La ley de radio y televisión
Pareciera que hoy, aquí, en este honorable cuerpo colegiado, se dará el fenómeno que los teóricos denominan la "captura del Estado", que básicamente define la cooptación de gobernantes y todo tipo de servidores públicos por parte de empresas interesadas en influir en su beneficio en la formulación de leyes y en la orientación de políticas públicas. O de manera inversa, para bloquear reformas que pudieran reducir o poner en riesgo los privilegios que se pretenden. Hoy, aquí, se patentiza la validez de esta teoría de la "captura del Estado". Y estamos aquí, inmersos en esa lucha, en la que me niego a ser parte de los elementos capturados para beneficio de unos cuantos y dejar con una sola canción, perenne, perpetua, al pueblo de México, como tan elocuentemente plasmó la campaña de diversas radiodifusoras y televisoras culturales el día de ayer.
Ha sido una constante en este sexenio privatizar ganancias, socializar pérdidas y hacer negocios privados con los bienes públicos. En estos ya casi seis años de ejercicio legislativo en el Senado de la República hemos pasado por muchos tragos amargos, porque el "gobierno del cambio" una y otra vez ha ido entregando irracionalmente las más importantes facultades de rectoría del gobierno a manos privadas.
Es éste un país social y económicamente estrangulado, al que ahora finalmente se le aplica la puntilla a su desmantelamiento concentrando la información electrónica en unas cuantas manos, actividad hasta hoy tutelada por el poder público y, sin más, transferida al poder privado, robusteciendo a los medios electrónicos, en donde la información masiva servirá cada vez más para moldear la opinión popular al arbitrio de los deseos del nuevo dueño: la orientación del poder público.
No es justo para el país que el Ejecutivo federal, en su carácter de cabeza del aparato fundamental del Estado mexicano, renuncie a ejercer el poder público declinando su responsabilidad ante el pueblo que gobierna, al ceder su función de regulador de la información en radio, televisión y telecomunicaciones a los más poderosos concesionarios en estas materias, precisamente en el delicado tránsito hacia la digitalización de las mismas, lo que implicará una verdadera revolución tecnológica y la mayor concentración del poder, como siempre, en unas cuantas manos y en detrimento del colectivo nacional, del pueblo de México. Esto se constituye en una cesión más de poder.
Terrible hoy, cuando nadie puede negar que la democracia de México ha avanzado con la democratización de los medios, estimulando la pluralidad y la diversidad se anticipan a la realidad social; que con información veraz se han legitimado ante mayorías empobrecidas y excluidas; ciudadanos que ven esperanzados los programas en que se debaten todas las ideas y se respetan todas las opiniones; medios en donde la censura quedó excluida; medios en donde la condición de lucro no está reñida con el servicio a la sociedad civil. Este avance democrático, entre otras cosas, es lo que pretende cancelar la monopolización que fomenta esta ley, simplemente porque ésta no es compatible con la comunicación libre y plural.
Es lamentable que el Estado eluda así su responsabilidad de tutelar el interés público para contar con medios que permitan difundir información veraz, educar al pueblo y coadyuvar en el proceso participativo y la labor social.
Se avanza, pues, en el debilitamiento del Estado para beneficio del poder financiero, económico y mediático, y se deja en el desamparo a los permisionarios independientes, al cerrarles la puerta para adquirir nuevas concesiones, condenándolos al atraso tecnológico y a la inminente desaparición, en virtud de que la convergencia digital será sólo para los medios privados, ya que los candados de esta ley son imposibles de abrir, no obstante la iniciativa paralela que recientemente se presentó en esta tribuna, de la que se ignoran los tiempos y el destino procesal para su aprobación.
Sin duda, esta es una de las pretensiones de la monopolización de los medios: acabar con emisoras independientes, libres, educativas, ciudadanas, comunitarias, participativas. En fin, acabar con la democracia en la comunicación.
Es por eso que ayer, con gran imaginación, al tocar una sola canción, las estaciones radiodifusoras que conforman el Instituto Mexicano de la Radio (Imer) expresaron su rechazo, en virtud de que el dictamen que ahora está sujeto a discusión no reconoce medios públicos como éste. Si se aprueba la ley, Canal 11, Canal 22, Radio Educación, el Imer y todas las radios y televisoras universitarias estatales, así como las radios comunitarias, quedarán sin las condiciones básicas para cumplir con su importante función social. A su queja válida se incorpora el hecho de que las propuestas formuladas durante los cinco foros de consulta con expertos, académicos, radiodifusores independientes, concesionarios y diversas instituciones a las que el Senado convocó, no se incluyeron en el dictamen.
Con el voto en favor condenaremos a los mexicanos a vivir en una dictadura informativa que, como cualquier otra dictadura, se erigirá no con la legitimidad que le brindan los votos ciudadanos, sino con el poder económico y mediático que, de aprobarse, esta ley le concederá. Volverá sin duda el esquema de aquel viejo programa Eco, que duraba las 24 horas del día, y así, siempre igual. Por eso, para no regresar a ese tiempo, para no lesionar los derechos de los tamaulipecos y de los mexicanos a una vida más plena, plural e informada, mi voto será en contra.
Discurso de la legisladora el pasado jueves ante el pleno del Senado