Los documentos de la fiscalía
Los trabajos de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) pueden y deben ser observados desde distintas perspectivas, ciertamente. Por su naturaleza esencial, primero desde la perspectiva jurídica, que no es simple, pues engloba la función ministerial: las integraciones de averiguaciones previas, consignaciones, procesos judiciales, interposición de recursos en segundas instancias. Un caso relevante fue haber logrado que la Suprema Corte de Justicia sentara un nuevo principio sobre las condiciones en que la desaparición forzosa no puede considerarse delito prescriptible. Quiero decir, finalmente, que el aspecto jurídico no es algo monolítico o uniforme.
De manera semejante, otras tareas de la fiscalía especial se han desarrollado en el establecimiento de contactos personales e institucionales con familiares de desaparecidos y con organizaciones sociales regionales o nacionales que pueden o deben observarse desde una perspectiva sociológica y política. Si bien en este caso se requiere también de personal con formación jurídica, deben realizarse tareas más amplias y diversas que solamente las vinculadas con el mundo ministerial o procesal.
Las tareas de investigación histórica también tuvieron que efectuarse en muy diversos campos y círculos: testimoniales, documentales, bibliográficos, policiacos, castrenses, antropológicos. El acopio de fuentes, fichas signaléticas, formación de expedientes, testimonios, es sólo una larga fase previa a la de su ordenamiento y distinta o concurrente al de su empleo en un documento final, cuya redacción capta a menudo solamente una parte de la información total obtenida o en proceso de recolección, cotejo y confirmación por entrecruzamientos de fuentes y testimonios.
En mi entrega de ayer afirmé que esta investigación realizada por los historiadores de la fiscalía, lograda a pesar de la falta de apoyo, de recursos, inclusive de sueldos, constituye un avance importantísimo en el esclarecimiento de nuestra memoria histórica reciente que no debe subestimarse, ocultarse ni mucho menos extraviarse. Subrayé que quizás está preparándose el terreno para minimizar esta documentación, en particular por la tardanza en asumir oficialmente sus resultados.
Pues bien, no sólo incluyo en esa sugerencia o en ese riesgo el documento final, elaborado por historiadores e investigadores de la fiscalía especial, que a su vez requeriría de una revisión jurídica por otros elementos profesionales de la Femospp. Incluyo, sobre todo, la información recabada por ellos, que no necesariamente está incorporada en el documento filtrado o en el entregado a autoridades, y que posiblemente esté inconcluso, interrumpido, o aún no ordenado o no protegido.
Estos materiales mínimos, aparentemente sin utilidad, pueden ser esenciales cuando son considerados por otros investigadores o analistas en situaciones posteriores o en casos aparentemente ajenos a los que motivaron su hallazgo o su primer registro. Daré algunos breves ejemplos de la importancia que en el caso de los sucesos del 2 de octubre del 68 tuvieron para mí detalles mínimos de algunos materiales fílmicos y de documentos desclasificados de Estados Unidos. Espero que estos ejemplos se asienten como una razón más de la necesidad de resguardar y situar en el Archivo General de la Nación o en un archivo universitario el material generado por los historiadores de la fiscalía especial.
Treinta años después de la matanza de Tlatelolco, ciertos documentos arrojaron luz sobre esos hechos. Primero, el material fílmico dado a conocer entre 1993 y 1999 por la Secretaría de la Defensa Nacional, por el Canal 6 de julio y por ciertos periodistas de televisión; segundo, 30 informes estadunidenses de inteligencia militar relacionados con el conflicto mexicano de 1968, desclasificados por el gobierno de Estados Unidos en 1998; tercero, algunos partes militares y ciertas confesiones del entonces secretario de la Defensa, general Marcelino García Barragán, dados a conocer en 1999 por Julio Scherer García y Carlos Monsiváis.
En sus documentos, por ejemplo, el general García Barragán afirma que el 2 de octubre de 1968 los planes para el Batallón Olimpia se acordaron a las dos de la tarde, sin que en ellos se incluyera la idea de que las fuerzas armadas intervinieran para disuadir personal y directamente a los manifestantes. Pero el general Hernández Toledo firmó a las tres de la tarde la "orden de operaciones número uno", que consigna la instrucción de intervenir pacífica, pero directamente, en la manifestación. La hora y las instrucciones son relevantes porque el general Hernández Toledo sufrió una agresión que fue tema de análisis de varios agentes de inteligencia estadunidenses.
