James Petras y Robin Eastman-Abaya

Filipinas: el matadero de Asia

Desde que la presidenta Gloria Macapagal Arroyo se unió a la campaña global de Estados Unidos "contra el terrorismo", Filipinas se ha vuelto campo de una guerra no declarada contra campesinos y sindicalistas, disidentes políticos progresistas y legisladores, activistas y abogados por los derechos humanos, dirigentes feministas y una amplia gama de periodistas de los medios impresos y electrónicos. Dados los vínculos entre el ejército, el régimen y los escuadrones de la muerte, los asesinatos políticos se cometen en una atmósfera de impunidad absoluta. La vasta mayoría de ataques ocurren en el campo y en las ciudades del interior. El reino del terror es similar en amplitud y profundidad al de Colombia, con la diferencia de que el terrorismo del Estado filipino no ha atraído suficiente atención internacional.

Entre 2001 y 2006 el centro independiente de derechos humanos Karapatan y el Instituto de Educación e Investigación del Trabajo, ligado a la Iglesia católica, han documentado cientos de asesinatos, desapariciones, amenazas de muerte y casos de tortura. Desde que Macapagal llegó a la presidencia, en 2001, se han documentado 400 ejecuciones extrajudiciales. En 2004 asesinaron a 63 personas y a 179 en 2005, año en que también desaparecieron otras 46, cuya muerte se presume. En los primeros dos meses y medio de 2006 se han documentado 26 asesinatos políticos.

Un análisis por clase social y antecedentes de los caídos en este terrorismo sistemático en 2005 demuestra que el grupo más numeroso, unos 70, fueron campesinos y líderes agrarios involucrados en disputas de tierras y de trabajo agrícola. Invariablemente el ejército ha acusado a esas personas de tener vínculos con las guerrillas comunistas o con separatistas musulmanes, o ser simpatizantes de ellos. Entre las víctimas han estado miembros de la asociación nacional de campesinos, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP), así como líderes campesinos minoritarios que protegen sus tierras en Igorot, Agta y Moro. Una notoria matanza ocurrió a fines de noviembre de 2005, cuando 47 campesinos y sus representantes legales realizaban una asamblea referente a una disputa de tierras en Palo, Leyte y las Visayas. Una gran fuerza militar rodeó la asamblea y la atacó, dando muerte a nueve campesinos y arrestando a más de una docena. Otros 18 "desaparecieron" y se presume que han muerto.

Los trabajadores y líderes sindicales ocupan el segundo lugar en víctimas de asesinatos (por lo menos 18 en 2005), sin incluir a los que se da por muertos. Miembros de la federación nacional Kilusan Mayo Uno, del sindicato de trabajadores de la Nestlé, de la Central Azucarera de Tarlac, de la Federación Negros de Trabajadores Azucareros, un dirigente de la Asociación de Empleados de la Secretaría de la Reforma Agraria, líderes del sindicato de empleados universitarios regionales y varios militantes de la compañía eléctrica y la de autobuses fueron asesinados en 2005.

A principios de ese año, 26 detenidos musulmanes inermes en una prisión militar de Manila fueron tiroteados cuando protestaban contra su detención prolongada y arbitraria, sin una fecha para ser juzgados y bajo horrorosas condiciones de encarcelamiento. En su mayoría eran vendedores, campesinos y pescadores desplazados que vivían con sus familias en Manila. Se les acusó de ser miembros de la banda de secuestradores Abu Sayaf, pero nunca se les consignó a un juez.

Siete periodistas y escritores de medios impresos y de radio fueron asesinados en 2005, así como siete abogados y jueces involucrados en casos de derechos humanos, laborales y disputas de tierras. Entre la comunidad religiosa hubo tres asesinatos de clérigos y siete de trabajadores de iglesias, todos participantes en trabajos de defensa de los pobres, los campesinos, los trabajadores y las minorías nacionales.

