Migración: la reforma indispensable
Uno de los estados más ricos del vecino país del norte es California. Se le conoce como el granero del mundo. A sus puertos llegan de Asia por miles los automóviles que empezarán a circular en 2007. No es casual que allí se encuentre Hollywood ni el inmenso valle de San Joaquín. La clásica conquista del Oeste concluye en la avenida Brodway de Los Angeles, tan cerca de México y tan lejos de Estados Unidos. Si una crisis mundial golpeara la economía de todas partes, incluida la china, California sería el último estado en caer. Y el motor de California, no es ningún misterio, son los inmigrantes de origen latino.
Hace algún tiempo escribí en estas páginas que las naciones las hacen las personas, no los políticos ni las divisiones geográficas. Si Ecuador está en Madrid, Turquía en Alemania, Argelia en Francia, México en Houston, Chicago, Nueva York, es porque los migrantes llevan su música y su comida, su forma de vestir adonde sea. Adonde vayan sueñan, como teme Huntington, en español.
Hoy la economía de California, y la de Estados Unidos en general, está en peligro. Y no han sido terroristas los que han logrado ponerla en esa posición, sino los políticos que pretenden criminalizar a los trabajadores indocumentados en aquel país mediante la aprobación de la reforma de ley Sensenbrenner.
En días pasados casi un millón de personas se lanzaron a las principales avenidas de varias ciudades estadunidenses con carteles y consignas que, con algunas variantes, decían: ''Soy un trabajador, no un terrorista". En Los Angeles, una de las ciudades símbolo de la presencia de mexicana en Estados Unidos, se reunieron para protestar medio millón de personas según la policía y, en opinión de organizaciones independientes, casi un millón. Esto significa que en las pasadas dos semanas casi 2 millones de personas han salido a protestar contra esa ley en 14 ciudades de aquel país.
Algunos políticos y medios informativos de Estados Unidos no han querido darles importancia a esas manifestaciones de protesta. Ya se las darán cuando los paros o los boicots para consumir Pepsi, Budwiser y Bacardí causen estragos en el corazón de Wall Street.
Ni muros más altos ni la criminalización detendrán los flujos migratorios. La lucha contra el terrorismo en Estados Unidos debe considerar en primer lugar a sus políticos. Aprobar la ley Sensensbrenner puede resultar más peligrosa que otro 11 de septiembre. ¿Se imagina deportar a 10 millones de indocumentados, muchos de los cuales tienen hijos que ya son ciudadanos de aquel país? Y ¿de dónde sacarán los 7 millones de dólares que anualmente aportan los indocumentados que no pueden cobrar sus aportaciones al seguro social? Ese dinero ''irrecuperable" se va a un fondo que sirve para financiar a los jubilados de aquel país.
Aprobar la ley Sensenbrenner sería una locura. Peor, quizá, que la invasión a Irak. Sin minimizar los actos de barbarie practicados en ese país árabe por las tropas estadunidenses, no es lo mismo incendiar el desierto que se encuentra a miles de kilómetros que incendiar las ciudades de casa. No es casual que en las protestas de hace unos días hayan participado el alcalde de Los Angeles, Antonio Villaraigosa, de ascendencia mexicana, ni el gobernador de Illinois, Rob Blagojevich, quienes conocen la importancia de los trabajadores indocumentados para la economía y saben los riesgos que su país podría enfrentar si se les criminaliza.
No es improbable que esas protestas sean el inicio de un movimiento social amplio, similar al de los negros encabezados por Martin Luther King. Las manifestaciones multitudinarias en varias ciudades de aquel país son una clara muestra de que los políticos de uno y otro lado de la frontera no han sabido descifrar las necesidades e intereses de la gente común.
Si los políticos de aquí y de allá no valoran que una injusticia abrirá la puerta a otras, las personas se los recordarán. Hace tiempo que la clase política en todo el mundo ha perdido contacto con los ciudadanos. Por eso Aznar pretendió tontamente engañar a los españoles y perdió la presidencia, por eso los franceses se oponen a la propuesta del primer ministro Villepin que permitiría a los patrones echar sin motivo justificado a los jóvenes durante los dos primeros años de trabajo, por eso el abstencionismo en México alcanza 60 por ciento, por eso algunos congresistas en Estados Unidos creen que con la ley Sensenbrenner se garantizaría la seguridad de nuestros vecinos norteños. Si bien es cierto que las sociedades para sobrevivir deben reformarse, también lo es que, por lo menos en nuestro tiempo, las reformas más urgentes son las de las clases políticas y sus formas de operar.