Al parecer la mayoría de los ministros se inclina por negarles el amparo
Discutirá hoy la SCJN proyectos de dictamen sobre el caso de vascos presos
Los espots de Vicente Fox, el asunto Lydia Cacho y Mario Marín, otros temas a debatir
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá al menos cuatro proyectos de dictamen, relacionados con el amparo interpuesto por seis ciudadanos de origen vasco con el que pretenden impedir su extradición a España.
De éstos, dos son radicalmente diferentes: el elaborado por el ministro instructor Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, el cual concede la extradición; y el segundo, el de Genaro Góngora Pimentel, quien propone concederles el amparo y rechazar su entrega al gobierno español.
Trascendió lo anterior en la Corte, donde se dijo también que los ministros Juan N. Silva Meza y José de Jesús Gudiño Pelayo también distribuyeron entre sus compañeros sus puntos de vista mediante un dictamen, lo que habla de lo controvertido del asunto.
De manera que, aun cuando hasta el momento la mayoría se inclina por negarles el amparo, se espera una discusión intensa y una resolución dividida que podría comenzar este lunes.
En términos generales, el dictamen elaborado por el ministro Ortiz Mayagoitia considera que existen elementos suficientes para extraditar a Félix García Rivera, Juan Carlos Arzola, Asunción Gorrotxategui, Ernesto Alverdi, José María Urquijo y Asier Arronategui, detenidos en julio de 2003 por la Procuraduría General de la República, acusados de financiar las actividades de la organización separatista vasca ETA.
En cambio, el ex presidente de la Corte Genaro David Góngora Pimentel avala la defensa de los acusados al considerar en su documento que hay elementos fundamentales para evitar su entrega.
Considera que la acusación es por delitos políticos y que la Constitución prohíbe expresamente la extradición de alguien que es perseguido por sus ideas; que el Tratado de Extradición México-España n o permite la extradición por "delitos políticos".
También expresa serias dudas, porque el tratado señala la entrega es viable cuando los delitos que se imputan están homologados en ambas naciones; pero el Código Penal mexicano no contempla la "integración de banda terrorista, allegamiento de fondos procedentes del terrorismo y blanqueo de capitales procedentes de actividades terroristas".
En el documento que distribuyó entre sus compañeros, Silva Meza no comparte la homologación de los tres delitos por los están acusados los ciudadanos de origen vasco, y señala que estaría a favor de que la extradición se concediera sólo por dos de las infracciones. Así las autoridades españolas tendrían que juzgarlos únicamente por los delitos por los cuales fueron extraditados.
En el caso del dictamen elaborado por Gudiño Pelayo, se sabe que hay puntos en los que tampoco comparte el dictamen de Ortiz Mayagoitia.
De acuerdo con fuentes consultadas, uno de los problemas que tienen en contra los seis acusados para impedir su extradición es que el tratado no incluye la necesidad de que el país que solicita la extradición compruebe el "cuerpo del delito".
Es decir, basta que España señale que hay un presunto delito para que, en términos del Tratado de Extradición, proceda la entrega de los acusados.
Vista de esta forma, la posibilidad de que se conceda la extradición es mucho mayor, porque los ministros que apoyen el proyecto de Ortiz Mayagoita considerarán que, de existir vicios procesales, la posible violación a sus derechos humanos, o que se les acuse de "delitos políticos" en lugar de jurídicos, entonces tienen aún la posibilidad de defenderse en el contexto del proceso que se les siga en España.
La sesión de hoy comenzará con la discusión del recurso de reclamación presentado por el presidente Vicente Fox, en contra de la decisión del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo de conceder la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados -en la controversia constitucional que éste interpuso en contra del Ejecutivo-, a efecto de que sigan sin transmitirse los espots en los que Fox promociona su imagen personal en medios electrónicos e impresos. Se prevé que el proyecto de resolución del recurso de reclamación, elaborado por Silva Meza, confirme el acuerdo de Gudiño y que el pleno avale la suspensión de los mensajes, porque de lo contrario que, "la controversia constitucional ya no tendría sentido".
Posteriormente el pleno analizará un recurso de reclamación que interpuso el Senado de la República con relación a la petición que le hizo el Congreso de la Unión a la Corte para que con base en el artículo 97 constitucional investigue la presunta violación a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho a manos del gobernador de Puebla, Mario Marín.
Se confirmó en la sede del máximo tribunal que este recurso es de procedimiento y se espera sea resuelto rápidamente.
En caso de que alcance el tiempo -el pleno sesiona por lo regular de 11 a 14 horas, que es el tiempo que dura la transmisión por televisión de cable-, los ministros iniciarían la discusión del recurso interpuesto por seis ciudadanos de origen vasco para impedir su extradición a España.