Las irregularidades responsabilidad del Ejecutivo suman $26 mil 704 millones: ASF
Detectan anomalía por $33 mil 157 millones en la cuenta pública 2004
Acusan a la Corte de impedir la reducción del costo fiscal del rescate bancario
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que en el cuarto año de gobierno de Vicente Fox continuó la opacidad y las deficiencias en el ejercicio del gasto, que implican un presunto daño a la hacienda pública por 33 mil 157 millones de pesos, de los cuales 26 mil 704 millones son exclusivamente por irregularidades en el Poder Ejecutivo. Además, la auditoría responsabilizó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de impedir la reducción del costo fiscal del rescate bancario.
Al entregar el informe de la revisión a la Cuenta de la Hacienda Pública 2004, el órgano fiscalizador informó a la Cámara de Diputados que la entidad con mayores observaciones fue Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias, en las que se encontraron diversas irregularidades por el manejo de sus inversiones en el extranjero, así como un efecto económico negativo por más de 8 mil millones de pesos.
También resaltó que se revisa con atención el presupuesto de los estados y municipios, ante la posibilidad de que desde 2004 se hayan desviado recursos para apoyar las campañas electorales de 2006. Sólo en el estado de México se detectó el desvío -durante la gubernatura de Arturo Montiel Rojas- de 2 mil 790 millones de pesos, provenientes de transferencias a estados y municipios, para el pago de la nómina del magisterio estatal.
El auditor Arturo González de Aragón alertó, en el reporte a la Comisión de Vigilancia de la ASF, que ese y otros rubros -como los proyectos de infraestructura financiados con Pidiregas, los donativos de recursos públicos a entidades privadas y los pagos irregulares a los funcionarios del foxismo- representan distintos grados de riesgo, por la falta de transparencia, deficiencias en el cumplimiento de objetivos y metas, falta de control, lo que, a su vez, deriva en el manejo no transparente de los recursos públicos.
Afirmó que en algunas áreas del gobierno "se requiere combatir diversos grados de opacidad", y en el informe entregado a los diputados se puso como ejemplo claro de esto, la decisión de la Secretaría de Gobernación de mantener en reserva la información sobre el resultado de la auditoría excepcional iniciada por el presunto desvío de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), ocurrido durante la dirección de Carmen Segura Rangel, inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública para ejercer cualquier cargo público.
En este caso, la ASF confirmó que el Fonden entregó bienes de las reservas estratégicas de 2003 y 2004 a estados no declarados en emergencia, se realizaron compras directas de medicamentos a precios superiores al promedio, y no hay soporte documental de la entrega de dichos bienes.
Presiones al gasto
El órgano de fiscalización concluyó que de los conceptos que integraron el gasto neto devengado en el cuarto año de la Presidencia de Vicente Fox, cinco rubros representaron 67.7 por ciento del total.
Esto, definió, provocó rigidez en el manejo de la política de gasto, ya que al constituir erogaciones impostergables impidieron satisfacer las necesidades de inversión pública en infraestructura básica y productiva.
Los rubros que presionaron el gasto fueron: servicios personales, 518 mil 975.3 millones de pesos, es decir, 28.8 por ciento del gasto; participaciones a entidades federativas y municipios, 239 mil 890.2 millones de pesos; intereses, comisiones y gasto de la deuda, 161 mil 893.9 millones de pesos; subsidios y transferencias corrientes, 152 mil 440.3 millones de pesos; y pensiones, 148 mil 10.6 millones de pesos.
Además, el auditor informó que persisten las deficiencias en el sistema contable gubernamental, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no registra los activos del gobierno, es decir el patrimonio del gobierno federal, y ello deriva a su vez "en la pérdida de los bienes".
Respecto de los ingresos registrados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por el cobro del derecho de trámite aduanero (DTA), la ASF dijo que si bien Hacienda ya constituyó un fideicomiso público, sólo devolvió 2 mil 457 millones del Fideicomiso Aduanas 1, de los 10 mil millones de pesos que resultaron de las observaciones del órgano fiscalizador.