En un reporte del 24 de marzo de 1969, por ejemplo, se comenta que un "informante" mexicano, posiblemente de las fuerzas armadas, asegura "que el general García Barragán no podía juzgar en ese momento (el 2 de octubre de 1968) si el general Ballesteros había confundido las órdenes o las había cambiado deliberadamente". Es decir, la "orden de operaciones número uno" ¿fue una instrucción del general Mario Ballesteros (a la sazón jefe del estado mayor de la secretaría) o fue verdaderamente una instrucción del general García Barragán?
En el más extenso reporte estadunidense sobre las principales intervenciones del Ejército durante el movimiento se afirma que los estudiantes fueron los primeros en disparar a matar, y consideran como evidencia la herida del general brigadier José Hernández Toledo, muy al principio del tiroteo, lo que también afirmó durante varios años el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz. Un diagrama de edificios y trayectorias de tiro hallado en los documentos del general García Barragán arrojó, sin embargo, otra luz importante que destaqué por otro aporte de documentos fílmicos.
En el Batallón Olimpia, documento abierto, de canalseisdejulio, aparecen siete individuos en distintas secuencias: apostados en el techo del templo, saliendo de él, corriendo por el costado poniente del convento, detenidos por un grupo de soldados. Estas escenas fueron tomadas por una cámara emplazada en el piso 19 de la torre de Relaciones Exteriores. El diagrama confirma esa posición de los francotiradores y proporciona otro dato inesperado (el diagrama aparece en la portada del libro que escribí para analizar estos documentos, Rehacer la historia): en el centro hay un triángulo negro que un recuadro identifica como "el lugar donde se exhortó por medio de un megáfono portátil". Se trata del punto donde se situó el general José Hernández Toledo; ahí pidió a los asistentes al mitin retirarse.
El general Hernández Toledo fue herido en la espalda por una bala de alto calibre con trayectoria descendente. Si vemos con detenimiento el diagrama, observaremos que la única línea que se intersecta con el triángulo negro proviene del techo del templo de Santiago Tlatelolco. El diagrama resuelve así un aspecto desconcertante de la agresión contra este militar: el disparo provino de un francotirador apostado en el techo del templo. Las cámaras emplazadas en el piso 19 de la torre de Relaciones Exteriores filmaron seguramente esta escena, pues las "pegaduras" de cinta Mylar en los cortes son visibles. El "original" fílmico no editado confirmaría el punto de partida de la agresión.
La documentación del general García Barragán es utilísima por la revelación de los francotiradores del Estado Mayor Presidencial, pero es insuficiente. Ante la magnitud de la emboscada al Ejército y a los estudiantes, ¿podemos referirnos a los oficiales del Estado Mayor Presidencial en cualquier sentido? Quizás debamos modificar el planteamiento de la siguiente manera: ¿qué elementos o qué secciones de ese órgano militar pudieron recibir órdenes de esa naturaleza? ¿Sería posible identificar un grupo de elite que antes y después de 1968 hubiera sido entrenado para acciones de choque, terrorismo o asalto al margen de sus cuadros regulares?
Algunos pasajes de los documentos del general Marcelino García Barragán sugieren que se trató de comandos de elite. Recordemos que en la rueda de prensa imaginaria afirmó: "Estos terroristas eran oficiales del Estado Mayor Presidencial, que recibieron entrenamiento para este tipo de actos, concebidos y ordenados por el entonces jefe del Estado Mayor Presidencial".
El desarrollo de estos comandos de élite y su transformación o función como antecedente de los grupos de choque llamados posteriormente los halcones y su intervención en el jueves de Corpus de 1971, así como los oficiales que los encabezaban, han ido aclarándose progresivamente por el tesón de la sociedad civil mexicana y de la generación estudiantil de ese tiempo, que no ha cesado de insistir en el despeje histórico, social, moral, político y penal de estos hechos inexcusables. Parte de esta investigación se encuentra no sólo en el documento presentado por los historiadores de la Femospp, sino en documentación que estará archivada y sirvió de sustento al guión expositivo. Esa documentación debe conservarse; no debe ser secuestrada ni desaparecida, como muchos mexicanos lo fueron durante la guerra sucia.