Otro grupo importante de víctimas, que se traslapa con el de campesinos y obreros, son los 83 dirigentes y militantes del popular partido izquierdista Bayan Muna (El Pueblo Primero). La mayoría fueron ultimados entre 2001 y 2005 en las provincias que rodean la zona metropolitana de Manila (67 sólo en 2005). Líderes y coordinadores de partidos aliados, como el partido de mujeres Gabriela y el de los pobres urbanos, Anakpawis (Masas Trabajadoras), han sido asesinados, desaparecidos o lesionados. Se ha dado muerte a funcionarios electos del Bayan Muna, como el alcalde de la ciudad de Tarlac, Abelardo Ladera, a quien tirotearon a plena luz del día, lo cual ocasionó marchas funerales en desafío al régimen. El homicidio ocurrió después de la notoria matanza de trabajadores de haciendas en Tarlac, en 2004, y la subsecuente eliminación sistemática de testigos.

De 2003 en adelante, Filipinas se volvió el país más peligroso para los periodistas después de Irak, por el escandaloso número de reporteros asesinados y desaparecidos. El caso más reciente es el de un reportero de radio que por exponer los abusos cometidos en una mina local fue secuestrado por escuadrones de la muerte al servicio de los propietarios, en febrero de este año; se cree que fue asesinado.

El actual terrorismo con patrocinio gubernamental recuerda los peores días de la ley marcial en tiempos del dictador Ferdinando Marcos (1972-1986). Como en esa época, todo el campo está bajo virtual control militar, que limita en gran medida el papel de los administradores civiles. Las fuerzas armadas utilizan un manual publicado por el régimen de Macapagal, titulado Conociendo al enemigo, para etiquetar organizaciones de masas y grupos de derechos civiles legalmente constituidos, como la Asociación Filipina de Abogados Protestantes, como promotores del "terrorismo".

La campaña combinada de militares y escuadrones de la muerte tiene todas las trazas de la guerra de "baja intensidad" patrocinada por Estados Unidos contra la población civil. Las fuerzas armadas "proscriben" o clasifican a individuos y grupos como terroristas sobre la base de una supuesta "inteligencia secreta", con el fin de criminalizar su derecho a resistir la presión y luchar por su autodeterminación. La creación de estas "listas" está fuera del proceso de escrutinio judicial y limita cualquier protección legal para las víctimas o sus deudos. Valiéndose de la propaganda negra de una operación de guerra sicológica, las víctimas y sus asociaciones son invariablemente descritas como "terroristas".

La conexión estadunidense

En diciembre de 2002, Estados Unidos anunció una significativa expansión de sus ejercicios militares conjuntos con Filipinas. Los primeros contingentes de soldados estadunidenses que desembarcaron en la isla sureña de Mindanao lanzaron operaciones de campo contra los separatistas musulmanes. A principios de 2003 Paul Wolfowitz, entonces secretario asistente de Defensa, llamó a Filipinas "el segundo frente de la guerra contra el terror". Desde entonces, decenas de miles de aldeanos musulmanes han sido desplazados por la fuerza y cientos han sido torturados, asesinados o desaparecidos. En consecuencia, la guerrilla musulmana se ha incrementado.

En octubre de 2003, durante una visita a Filipinas, Bush lo consideró un modelo para la reconstrucción de Irak. Olvidando mencionar la invasión estadunidense de 1898 y la campaña de pacificación de 13 años, cuando perecieron más de un millón de filipinos, Bush describió al país como "un modelo de democracia", una democracia de escuadrones de la muerte.

El apoyo del gobierno de Bush al régimen de Macapagal ha sido recíproco. Un contingente de soldados filipinos fue enviado a Irak por encima de las protestas de cientos de miles de ciudadanos. Estas tropas sólo fueron retiradas cuando la resistencia iraquí amenazó con ejecutar a trabajadores filipinos capturados en el país árabe: la economía depende más de las remesas de sus trabajadores que de la ayuda estadunidense. Los lucrativos contratos de construcción con los que la elite filipina esperaba ver recompensados sus servicios al gobierno de Bush en Irak jamás se materializaron. Durante 2006 otro contingente de 5 mil 500 soldados estadunidenses llegará a Mindanao, y el número de maniobras conjuntas se ha duplicado.

