Emite convocatoria para destituir al comisariado que se opone al ingreso: labriegos
Pretende la PA incorporar por la fuerza ejido jalisciense al Procede
El programa, inconveniente; parte de las políticas neoliberales para liquidar al sector campesino, dicen
Manzanillo, Col. 1º de abril. Ejidatarios de La Ciénega, en el municipio jalisciense El Limón, denunciaron que el lunes 3 podrían perder su representación ejidal legítima, por maniobras de Enrique Landeros Barba, delegado de la Procuraduría Agraria (PA) en Jalisco, quien emitió una convocatoria fraudulenta para realizar una asamblea en el ejido, con el fin de destituir al comisariado ejidal, debido a que se opone a que La Ciénega ingrese al Programa de Certificación de Derechos Parcelarios y Titulación de Solares Urbanos (Procede).
El funcionario "pretende imponer un comisariado favorable al Procede, pues también convocó a una asamblea ejidal para el 9 de abril, donde el ejido otorgue anuencia a dicho programa".
Según los ejidatarios, "la convocatoria que emite la PA es totalmente ilegal, pues tendría que haberse expedido a solicitud de 25 por ciento de los miembros del ejido, es decir, 28 de 112, y únicamente lo solicitan 22 ejidatarios, en violación directa del artículo 40 de la Ley Agraria, lo que implicaría una sanción al funcionario que emite la convocatoria".
Se intenta "forzar a que el ejido se incorpore al Procede aun cuando se viole la ley". Los campesinos adelantaron que buscarán impedir la asamblea.
El ejido de La Ciénaga se creó en 1923 por una resolución presidencial, que se ejecutó en 1924. En 1936 se agregaron tierras de La Cidra, y una nueva ampliación se concedió en 1939. Tiene 122 ejidatarios legalmente reconocidos y 22 de privación de derechos y sucesores. Brígido Bautista es presidente del comisariado ejidal. Las otras autoridades son Guadalupe Pelayo, Adán Chávez y Francisco Gómez, y su encargo concluye hasta el 23 de abril.
"La prisa es porque al Procede se le acaba el tiempo y esta mesa directiva no se ha prestado a firmar documento alguno fuera de la asamblea", lo que ha molestado a las autoridades agrarias y a sus aliados minoritarios.
Diez años los ejidatarios de La Ciénega han resistido la presión de la PA para incorporarlos al Procede. "Pero no ha sido fácil", dice uno de los ejidatarios; "en todo este tiempo llevamos entre siete y nueve asambleas generales y quién sabe cuantas discusiones".
La conclusión es que el Procede no les conviene. Desde su punto de vista, forma parte de las políticas neoliberales que pretenden liquidar el sector campesino para dar paso a la inversión empresarial y extranjera. El principal objetivo del programa es establecer el marco legal para la privatización de la tierra ejidal y no toma en cuenta su importancia para las comunidades campesinas en terminos de tradición, identidad y convivencia rural. La asamblea ejidal de La Ciénega ha comunicado enfáticamente su rechazo al programa.
Mientras la mayoría de los ejidatarios han expresado su rechazo reiterado al Procede, algunos pocos creen que pueden beneficiarse personalmente, principalmente los que controlaron la mesa directiva del ejido entre 1995 y 2003 y personas externas al ejido que habían comprado derechos agrarios.
Además de tratar de imponer el Procede, este grupo ha apoyado la venta de tierras y la introducción del agave, causando varios problemas sociales y ambientales, incluso división interna en el ejido, erosión y contaminación del suelo.
Además, junto con otros ejidos y comunidades indígenas en Jalisco, Michoacán y Colima que están resistiendo la penetración del Procede, los ejidatarios de La Ciénega han denunciado métodos de coacción usados por dicha instancia gubernamental, sobre todo la amenaza de excluirlos de los pocos apoyos gubernamentales.
Según expresan, "esta experiencia demuestra que el Procede no es un programa voluntario, como el discurso oficial nos quiere hacer creer. Parece que la PA tiene prisa por imponer un sello a cada ejido que acepta el programa y sus empleados dan a entender que cobran por cada ejido que logran presionar y amenazar para que sus actas de aceptación del programa sean firmadas".
Esta historia se emparenta con el asesinato de Concepción Gabiño Quiñónes, degollado en Cuzalapa este 11 de marzo. La víctima era dirigente de la comunidad indígena nahua de Cuzalapa, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, en la sierra de Manantlán.
Al momento de ser asesinado, Gabiño encabezaba la lucha de su comunidad en contra de la introducción del Programa de Certificación en Comunidades (Procecom) y el ilegal parcelamiento de más de siete mil hectáreas de tierras comunales que hace 14 meses fue inducido por funcionarios de la PA, el actual comisariado de bienes comunales, Evelio Lamas García, y los caciques Carlos Baltasar García y Vicente Alvarez Corona, conocidos talamontes y acaparadores de las tierras comunales.
Cuzalapa es el único poblado indígena de la Sierra de Manantlán donde la PA no ha logrado aplicar el Procede ni el Procecom.
Hace casi un año Gabiño Quiñónes interpuso un juicio de amparo contra los intentos del visitador agrario Reynaldo Rodríguez Araiz, quien logró suspender los derechos de más de 50 comuneros con el fin de facilitar la certificación y el parcelamiento de las tierras comunales de Cuzalapa.