Jesús Martínez Saldaña *

¿Y nuestra política migratoria?

Las megamarchas que se han realizado estos días en Los Angeles, Chicago, Denver, Las Vegas y otras ciudades estadunidenses están dejando muchas lecciones a los mexicanos en ambos lados de la frontera.

Sin duda alguna, las movilizaciones masivas han llevado al ámbito nacional del vecino país algo que se vislumbró por primera vez en California en 1994, durante la lucha contra la proposición 187: la gestación de un nuevo movimiento pro derechos civiles, esta vez enfocado en defender y promover los derechos de los migrantes, independientemente de su situación legal.

Al igual que otros movimientos sociales, el actual incluye a un sector social desprotegido y generalmente pobre, que históricamente ha sido excluido de procesos electorales en México y Estados Unidos, y que cuenta con pocos recursos para influir en la vida política tradicional. Su fuerza radica en el número de personas que pueden integrarse a las actividades, aunque en esta ocasión se dificulta todavía más porque muchos de los millones de potenciales miembros son indocumentados, temen a las autoridades, no hablan inglés y tienen un conocimiento limitado del sistema político estadunidense.

Hoy en día los enemigos a vencer no son únicamente autoridades estatales, como el ex gobernador californiano Pete Wilson, sino las fuerzas nacionales que impulsan reformas como la HR 4437, mejor conocida como inciativa Sensenbrenner, que en diciembre pasado fue aprobada por la Cámara de Representantes.

Los activistas han enfrentado muchas desventajas. Desde hace varios años el debate migratorio se ha desenlazado dentro de los parámetros establecidos por el discurso propuesto por las fuerzas anti-inmigrantes, incluyendo a reconocidos intelectuales, autoridades de todos los niveles, medios de comunicación, organizaciones extremistas y políticos ambiciosos. No obstante, desde el sábado 25 de marzo la situación ha cambiado. Con la capacidad de movilización que se ha demostrado en las marchas hasta hoy realizadas, los activistas han ganado la posibilidad de influir de manera decisiva en el debate nacional sobre migración. Ya es impensable ignorarlos o considerar que aprobar una reforma tan nefasta como la iniciativa Sensenbrenner no tendrá costos políticos considerables en la actualidad o en el futuro inmediato.

Lo ocurrido en California en la década pasada merece ser recordado. En 1994 el electorado californiano aprobó la proposición 187. Sin embargo, en los años posteriores Pete Wilson y otros políticos que la impulsaron cosecharon la ira de la población latina y de otros sectores sociales, sufriendo derrotas políticas a grado tal que ya nadie deseaba vincularse políticamente con ellos. Wilson se había convertido en el peor enemigo de su propio Partido Republicano. Algo parecido puede ocurrir ahora a escala nacional si los migrantes y sus aliados saben aprovechar el potencial del movimiento que se ha extendido a lo largo y ancho de Estados Unidos.

El desenlace del movimiento también debe llevar a la reflexión a las autoridades mexicanas. Además de la transformación del debate estadunidense sobre migración, y a diferencia de otras movilizaciones sociales que se han desarrollado recientemente en el vecino país, el actual movimiento de migrantes tiene una dimensión trasnacional que rebasa las fronteras de Estados Unidos y presenta un innegable desafío para México, lugar de origen de muchas de las mujeres y hombres que constituyen la dirigencia y membresía del nuevo fenómeno socio-político.

Ante los logros de los migrantes mexicanos en Estados Unidos es inevitable preguntar: si nuestros connacionales están cumpliendo con su deber de organizarse, movilizarse y defender sus derechos, ¿qué debe hacer el gobierno mexicano? ¿Han definido las autoridades de nuestro país los intereses nacionales en torno a la migración internacional y, concretamente, ante la situación actual en Estados Unidos? ¿Cuáles son esos intereses? ¿Se puede decir que tenemos una política migratoria de Estado? ¿Qué lugar le hemos dado a nuestros migrantes para elaborar nuestras propias políticas migratorias?

Me parece que las autoridades mexicanas todavía no están a la altura de las circunstancias.

Hace dos décadas viajé a la Universidad de California, en Irvine, para asistir a una conferencia académica sobre migración mexicana. En esa ocasión escuché por primera vez al investigador Manuel García y Griego argumentar que el gobierno mexicano de ese entonces tenía una política migratoria de no tener una política migratoria.

Nunca antes, ni después, se ha conceptualizado de manera tan clara y contundente nuestra tradición de negligencia acerca de la migración de nuestros ciudadanos a Estados Unidos.

Hoy, 20 años más tarde, podemos hablar de algunos logros en materia de migración (programa 3 x 1, oficinas estatales de atención al migrante, voto de algunos migrantes en la elección presidencial de 2006), pero seguimos careciendo de una respuesta adecuada, realista e integral. Justo lo que nos gusta criticar a Estados Unidos.

Un esfuerzo reciente para avanzar en este tema ha sido el documento México frente al fenómeno migratorio, elaborado por funcionarios del Poder Ejecutivo Federal, diputados y senadores, académicos y representantes de algunas ONG. El documento ofrece una propuesta de principios y recomendaciones para abordar el tema migratorio. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprobaron puntos de acuerdo respaldando el texto y, más recientemente, fue publicado en medios estadunidenses y nacionales para demostrar que existe un compromiso nacional sobre la migración, que ya no deseamos seguir teniendo una política migratoria de no tener política migratoria.

Sin duda alguna, México frente al fenómeno migratorio es un logro importante que puede servir como punto de referencia para desarrollar lo que pudiera ser una política migratoria de Estado. Sin embargo, en el documento resalta una gravísima deficiencia que esperamos sea corregida a la brevedad: la notoria ausencia de nuestros migrantes en la lista de colaboradores.

Tal situación debe alarmar a cualquier persona que se preocupe por crear en México un régimen democrático, incluyente y participativo. ¿Acaso no había entre los millones de nuestros migrantes persona alguna con capacidad o méritos suficientes para participar en el grupo de trabajo que elaboró el documento? ¿Seguimos pensando que es mejor continuar con respuestas paternalistas y excluyentes, porque autoridades y expertos saben lo que es mejor para los migrantes?

Nuestros migrantes y la situación política en Estados Unidos nos indican que es urgente avanzar en el desarrollo de una respuesta adecuada que, como nación y gobierno, debemos formular ante el fenómeno de la migración internacional y ante la siempre compleja y difícil relación con el vecino del norte. Los migrantes están demostrando que tienen mucho que ofrecer y que su ausencia de nuestra vida cotidiana o discusión política sólo puede considerarse como una grave pérdida para México.

Por cierto, aparte de declaraciones ocasionales ante la prensa, ¿cuáles son las propuestas de los candidatos presidenciales acerca de la migración mexicana a Estados Unidos? ¿Qué han hecho para incorporar a los migrantes a su proyecto de nación?

* Migrante y diputado en el Congreso del estado de Michoacán

email: [email protected]