Protesta urbana popular y decretos de emergencia

En 2004, Macapagal Arroyo derrotó por estrecho margen a su rival en las elecciones, en una campaña teñida de fraude y violencia. Una cinta de audio dada a conocer en la primavera de 2005 registró a la presidenta hablando con un alto funcionario electoral sobre la manipulación de los comicios. Entre renuncias de funcionarios y el clamor general de que ella también dimitiera, Macapagal apenas se libró de una votación para someterla a juicio político.

Las desastrosas políticas económicas neoliberales de la presidenta, la creciente degradación social y económica del país, los intentos frenéticos de los profesionistas por escapar vía la migración, las acciones de protesta de empleados de mediano nivel y las manifestaciones de movimientos sociales de masas pusieron de nuevo a Filipinas en las noticias mundiales. A principios de 2006 un deslave aún más devastador, ocasionado por las lluvias y la deforestación, sepultó a casi 2 mil personas en la isla de Leyte. La incapacidad del régimen para brindar siquiera los auxilios más elementales a las víctimas indignó a la nación entera.

El 23 de febrero de 2006, víspera del 20 aniversario del derrocamiento de la dictadura de Marcos, Macapagal decretó el estado de emergencia, prohibiendo todos los mítines y manifestaciones y cerrando los medios de oposición. Giró órdenes para arrestar a 59 individuos, entre ellos miembros del Congreso, funcionarios militares y críticos sociales, bajo cargos de rebelión. Entre los acusados estaban seis legisladores de partidos de izquierda, un abogado pro derechos humanos, militares en activo y en retiro, y activistas sociales. La mayoría de las imputaciones carecían de fundamento. Por ejemplo, el legislador Crispín Beltrán, de 73 años, militante de Anakpawis, veterano líder sindical y activista contra Marcos, fue detenido poco después de la declaración de emergencia, al principio con base en un cargo de 25 años atrás. Cuando se demostró que esa acusación había sido retirada hacía décadas, se le consignó por rebelión.

En 2006, la represión pasó del campo a la capital, de dirigentes campesinos a legisladores, medios, líderes laborales y de partidos de izquierda en la capital. De los 26 asesinatos políticos de las primeras 10 semanas de 2006, tres han sido de funcionarios del Bayan Muna. El arresto arbitrario de representantes al Congreso envía una señal a la izquierda legal de que el régimen no tolerará el disenso ni desafíos a sus políticas, ni siquiera de los legisladores.

Creciente oposición

A la vista de la desintegración de la economía y la sociedad, y del uso de la fuerza del régimen para mantenerse en el poder dada su patente incompetencia frente a los desastres naturales y ambientales, la resistencia popular se ha extendido del campo a las ciudades. En el 20 aniversario del derrocamiento de Marcos, decenas de miles desafiaron el estado de emergencia y marcharon en Manila y otras urbes de todo el país. Más de 10 mil mujeres desacataron un bando de la policía para manifestarse el Día Internacional de la Mujer. Estudiantes y maestros emprenden campañas en centros de enseñanza de toda la nación. Ex presidentes, ejecutivos empresariales y clérigos demandan la renuncia de Macapagal Arroyo y una "transición pacífica" dentro de la elite, en tanto los movimientos populares de masas y sus representantes políticos claman justicia por las víctimas del estado de terror, fin a la presencia estadunidense, derogación del impuesto al valor agregado, incremento al salario mínimo, reforma agraria, moratoria a la deuda, renacionalización de sectores económicos claves y negociaciones de paz efectivas entre el estado, el Ejército Nacional del Pueblo y los separatistas musulmanes. Según funcionarios, el resultado probable es que Macapagal Arroyo se verá forzada a renunciar. La pregunta es: ¿cuándo y por quién?

Traducción: Jorge Anaya