grupo México, Peñoles, Autlán y Grupo Acerero del Norte (GAN), cuyos dueños tienen conexión directa con Carlos Salinas de Gortari.
''Hace cinco años, cuando el precio del gas estaba por las nubes, Alonso Ancira Elizondo (GAN) ya visitaba oficinas en el Senado de la República cabildeando una reforma para permitir al sector privado desgasificar las minas de carbón, pero pocos le hicieron caso porque se requería una reforma constitucional muy difícil de conseguir; meses después la operación se trasladó a San Lázaro''.
El consultor y asesor de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado y de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados aseguró que hoy se quiere hacer creer a la sociedad mexicana que el objetivo de la reforma es impedir la producción de gases de efecto invernadero y el calentamiento global de la Tierra, y que se avanzaría en el cumplimiento del Protocolo de Kyoto, del cual México es país signatario.
''Sin embargo, esas promesas son un engaño, porque si bien es cierto que el metano ya no sería liberado directamente a la atmósfera, también es cierto que de todos modos el carbono llegará a ella, pues será transformado en CO2 cuando se queme en los hornos y estufas de los consumidores''.
La minuta, dijo, tampoco establece un régimen fiscal aplicable y, por lo tanto, el reparto final de dicha renta. Además, el Estado no siempre gozaría de derechos de propiedad sobre el gas natural, pues sólo podría ejercerlos plenamente cuando el recurso fuera extraído lejos de las vetas de carbón mineral y en ausencia de actividades de la industria del carbón.