Tarea pendiente para el próximo gobierno, aclarar el tema, afirma Edgar Cortez
Falló Fox a la verdad y la justicia en el caso de la guerra sucia: ONG
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El presidente de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, en imagen de archivo
Foto: Luis Humberto González
Colima, Col., 2 de abril. El gobierno del presidente Vicente Fox fracasó en la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso de los desaparecidos durante la llamada guerra sucia de la década de 1970 y sobre las víctimas de épocas de represión institucional posteriores, de manera que ese tema "continúa siendo un pendiente que el próximo gobierno deberá investigar y sancionar para lograr un resultado efectivo", consideró el presidente de la red nacional de organismos de derechos humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Edgar Cortez Morales.
Entrevistado en esta capital al final de la 31 asamblea de la red, Cortez Morales dijo que, según una evaluación preliminar, el organismo determinó que los resultados de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), que encabeza Ignacio Carrillo Prieto, son muy pobres en comparación con el gran objetivo de la verdad y la justicia que exigen familiares de las víctimas, grupos de derechos humanos "y toda la sociedad".
Sobre los rumores de que la Femospp desaparecerá días después de que Carrillo Prieto entregue, el próximo 15 de abril, su informe de las investigaciones realizadas en torno a la llamada guerra sucia, las matanzas del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, Edgar Cortez señaló que sería inaceptable que tras recibir dicho documento el gobierno federal pretenda justificarse ante la sociedad diciendo que cumplió su compromiso al crear la fiscalía, pero que los resultados no son responsabilidad suya.
"Eso sería crear una especie de pretexto, porque en última instancia la responsabilidad de hacer justicia, de que sepamos la verdad de lo que pasó en estos casos y, sobre todo, en el de los desaparecidos, que sus familiares puedan saber dónde están y qué sucedió con ellos, eso no se cumplió", expuso.
En la evaluación que realizó la Red Todos los Derechos para Todas y Todos se sostiene que "la fiscalía fue una creación del gobierno federal, pero una vez creada, la dejó a la deriva, de tal manera que la creación de la fiscalía no fue un compromiso que involucrara a los poderes Ejecutivo, Legislativo y, sobre todo, al Judicial.
"Segundo: fue una fiscalía que se concentró en el 68 y el 71, casos que se tenían que aclarar, pero dejó muy abandonado el tema de las desapariciones forzadas en Guerrero, de tal manera que las investigaciones y consignaciones de éstas son mínimas, respecto de los cientos de casos que hay, y eso preocupa a la gente.
"Tercero: también evaluamos que esto que se ha conocido como el que será el informe final es un informe bastante cuestionable, y la preocupación ahora es que el gobierno, una vez que la fiscalía entregue este informe, quiera decir que con eso ya ha cumplido su obligación, no obstante que no hay un informe veraz, objetivo y contundente, que realmente goce de la credibilidad de todos los actores."
Según Cortez Morales, los magistrados del Poder Judicial no se comprometieron con la verdad y la justicia, pues sus resoluciones en los casos del 68 y el 71 impidieron consignar y abrir un juicio contra ex presidentes, ex secretarios de Gobernación y ex procuradores de esa época. "Eso es muy lamentable y demuestra que el Poder Judicial no se siente parte del Estado mexicano, y no asume que también tiene una responsabilidad en esta tarea", resaltó.
Edgar Cortez consideró que el Estado mexicano tiene la obligación de aclarar las desapariciones forzadas de personas durante la llamada guerra sucia, de manera que los familiares de las víctimas y la sociedad en general puedan saber qué pasó con ellos, y si esas acciones respondían a una política de Estado deliberada.